Cada vez que los Servicios Sociales de la Junta inician el procedimiento para retirar la tutela de unos niños a sus padres es que la situación familiar que viven los pequeños es ya insostenible. En 2011, la Junta abrió 178 expedientes de protección, de los cuales 132 culminaron con la asunción de la tutela del menor. Los motivos por los cuales la Administración empieza este proceso son variados. La mayor parte de los casos, un 42%, obedece a la negligencia de los progenitores -tanto física como psíquica- a la hora de tratar a sus vástagos. Se trata de chicos y chicas que acuden a clase en malas condiciones de higiene y mal vestidos o cuyos padres no les prestan ninguna atención afectiva. En un 11% de los casos los padres incumplieron sus obligaciones como progenitores.
Pero en algunos supuestos el abandono viene acompañado de comportamientos mucho más graves, como el maltrato. El año pasado un total de 22 chavales fueron separados de sus familias porque sufrían agresiones físicas y psíquicas.
Estas situaciones activa el protocolo de urgencia en la Junta para iniciar el procedimiento de retirada de tutela. Los casos de abusos sexuales e introducción a la delincuencia son escasos, pero los hay. Un 1,9% de los 132 chicos que pasaron a depender de los Servicios Sociales en 2012 lo fueron por estos motivos. Cuando se detecta un caso así, la Fiscalía interviene de oficio para solicitar una condena para los padres.
Para que la Junta inicie un expediente de esta naturaleza ha de funcionar a la perfección el sistema de detección de estas situaciones. El personal de los Centros de Acción Social (CEAS), los profesores de los colegios, los médicos están obligados a comunicar a los Servicios Sociales autonómicos cualquier indicio de que un menor está en estado de abandono o sufriendo una situación de maltrato en su casa.
Los mecanismos de alerta iniciales, señalan desde los Servicios Sociales, son fundamentales para la detección precoz de un caso. Pero no quiere decir que los padres pierdan la tutela de forma automática. Los técnicos han de examinar muy bien el caso, entrevistarse con las partes y, por último, decidir qué medida adoptar. Finalmente, las familias tienen la opción de acudir al juez si no están de acuerdo con la decisión de la Administración.
En caso de que no existan indicios de desprotección del menor se cierran las investigaciones y el niño se queda con sus padres. En ocasiones la Policía acude a un domicilio a resolver un conflicto aparentemente grave en el que está implicado un menor pero que luego se demuestra que se trataba de una mera discusión; entonces se cierra la investigación.
amparo. Cuando hay que abrir un expediente de protección y asumir la tutela del menor, los técnicos elaboran un programa de protección que resuelva la situación de desamparo. Esto sucede cuando la sección de menores observa que es imposible reconducir la situación en el entorno familiar.
En ese momento hay que tomar medidas. El primer programa que pone en marcha es el de separación provisional y reunificación. Se produce cuando es necesario poner distancia pero existe la percepción de que actuando con el menor y la familia será posible superar el bache y volver a reunirse.
Si este plan falla, se activa la segunda opción, que es la separación definitiva y la integración en otra familia. La situación es irreconducible, es imposible hacer nada más.
Y el tercer programa es la preparación para la vida independiente, dependiendo de la edad del menor. Se trata de chavales de 17 años, que ya rondan los 18, cuya voluntad hay que tener en cuenta. No tienen familia con la que ir o no quieren hacerlo y deciden seguir con su vida de forma independiente.
Los planes de intervención familiar (PIF), acciones dirigidas a reorientar una situación conflictiva dentro de la misma familia, la llevan a cabo los Centros de Acción Social (CEAS) de los ayuntamientos o la Diputación.
En algunas ocasiones no es la Junta la que asume la tutela de los niños sino otros familiares de los menores, que acceden a hacerse cargo de ellos mientras sus padres no pueden.