Los acreedores de Montefibre dan el sí a una rebaja del 60% de la deuda

G.A.T.-R.L. / Miranda
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Más de un 59 por ciento del capital representado en el proceso judicial acepta la vía para cobrar al menos una parte de lo debido, aunque Endesa, el principal acreedor, no está entre ellos

Los mirandeses salieron a la calle en julio de 2013 para apoyar a los trabajadores y exigir una solución. - Foto: Gonzalo Angulo

 
Hay acuerdo para la aceptación de una importante quita de la deuda entre la mayoría de los acreedores de Montefibre. Un paso vital ya que abre la posibilidad de que la planta mirandesa retome su actividad con un nuevo propietario y así mantenga buena parte de los 230 empleos que sustenta de forma directa.
Una mayoría del capital representado en la junta de acreedores celebrada en la mañana de ayer en el Juzgado Mercantil 5 de Barcelona accedió a aplicar una reducción del importe que le debía la compañía. En concreto, el sí lo dieron acreedores de diverso ‘tamaño’ que representan algo más de 59% del capital adeudado, entre los que hay grandes empresas (varias entidades bancarias), y otras de menor tamaño, muchas de ellas de Miranda.
Un porcentaje muy alto, más si se tiene en cuenta que el principal de los acreedores que tenía la empresa y con el que se ha estado negociando intensamente desde hace semanas, Endesa, ayer no se sumó al acuerdo de convenio, aunque se confía en una próxima adhesión dado el respaldo habido por parte del resto. La compañía eléctrica se considera esencial dentro de este proceso, y de hecho el alcalde mirandés, Fernando Campo, se involucró de forma directa en el proceso negociador, llegando a reunirse con altos responsables de la compañía en Madrid.
Pero ayer la eléctrica no firmó la aceptación, ya que en su caso se trata de una quita que ronda los 4,2 millones de euros sobre una deuda que tiene contraída Montefibre con ella de unos 7 millones, lo que representa un alto porcentaje del total, que se ha cifrado alrededor de los 30 millones de euros de deuda con diversos acreedores ordinarios.
No obstante, la mayor parte del resto de los acreedores han ido firmando la propuesta de convenio, de tal forma que en la cita judicial de ayer apenas se dio el traslado formal de las adhesiones que sucesivamente han ido llegando. Muchas, en los últimos tres días y según se iba agotando el plazo abierto por el juez hace tres meses. Incluso en la mañana de ayer, al límite del plazo, llegaron algunas nuevas adhesiones, y otras empresas no firmaron el acuerdo más que por no querer aceptarlo porque todo el proceso iba a ser muy costoso (abogados y notarios) para la cantidad relativamente pequeña de dinero que pueden recuperar.
«Es habitual que en los concursos de acreedores las adhesiones lleguen a última hora», explicaba tras la reunión a DB Ignacio Alonso-Cuevillas, el administrador concursal designado para el caso, del despacho barcelonés de abogados De Pasqual & Marzo.
 
Ha habido «compromiso».
Sin poder dar apenas detalles de las condiciones del acuerdo, sí reconocía que han sido «muchos meses de trabajo negociando con los acreedores», pero que al final ha servido para algo ya que se ha logrado que más del 50,01% del capital adeudado aceptara el convenio. «Es de agradecer y de aplaudir el compromiso de los acreedores, como lo es también el compromiso y el esfuerzo ya demostrado por los trabajadores en aceptar las nuevas condiciones laborales», reflexionaba.
Y es que el sí de la plantilla y de los acreedores eran dos condiciones que se tenían que dar sí o sí para poder avanzar en el plan de viabilidad para reabrir la planta, ya que si no la opción era la de liquidar la compañía, capitalizar sus bienes y con ello hacer frente a las deudas existentes, en primer lugar con los trabajadores.
En el proceso solo ha habido una propuesta de convenio sobre los 30 millones adeudados. Ésta marcaba una quita del 60% de la deuda, lo que la reducía a 12 millones los que a repartir van a cobrar los acreedores. Además, se aplican unas condiciones de pago de esa deuda determinadas ya con Montefibre en manos de Praedium (el potencial comprador), de tal forma que se abonarían en siete años, pero a partir del cuarto a razón de un 25% por ejercicio.
Satisfecho con la aprobación mayoritaria del convenio, el letrado que lleva la administración concursal se mostraba no obstante prudente: «Este es otro paso obligado que abre el camino a la reapertura, pero queda mucho aún por trabajar».