El grupo socialista en el Ayuntamiento arandino ha pedido la dimisión de la alcaldesa, Raquel González, por considerarla la máxima responsable de la política urbanística municipal que, a su juicio, se salta a la torera la legislación para favorecer «a sus amigos y a quienes les han votado».  Una actuaciones a raíz de las cuales cree que la Fiscalía tendría que tomar cartas en el asunto ante posibles indicios de prevaricación.

El portavoz socialista, Luis Briones, considera de «extrema gravedad» la aprobación por silencio administrativo de la modificación puntual planteada por los promotores del sector Arroyo de la Nava, que aumenta de 30 a 45 viviendas por hectárea la edificabidalidad. Un ‘despiste administrativo’ que achaca a la «desidia» y al interés del PP, recordando que fue precisamente el ex alcalde popular Ángel Guerra quien auspició el intento de dar el máximo  aprovechamiento urbanístico posible a esos controvertidos terrenos.

Briones califica de «tomadura de pelo» y «parodia» producida con «alevosía y premeditación» la desestimación en pleno un año después para intentar dar una apariencia de legalidad «cuando ya sabían que estaba aprobado por silencio administrativo». Desde el PSOE se  reconoce que el acto en principio  no genera ningún derecho. Sin embargo advierte de que se ha abierto el trámite a la aprobación de los instrumentos de planeamiento y teme que pueda aprobarse provisionalmente también por  otro ‘olvido’ interesado «lo cual generaría un montón de millones de euros». Considera que ha habido «mala fe» y  advierte de que  esta zona aparece como suelo rústico en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «¿Habrá que indemnizar si eso se mantiene como rústico y tiene unos derechos adquiridos?», se pregunta Briones.

El PSOE asegura que los técnicos han trabajado muchísimo en este expediente «pero no ha servido para nada porque el equipo de gobierno no lo ha llevado al órgano colegiado que debe resolver.».

 Los socialistas se alinean también con IU en las críticas por no enviar a la Junta el informe que advierte de que el actual sistema de abastecimiento de agua es insuficiente para hacer frente a las 1.700 futuras viviendas del sector Centro Cívico, lo que ha impedido que  la Administración regional  haya contemplado las dos captaciones que van a ser necesarias en el plan regional de actuación urbanística, y  deberá asumirlo el Ayuntamiento por esta otra actuación negligente.

 «Es una barbaridad. Cómo es posible que vamos a temer que pagar la captación de los dos pozos que habrá que hacer para el sector Centro Cívico. Vamos a tener que pagar 200.000 euros o ¿cuánto nos va a costar?», cuestiona Briones, para quien alguien debería asumir responsabilidades «porque se están cometiendo auténticas tropelías y no solo por ignorancia».

En su opinión la alcaldesa está en «rebeldía administrativa y legal» y está sacando adelante en Junta de Gobierno Local «todo lo que los colectivos afines y la gente que les ha votado les diga aunque no se pueda aprobar o legalizar». Y hace cómplices a los ediles del PRCAL «que están dando su apoyo a todas aquellas decisiones ilegales e irregulares. Un rumbo ante el que de mantenerse, advierte Briones, «tendría que estar toda la Junta de Gobierno procesada».

IESU COMMUNIO

El PSOE arremete también contra la legalización  de los cinco expedientes de construcciones de Iesu Communio en La Aguilera en contra del dictamen de la Comisión de Obras y «·que se han aprobado por el artículo 33, el de Franco, el de siempre, el de evitar someterse a la ley y al derecho».  Briones recuerda que se legaliza algo pendiente de un contencioso administrativo planteado por su partido en contra del uso excepcional en suelo rústico  y advierte de que ante este nuevo paso no les va a quedar más remedio que  recurrir también a la vía judicial.

Además considera un agravio comparativo y una falta total de proporcionalidad que al titular de una caseta valorada en 2.000 euros se le imponga 12.500 euros de sanción cuando en cada uno de los expedientes de la comunidad religiosa se han fijado en 5.000. «¿Están prevaricando?», inquiere.