El Gobierno de Castilla y León ha advertido de que no se acogerá al próximo plan de proveedores después de que el Ministerio de Hacienda asignara a la Comunidad una deduda de más de 325 millones. El Ejecutivo autonómico rebaja esta estimación y sostiene que las arcas de la Comunidad están saneadas, por lo que no ve necesario acudir a mecanismos extrarodinarios.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro asegura que Castilla y León mantiene una deuda pendiente de pago a fecha 31 de mayo susceptible de acogerse a la tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, de 327,38 millones de euros. Así aparece recogido en la memoria de análisis de impacto normativo del Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, sobre medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, remitida al Congreso de los Diputados.
La cuantía total estimada por el Gobierno para el global del este tercer plan es de un máximo de 19.350 millones, de los que 15.324 corresponderían a las autonomías (excluyendo deuda con entidades locales, que quedan incluidas en sus proveedores), y 4.017 millones a las entidades locales (3.369,42 de proveedores más 648,45 millones de sentencias y transferencias). En el caso de Castilla y León 325,23 millones corresponderían a la Comunidad, y 2,15 a las transferencias a las entidades locales. Asimismo, el documento precisa que del total pendiente de pago de Castilla y León, 261,45 millones corresponden a deuda del sector público administrativo (capítulos 2 y 6), 60,68 millones a deudas con farmacias, y algo más de tres millones a sentencias por expropiaciones. No obstante, desde la Junta se ponen en tela de juicio algunas cifras y se dice, por ejemplo, que no existe deuda farmaceutica alguna porque estos pagos están al día.
No obstante, es significativo que los cálculos del Gobierno se hayan realizado no a partir de datos ciertos y concretos, sino de estimaciones realizadas sobre las cifras que presentó la Comunidad en 2011 y 2012, pese a que con el primer plan de proveedores habían quedado saldada todas las deudas.
Memoria. El Gobierno central explica en el desarrollo de su memoria que estas magnitudes no supondrían incremento de gasto público ni tendría incidencia sobre el déficit público del Estado ni del conjunto de las Administraciones Públicas dado que «supone únicamente la conversión de la deuda comercial correspondiente a obligaciones pendientes de pago ya ejecutadas por las administraciones territoriales y registradas previamente conforme a la normativa contable y presupuestaria que, en cada caso, resulte de aplicación.
En este sentido, el Ejecutito autonómico ha sido tajante al asegurar que no se acogerá al próximo plan de proveedores que ha presentado el Ministerio de Hacienda al considerar que las deudas que mantenía el Gobierno autonómico quedaron saldadas con el plan anterior, según informaron a la agencia Ical fuentes de la Consejería de Hacienda.
El departamento que tutela Pilar del Olmo ya conoce las condiciones de este nuevo plan de proveedores que la semana pasada presentó el Gobierno central y, «a falta de recibir algunas aclaraciones» por parte del Ministerio de Cristóbal Montoro, el Ejecutivo autonómico ha decidido no acudir a este mecanismo. En definitiva, no cree que sea necesario acudir a instrumentos extraordinarios.
La decisión de Pilar del Olmo responde a una situación «saneada» de las cuentas públicas de la Comunidad que contrasta con las estimaciones que el Ministerio de Hacienda ha presentado en un informe al Congreso y que recogen que Castilla y León mantiene una deuda pendiente de pago a fecha 31 de mayo de 327,38 millones de euros susceptibles de acogerse a la tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores. No obstante, el Ministerio especifica en el informe que el cálculo no se basa en datos reales sino en estimaciones a partir de la cuenta de la Comunidad de los años 2011 y 2012.