Soledad Murillo, exsecretaria de Igualdad en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas, denunció ayer en Burgos que en materia de Igualdad y políticas destinadas a la mujer el Partido Popular «está gobernando para la ultraderecha». «Se trata de sus clientes más acérrimos, entre los que se encuentran los púlpitos de la Iglesia Católica más conservadora. Es una desgracia que en España no tengamos a la ultraderecha desligada de la derecha porque aquélla impone el odio a las mujeres hasta el punto de que apuesta por la mediación en violencia de género, cuando para que exista mediación se requiere que haya un equilibrio entre las partes, o de que se excluirá como delito la explotación sexual», añadió.
Durante una jornada sobre prevención de violencia de género en adolescentes, organizada por La Rueda y en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, Murillo aventuró que con estos cambios normativos que propone el partido en el Gobierno «puede darse la paradoja de que una mujer entre en la cárcel por abortar mientras un proxeneta esté en la calle» y que las nuevas normas en políticas de Igualdad «nos retrotraen a hace 30 años; solo leyendo un libro de Historia me podía haber imaginado un escenario como éste».
La profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca dice que España le recuerda «a un país árabe fundamentalista» y que el Gobierno no se ha reunido con nadie para tomar las decisiones que tienen que ver con las mujeres: «Tienen mayor afinidad con las asociaciones de padres separados o con Rouco Varela, que se pasa el día preguntado qué hay de lo suyo, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Y no se me ocurre mayor barbaridad que una maternidad no deseada cuando el aborto nunca ha sido una decisión deseada».
En este sentido, realizó una autocrítica sobre la, a su juicio, poca pedagogía que hizo el PSOE con la ley del aborto: «Donde no hay discurso, se inventa y en el 2010 no tuvimos el discurso, ganamos la aprobación de la norma aritméticamente pero no moralmente, no lo explicamos y se creó un vacío que fue aprovechado y rentabilizado por los buitres del machismo más recalcitrante, que es aquel que coloca a las mujeres como tramposas y mentirosas, como alquien que ejerce su ciudadanía con malas artes».
Por otro lado, se mostró contraria a los recortes económicos que han sufrido las asociaciones de mujeres y con el sesgo que se ha tomado en el Instituto de la Mujer. En el primer caso, lamenta que se hayan cercenado los ingresos en un alto porcentaje «lo que no solo corta la voz de los colectivos de mujeres sino que, además, significa que se paga una miseria por servicios que deberían prestar las administraciones públicas». En el segundo, se asombró de que entidades que no tienen como su principal objetivo la igualdad o los derechos de las mujeres, como la CEOE o las cámaras de comercio, hayan sido receptoras de subvenciones.