El Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos ha puesto en marcha un observatorio para registrar las situaciones de exclusión social que se están produciendo a raíz de los recortes en materia social que están imponiendo las diferentes administraciones. Así, pretenden denunciar la vulneración de derechos sociales y la creación de nuevos colectivos de excluidos, según explicó la presidenta de la entidad, Juana Gómez.

Se trata de una medida que esta institución añade a las que ha tomado el Consejo General de Trabajo Social, que ha iniciado una campaña a nivel nacional para protestar por los recortes en derechos sociales. La llamada ‘marea naranja’ va a poner de manifiesto su rechazo «al desmantelamiento de la red pública de servicios sociales». Se ha puesto este nombre porque los trabajadores sociales se colocarán todos los viernes en señal de protesta una camiseta de color naranja con el siguiente lema: «Servicios sociales para todas y todos. Recortes, no. ¡No te calles».

En Burgos ayer fue la primera vez que se pudo ver a estos profesionales con la indumentaria reivindicativa. Se la puso un grupo de trabajadores sociales del Ayuntamiento y otros colegas de centros de salud, hospitales y entidades no lucrativas.

VOLVER A LA BENEFICENCIA

La ‘marea naranja’ trata de concienciar a la ciudadanía y presionar a los gobiernos y partidos políticos de la importancia de preservar el sistema de servicios sociales «que con los recortes pueden retroceder hacia el extinto sistema de beneficencia».

Un muestra de este retroceso es, a su juicio, el recorte del 42% en el Plan Concertado, destinado a cubrir los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos. El «tijeretazo», según lo denominan, dejará a 3,2 millones de personas sin las ayudas municipales. Otro de los motivos por los que nace esta iniciativa es la eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de los proyectos del Plan de Acción para las personas con discapacidad, que atendían a 32.000 personas.

Juana Gómez explicó que es imprescindible prestar una especial atención «a las entidades, tanto públicas como privadas, que configuran el sistema de servicios sociales, y que están siendo gravemente debilitadas en sus recursos humanos y económicos por el recorte de las subvenciones, con el consiguiente efecto sobre la ciudadanía que acude a ellas en búsqueda de apoyo y respuesta a sus necesidades».