El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, alertó ayer de que la Junta de Castilla y León está gestionando un nuevo modificado del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) «que de aprobarse incrementaría más el sobrecoste que estaba ya en 286 millones más de los 252 iniciales». A su juicio, los socialistas están realizando «casi una investigación detectivesca porque todo son trabas y hoy hemos podido saber que hay otro modificado en marcha pero no se determinan los importes pero, desde luego, vamos a pedir, una vez más, que nos determinen en cuanto se concretará este nuevo modificado; no vamos a descansar hasta que lo sepamos absolutamente todo».
Tudanca, que compareció ante los medios acompañado por los procuradores socialistas María Fernanda Blanco y David Jurado, hizo referencia también a que acababan de conocer que están en marcha cuatro procedimientos judiciales interpuestos por la empresa concesionaria, Eficanza, contra la Junta «en los que le reclama aún más dinero», algo que el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, ya había anunciado en Burgos ante los medios de comunicación el pasado 5 de junio tras una reunión que mantuvo con la Plataforma por la Sanidad Pública.
En tercer lugar se refirió a que el Tribunal de Cuentas ha remitido a su propia Fiscalía la denuncia que el pasado 6 de febrero el PSOEpresentó por «la multitud de irregularidades administrativas y contables en el proceso de contratación, adjudicación y gestión del hospital privatizado de Burgos», en palabras de Tudanca, que recordó que la inversión inicial del HUBU fue de 242 millones de euros «que posteriormente se convirtieron en 528 a raíz de dos modificados de obra y equipamiento que aprobó la obra por 286 millones de euros, que es el sobrecoste para las arcas públicas».
«OSCURANTISMO»
Por otro lado, María Fernanda Blanco, se refirió al oscurantismo que la Junta ha tenido durante todo este proceso: «Hemos pedido todo tipo de explicaciones verbales y escritas sobre el procedimiento y los modificados, lo que hemos puesto siempre en conocimiento de la ciudadanía, que ha asistido asombrada al notable sobrecoste y cuyo descontento, no solo con el sobrecoste sino con el funcionamiento del hospital, se ha materializado en una respuesta contundente como la manifestación de junio o la reciente cadena humana».
Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, reconoció a DB la existencia de un nuevo modificado en tramitación y explicó que tiene que ver con la retribución de los servicios a la concesionaria: «El canon retribuye la inversión en obra y equipamiento pero también los 14 servicios no asistenciales que tiene que gestionar la concesionaria. Al incrementar el hospital su superficie un 30% con respecto a la prevista en un principio aumenta también el coste de los servicios que se prestan». Añadió que se está gestionando ahora y no cuando se abrió el hospital «porque no estaba hecho el primer modificado, el de la inversión, y porque la concesionaria nos lo reclamó a principios de este año y entiende que el contrato le permite hacerlo por el incremento de las obras».
Sáez, que minimizó el traslado de la denuncia a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas «porque forma parte de ese propio tribunal» indicó que la nueva ampliación de contrato incrementará el canon, que este año está en 71 millones, pero que aún se desconoce en qué cantidad: «Hemos hecho una primera propuesta de una anualidad media de 64 millones, ha hecho alegaciones la concesionaria y estamos cerrándolo».