En los años 2010 y, especialmente, 2011 la Hacienda del Ayuntamiento de Burgos fue una fiesta. Por todo lo alto. La finalidad era celebrar inversiones multimillonarias (de hasta 42 millones); un magnífico escaparate electoral. Pero la fiesta acabó y la resaca dura y es dura. Eso es lo que se desprende del informe sobre el análisis del endeudamiento de los ayuntamientos de las capitales de provincia de la región elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Obviamente el estudio no lo retrata con esas palabras, pero el Consejo, que entregará la copia definitiva a la Junta esta semana, no ha engrasado un juicio del que se desprende, entre otras cosas, que el Ayuntamiento incumplió las normas que se había dado en materia presupuestaria y que mientras tanto la Consejería de Hacienda miraba hacia la pared.
Para entender el informe hay que situarse en el Real Decreto de Rodríguez Zapatero que vetó el acceso a crédito a los Ayuntamientos cuya deuda superase el 75% de los ingresos liquidados. Se pretendía poner coto al gasto público, pero el famoso ‘decretazo’ hizo polvo las previsiones de los municipios (también los gobernados por el PSOE) y hubo moratoria para apaciguar las críticas. Así que, de facto, entró en vigor en 2011.
Pero el aviso estaba dado y lo que sucedió es que se pidieron por adelantado todos los créditos posibles para pagar las inversiones. Eso se tradujo en 9 créditos por valor de 42 millones de euros. Paralelamente, y como consecuencia de haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2007, se elaboró un Plan Económico Financiero 2009-2011 que era obligatorio y cuyo cumplimiento la Consejería de Hacienda debía tutelar.
Pues bien, según el Consejo, el Plan de Estabilidad Presupuestaria de incumplió redundantemente en los años 2009 y 2010, y a pesar de eso se generaron las operaciones de crédito. El informe lo dice así:«Las operaciones de crédito contraídas en el ejercicio 2010 por 42.042.875 euros para financiar inversiones elevaron considerablemente las cifras de endeudamiento financiero y fueron concertadas a pesar de que tanto los datos de la liquidación del 2009 como los que se derivaban de los créditos y previsiones definitivas del ejercicio 2010 conllevaban el incumplimiento del Plan Económico Financiero aprobado por el Ayuntamiento y autorizado por la Junta de Castilla y León».
proveedores. En cuanto a la deuda no financiera (proveedores) también hay un considerable sartenazo a la gestión de las arcas locales. Así, el Consejo refleja perfectamente cómo en 2011 se acudió a operaciones de crédito por valor de 3,4 millones, pero en este caso se trataba de pagar a los acreedores a través del ICO. El Consejo considera «manifiesta» la «insuficiencia de las operaciones para cancelación de duda con sus proveedores». Es decir, para inversiones sí. Para pagar las deudas no.
También se recoge que en el año 2012, esta vez sí y a través del Plan Montoro, Burgos equilibró esa balanza pidiendo 23 millones para pagar facturas pendientes. Pero, ¿dónde estaban esas facturas? ¿Por qué no se metieron por el ICO en 2011? Un vistazo al cuadro de la evolución de la deuda no financiera y el análisis del Consejo arrojan luz sobre la cuestión. Así, en 2010 la deuda con proveedores era de 39,1 millones, poco más que en 2009 (36,6).
Sin embargo, y con la obligación de comunicar al Ministerio toda la deuda real con terceros (que podían reclamarla unilateralmente ante Madrid y, por tanto, destaparla) sacó a la luz los famosos 52 millones que obligaron al actual alcalde, Javier Lacalle, a aparcar el Arena. Más claro: las facturas estaban en los cajones.
Visto en clave de comunidad, entre León, Valladolid y Burgos acumulaban en 2011 el 65% de toda la deuda. En endeudamiento total Burgos era el segundo por habitante con 208 millones, sólo superado por León (271 millones). En créditos con los bancos también era el segundo (909 euros por habitante), superado en este caso por Salamanca.
Eso se hizo con operaciones que «incumplieron las previsiones del Plan» a cuyo cumplimiento «debió supeditarse» la autorización recibida de la Consejería. Hoy la ciudad tiene vetado pedir un solo céntimo a los bancos.