En el despacho de la presidencia de la Diputación Provincial han cambiado algunas cosas. Lógico si se piensa que su anterior titular, Vicente Orden Vigara, estuvo en el cargo 20 años. Y una de las primeras fue la colocación de un ordenador que ahora Rico utiliza con normalidad como instrumento de trabajo. Permanece, eso sí, un viejo teléfono que solo sirve de adorno y un centro de cactus en la mesa de reuniones. Se supone que está allí porque no exige mantenimiento.

El viernes cumplió nueve meses en el puesto. ¿Se considera ya asentado en él?

Sí, hombre, ya nos ha dado tiempo a modificar algunas cosas, a cambiar las agendas y a modificar algunos tics que tenía el personal después de tantos años, sobre todo en el entorno del presidente. Y eso cuesta, poco a poco.

¿Qué ha cambiado en el funcionamiento interno?

Pues mire, yo intento hacer siempre mi propia agenda. Porque entiendo que no es recibir a todo el mundo que quiera entrevistarse con el presidente, aunque también. He intentado dar también más juego y más protagonismo del que tenían antes a los diputados provinciales, aunque haya cosas que tiene que hacer el presidente de forma ineludible, pero otras muy concretas de un área o de un territorio en las que sabe más el diputado que el presidente.

Su predecesor hablaba mucho de los kilómetros que se hacía por la provincia. ¿Lleva usted también la cuenta?

No, yo no la llevo. Al principio de tomar posesión sí que viajé mucho, pero ciertamente ahora estamos en una temporada en la que salimos menos porque estamos dedicados a la gestión, ha habido que cerrar el presupuesto... Ahora que llega la primavera volveremos a salir con más frecuencia, a ver la materialización de algunas de las obras que han ido sacando adelante los ayuntamientos. Pero los últimos tres meses han sido de un trabajo interno que hacía falta, que había que concienciar no solo a los políticos que llevaban un tiempo aquí sino a muchos servicios técnicos. Los tiempos no son los mismos, nos va a tocar vivir dos años que van a ser muy duros, los de 2012 y 2013, y que hace falta un ajuste de la Diputación y eso no se hace en poco tiempo.

Estamos probablemente en su momento más duro, las próximas cuentas de la institución llegarán con malas noticias y usted es quien mejor lo sabe.

Bueno, se esperan 2012 y 2013 muy complicados, como creo que en todas las administraciones. Nuestros presupuestos tendrán una contracción de en torno al 14%, vamos a tener que hacer un ajuste en el personal que no es funcionario ni laboral fijo. Este año y el próximo van a tener que ser de ajustes, como no podrá ser de otra manera, porque recibiremos menos dinero de la Junta y del Estado. Todos lo estamos entendiendo y tendremos que establecer un orden de prioridades.

¿Cuánto tienen que temer los ayuntamientos por los planes provinciales?

La parte mala es que no prevemos que vaya a haber un Fondo de Cooperación Local destinado a inversiones, porque la Junta no lo va a poner a disposición de las diputaciones. Eso no quiere decir que llegado el momento la Junta cambie de opinión porque le llegue más dinero del Estado. Pero eso significará que lo único que se va a mantener son los Planes de Obras y Servicios que vienen del Estado. Tenemos una estimación del 7% menos, pero se mantiene. Y por otra parte, vamos a hacer un esfuerzo inversor fuera de lo que son estos planes a través de las ayudas de urgente necesidad, que quizás cambiemos el nombre si lo vemos conveniente, y vamos a cambiar también el formato para que esté abierta esa convocatoria permanentemente. De tal forma que si un ayuntamiento necesita una pequeña cantidad, que ágilmente pueda obtener ese tipo de subvenciones. Y a este concepto destinaremos una cantidad importante, casi un millón de euros. Será un mecanismo menos encorsetado y más ágil. Además habrá una línea de colaboración con el Arzobispado para la reparación de iglesias y una cantidad muy significativa para invertir en caminos rurales.

¿El mundo rural sufre de forma especial la crisis, o al menos de forma distinta?

Distinta, porque los ayuntamientos de una provincia como Burgos, quitando los 28 ayuntamientos mayores de 1.000 habitantes, tienen todos unas cuentas saneadas, normalmente los alcaldes no se meten en infraestructuras con las que no puedan. La mayoría no tienen préstamos, y si los tienen es con la Caja de Cooperación de la Diputación. Así que normalmente pagan bien a sus proveedores.

¿Y los ciudadanos?

También. Porque como suele decirse, la gente del mundo rural se apaña mejor. Ciertamente en los municipios más reducidos no hay casi desempleo, por no decir que en algunos casos es inexistente. Y por tanto habrá menos necesidades laborales, pero precisamente nos preocupa ser capaces de crear autoempleo y fijar a las mujeres, que es una base para fijar la población rural. De lo contrario, la gente irá buscando los lugares donde más cómodamente viva y se desplazará al entorno de los grandes municipios.

¿Han constatado si existe regreso de habitantes a los pueblos?

No, quizás a cuentagotas y en algún caso concreto, pero no es un fenómeno general. Tendría que ser muy importante y muy constante para poderlo visualizar.

Si no teníamos bastante con la crisis, viene la sequía, que en una provincia agrícola puede ser demoledora. ¿Están preocupados por sus efectos?

Desde luego, estamos todos mirando al cielo. Precisamente el lunes tuve la oportunidad de inaugurar la Feria de Maquinaria Agrícola de Melgar de Fernamental, y los expositores o los clientes apuntaban que había movimiento, que había negocio. Los agricultores están deseando que haya buena cosecha, y esperemos que llueva lo justo, porque la agricultura es una pieza importante en el producto interior bruto de esta provincia. Y si la agricultura va bien, esta provincia crecerá.

¿Tienen alguna línea de ayuda para estos casos?

Teníamos un convenio con la Junta de Castilla y León, que era el Plan Sequía, pero tras la no aportación de fondos nos hemos quedado sin plan específico. Esperemos que el Gobierno regional apruebe sus presupuestos a ver si sale algo para ello, que se dirige además a dotar a los ayuntamientos de agua potable.

Hablando de agua potable. ¿corremos riesgo de abastecimiento en muchos municipios?

De momento no; si ha habido algún problema el verano pasado, por ejemplo, en el que ha habido que abastecer con cisternas, no era un problema de escasez en su gran mayoría, sino un problema de calidad del agua. Creo que el servicio está garantizado y esperemos que durante la primavera llueva y los pozos se mejoren.

¿Quedó zanjada la larga polémica del agua para Campos de Muñó con la firma del necesario convenio con el Ayuntamiento de Burgos?

Afortunadamente sí. Tuvimos la oportunidad de reflexionar y cambiar el criterio que se mantenía antes, tuve la oportunidad de agradecérselo a la Confederación Hidrográfica del Duero y entendimos que la Diputación no se podía separar del criterio que tenían todos los ayuntamientos conformados en la mancomunidad. La otra alternativa era más cara y con menos garantía de calidad y el sentido común al final imperó.

De vez en cuando, y lo hemos vuelto a ver hace solo unos días en los medios de comunicación, se cuestiona si los ayuntamientos más pequeños no deberían fusionarse. ¿Cuál es su postura al respecto?

Aquí también hay mucha literatura. Los ayuntamientos tienen que ser los que se fusionen libre y voluntariamente, no por que lo diga una ley. Pero es que además la fusión, ¿puede repercutir económicamente? Habrá estudios que así lo digan, imagino, pero nadie puede obligar a nadie a vivir en uno u otro sitio, y el coste de los servicios está precisamente en la dispersión poblacional. Lo que hay que buscar es la mayor eficiencia en la prestación del servicio.

¿Tiene sentido tener un Ayuntamiento para gobernar a 40 o 50 personas?

Bueno... Fíjese: cuanto más pequeño es el Ayuntamiento más trabaja el alcalde, más cosas hace. Es el que echa el cloro al agua, el que enciende la luz, el que la apaga, el que atiende al vecino... Claro, tienen una agrupación de ayuntamientos para el sostenimiento de un secretario común, pero éste no puede estar siempre. Habrá servicios que prestados a más personas serán más eficaces, pero el esfuerzo que hacen todos los alcaldes en favor de sus vecinos no está muchas veces ni valorado ni recompensado.

Durante la campaña electoral de las generales se debatió mucho sobre la necesidad y el sentido de las diputaciones. ¿Ha tenido que seguir convenciendo a mucha gente desde entonces?

Por suerte ese criterio se ha pacificado tras la victoria del Partido Popular que tenía muy claro el papel fundamental de las diputaciones sobre todo en territorios como el nuestro con muchos ayuntamientos. Todos estamos convencidos de la necesidad de reformar el papel de las diputaciones, pero para impulsarlas. Ahora el debate se está planteando desde la Mesa de Ordenación del Territorio que ha impulsado la Junta de Castilla yLeón, y no hay problema en que se debata qué papel deben jugar las diputaciones, pero también los ayuntamientos. Porque la reforma del régimen local es ineludible, es de 1985, y hay que adaptarse a las nuevas necesidades. Tendrá que llegar sí o sí, para buscar la sintonía de competencias para no duplicarlas ni malgastar fondos públicos, y para ello también habrá que reorganizar la financiación.

Este asunto de la financiación local da vueltas y vueltas y nunca se soluciona. ¿Cuándo nos pondremos definitivamente a ello?

La Junta ya está tirando del carro, hay dos comisiones constituidas para analizar las competencias de las diputaciones provinciales y las que tendrán los distritos de menos de 20.000 habitantes y se va avanzando. La música suena muy bien, la cuestión será cuando se descienda al ámbito competencial.

En julio de 2011 aseguraba que no quería prescindir de personal para que no redundara en la prestación de servicios. Sin embargo, ha anunciado amortizaciones de plazas. ¿Ha cambiado de opinión en este tiempo o la realidad le ha obligado?

No, no, eso es matizable. Aquí lo que estamos haciendo es amortizar a través de dos caminos. Uno, a través de las personas que se están jubilando. Y en segundo lugar, se amortizan plazas de personal que está de forma provisional, o bien interinos o bien contratados temporalmente. Las amortizaciones no afectan ni al funcionario fijo ni a los laborales fijos. Y en las plazas que se amortizan los servicios se siguen prestando al mismo nivel. Lógicamente habrá que pedir un esfuerzo a los trabajadores para flexibilizar su jornada laboral y su operatividad y sus funciones, porque en el Palacio Provincial habrá departamentos con volumen de trabajo escaso y otros más cargados. Los funcionarios, y así también pido responsabilidad a los sindicatos, tenemos que valorar que tenemos un trabajo digno y que hay que hacer un esfuerzo para ser más flexibles.

¿Qué pasará en esta casa con el sueldo de sus trabajadores y la posible ampliación de la jornada a las 37,5 horas semanales?

Respecto al salario, estamos vinculados a la legislación estatal básica y lo que el Gobierno determine habrá que acatarlo, como no puede ser de otra manera. Lo que no sabemos es si abordará también la jornada laboral, porque el anuncio por parte del Gobierno de que su personal pasaría a 37,5 horas sí que produjo una cierta descoordinación entre el resto de entes que estamos por el Estado. No se sabe si habrá normativa básica, ya vimos que no se puede aplicar directamente, pero aún habrá que aclarar muchas cosas y estamos a la espera, así que no podemos hablar de este asunto todavía con los sindicatos.

Siempre sale a la palestra el enorme esfuerzo que las residencias de mayores le suponen a la Diputación aun sin tener las competencias. ¿Qué puede hacer al respecto para contener el gasto o traspasárselo a la Junta, que debería ser la responsable?

Hay que hacer una reflexión para no demonizar un servicio público que se empezó a prestar por una ley en su tiempo, pero no hay que hablar con frivolidad. Tenemos cerca de 1.000 personas atendidas con unos servicios de una calidad extraordinaria. Lo que habrá que plantearse dentro de la reordenación del territorio es si las residencias tienen que ser municipales, de la Junta o de la Diputación. Son tres recursos con tres vías de financiación, y eso habrá que organizarlo. Por eso le decimos siempre al PSOEque debemos tener prudencia, o bien nos dan financiación o bien las traspasamos a la Junta. Pero mientras tanto estamos atendiendo a 1.000 personas y garantizando puestos de trabajo.

Desde la oposición, en muchas ocasiones han hablado en varias ocasiones de la pretendida comarcalización y ustedes prefieren hablar de mancomunidades. ¿Dónde está el matiz, por qué esa diferencia?

La comarca, a mi criterio, supone proceder a la burocratización de otra zona. Sería algo así como una mini Diputación, mientras que la mancomunidad es una mera prestadora de servicios, una herramienta. Por eso desde nuestra perspectiva no creemos en más burocracia para hacer exactamente lo mismo. Pero eso no es porque estemos en tiempos de crisis, nunca lo hemos hecho. El PP es cierto que apoyó una comarca muy singular como es la de El Bierzo, pero por su carácter especial dentro de la Comunidad Autónoma, y no creemos que haya que extrapolar en la provincia de Burgos la Diputación a 8 o 9 comarcas.

El conflicto de Aguas de Muñó se desenquistó, pero no así el del vertedero de Abajas y la relación en el seno del Consorcio Provincial de Residuos. ¿Qué está ocurriendo con ese problema?

Estamos trabajando en ello. Yo espero que antes de que se cumpla el primer año de esta legislatura hayamos resuelto la cuestión.

¿Pero dónde está la clave, qué piden unos y otros?

Es que no es cuestión de pedir o no pedir, es cuestión de gestionar mejor. Sí que es cierto que hay dos componentes importantes, que es la propia participación municipal en el Consorcio, y además en julio se cumplen 10 años de la concesión administrativa del vertedero con lo que habrá que aprobar un nuevo pliego de condiciones. No se trata de que tenga que ceder uno u otro, hay que aprovechar la oportunidad que nos pone delante de nosotros ese nuevo contrato de Abajas.

El Patronato de Turismo se extinguirá el 1 de julio. ¿Cómo se llevará a partir de ahora la gestión de la promoción de la provincia?

No queremos llegar con el pie cambiado a esa fecha y ya hay una encomienda de gestión a Sodebur que es la que va a ejercitar las competencias en materia de turismo. Con el Ayuntamiento hay una gran colaboración, y una de las primeras decisiones de esta legislatura fue incorporar a la Diputación al Plan Estratégico de la Ciudad porque tanto el alcalde como yo entendemos que no hay provincia sin capital o capital sin provincia, y por tanto hay que aprovechar las sinergias que se deben producir. Habrá que hacer una coordinación a través de su Instituto Municipal de Cultura y nosotros con Sodebur, pero siempre para potenciar, para dinamizar el turismo rural y aprovechar lo que se va a producir en la ciudad, porque la apertura del Palacio de Congresos va a ser un punto de inflexión que la provincia tiene que aprovechar para que se la conozca.

¿Qué valoración hace de la sentencia que exime a Ángel Guerra de devolver los 84.000 euros que reclamaba el PSOE por aquel acuerdo del Pleno que atribuía al presidente de Sodebur el mismo sueldo que a los vicepresidentes de la Corporación?

Aún tengo que analizarla con detenimiento a través de los servicios jurídicos, solo la he leído muy deprisa y corriendo porque sí que ordena a la Diputación que valore si hay cantidades que devolver de un periodo muy corto que va de mayo a junio de 2008. Pero en definitiva, en resumen, la Diputación tenía razón, Ángel Guerra tenía derecho a percibir esas cantidades y el Partido Socialista, dentro de esa capacidad de enredo que tiene, intentó buscar alguna dificultad.

A raíz de los últimos casos de ataques al patrimonio de la provincia, ¿qué puede hacer la Diputación para protegerlo?

La seguridad es muy complicada porque la dispersión obliga a todos a estar muy pendientes, pero ya lo dijo el delegado del Gobierno en Castilla y León cuando vino precisamente a Burgos a devolver las figuras robadas en San Pedro de Cardeña. Hay que involucrar no solo a los ayuntamientos sino también al ciudadano en la defensa del patrimonio. No hacerles responsables, pero sí partícipes de que en muchos ayuntamientos tan dispersos pueden ejercer alguna labor. Y por ejemplo, nosotros, pese a los recortes de personal que hemos llevado a cabo, vamos a potenciar la presencia de personal de Diputación en Clunia con un horario más extenso.

En materia de Deporte, ¿está garantizado el futuro de nuevas ediciones de la Vuelta a Burgos?

Nos gusta ir año a año y de momento sí. Trabajamos siempre para intentar ajustar más el presupuesto, recortando los gastos y buscando nuevos patrocinadores porque ese evento es un gran escaparate de la provincia, en el resto de España e incluso fuera de ella. Pero además del deporte de élite, que aporta imagen y donde tenemos la Vuelta y el Cross de Atapuerca, queremos cuidar el deporte de base, en el que participan un buen número de jóvenes y no tan jóvenes, y que cuentan con dos pruebas muy populares como el Campeonato Provincial de Fútbol y el deporte escolar.

Acaban de retomar los programas de educación y voluntariado ambiental con Caja de Burgos. ¿Qué importancia le concede al medio ambiente en la planificación estratégica de la provincia?

Mucha, porque tenemos muchos recursos naturales que debemos cuidar. Uno de los criterios que nos llevó a retomar este convenio es que va dirigido a escolares en su propio medio a los que hacemos partícipes de la necesidad de hacer algo en su territorio, concienciándolos de que es un valor que deben cuidar.

Los polígonos industriales tienen miles de metros cuadrados libres. ¿Cómo atraer nuevas empresas en tiempos de crisis?

Lo primero, intentando facilitar la financiación al emprendedor, y ahí trabajan muy bien desde Sodebur, incluso facilitando préstamos a devolver con bajos tipos. También facilitar la tramitación administrativa, y también hacer visibles esos polígonos, señalizándolos de manera interna y externa. Además, hemos llevado a cabo una experiencia piloto en el polígono de Belorado a través de la vigilancia con cámaras, y si produce resultados intentaremos extenderlo al resto.

¿Qué pueden hacer en el caso de conflictos de asistencia con comunidades limítrofes, como hemos visto en las cuestiones sanitarias con el País Vasco?

No podemos hacer nada más que lo que en su momento hicimos, un llamamiento a la Junta que fue muy bien recibido por el presidente Herrera y cuya respuesta fue firmar un convenio de colaboración con el lehendakari. Al final, al ciudadano es al que nosotros tenemos que atender. Y si está a diez kilómetros de un hospital de otra comunidad no tiene sentido que se desplace 90. Aquí el sentido común es el que nos debe inspirar, porque en definitiva estamos hablando de personas.