La Fiscalía ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos tras la denuncia de una joven que fue sometida a 13 exorcismos cuando era menor. En su escrito,Santiago Mena considera que «la única prueba de cargo» para seguir adelante con el caso sería el testimonio de la propia denunciante y que esta ha desaparecido con la carta que presentó en el juzgado en el que se retracta de su relato.

Los padres de la menor, imputados en la causa, se manifiestan en la misma línea que el Ministerio Público, si bien reclaman al juzgado que cite a su hija para que especifique cuáles son los errores de las declaraciones anteriores -prestadas tanto en la Policía como ante el tribunal- a los que se refiere en la carta de su puño y letra que entregó para eximir a sus progenitores, a sus catequistas y a su profesora de religión de cualquier responsabilidad.

Considera el abogado defensor que los 6 tíos que respaldan a la chica en su ‘cruzada’ penal son únicamente testigos de referencia y que no han presenciado ninguno de los hechos relatados, por lo que, con la misma argumentación del fiscal, sin la declaración de la joven no hay caso.

Frente a ellos se sitúa el letrado de la acusación popular, que ya avanzó su intención de oponerse al archivo de las diligencias. En primer lugar, cree que la renuncia de la víctima de los exorcismos no puede tener incidencia alguna en el procedimiento, por cuanto ella no ejerce ninguna acción penal o civil contra los denunciados, sino que lo hacen sus tíos. En cualquier caso, subraya, se trataría de delitos perseguibles de oficio, al tener carácter público.

Añade que ni siquiera se han finalizado todas las diligencias que ordenó el juzgado instructor, en especial la declaración deJesús Hernández, sacerdote imputado por practicar los exorcismos a la chica enValladolid, que se suspendió en su día a petición de uno de los letrados.

Al margen de consideraciones procesales, la acusación pública expresa sus sospechas de que la testigo «haya podido ser sometida a presión con la finalidad» de exculpar a sus progenitores, ya que la carta y posterior comparecencia en el juzgado han tenido lugar tras retomarse el contacto familiar. Esa vuelta a casa no ha incidido positivamente en el estado mental de la adolescente, sino todo lo contrario. De vivir en otra ciudad tutelada por una fundación, con tratamiento ambulatorio y aprendiendo un oficio ha pasado a estar internada en un psiquiátrico en régimen cerrado y severamente medicada, según fuentes de la acusación, que reclama también una copia de su historial clínico completo.

Los familiares sustentan sus recelos en el contenido y los términos en los que está redactada la carta que envió al juzgado la menor (comprobar en la imagen adjunta). Tildan de «esperpéntico que se quiera hacer pasar por expresión espontánea» un texto en el que se incluye el número de diligencias previas y argumentaciones técnico-jurídicas,«más propias del lenguaje forense que de una adolescente», apuntan como «muestra inequívoca de la presión a la que presuntamente viene siendo sometida desde el mismo momento en que se decidió a denunciar el maltrato psicológico, y en ocasiones físico, que estaba padeciendo», opinan.

Una vez recibidos los escritos, corresponde a la titular del Juzgado de Instrucción número 2, que  cambió recientemente, decidir si prosigue la instrucción por violencia doméstica, lesiones y maltrato familiar o archiva las diligencias.