El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio G. Beteta, ha trasladado al presidente de la Diputación, César Rico, un mensaje tranquilizar en cuanto a la posible supresión de las entidades locales menores, cuestión que en la provincia está generando un fuerte rechazo entre los vecinos de las más de 600 pedanías burgalesas y de muchos ayuntamientos que ven difícil poder asumir las competencias de esas entidades.
El mes pasado Rico envío a Beteta una carta mostrando su preocupación y la de buena parte de la provincia por el ‘Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local’ y ante la previsión que en el texto del mismo se contempla de supresión de las pedanías.
El secretario de Administraciones Públicas, en su respuesta, manifiesta que las pedanías, al igual que el resto de entidades locales, solo podrán seguir prestando sus servicios «tras una evaluación y justificación económica efectiva de los servicios que se prestan, a través de unos estándares de calidad de contenido económico que se recogerán en un decreto de ley a desarrollar, así como mediante el cumplimiento de la necesaria transparencia en la comunicación de la información económica, que debe ser remitida no solo al Ministerio de Hacienda sino también al Tribunal de Cuentas para un posterior fiscalización». En este sentido, Beteta apunta que el 85% de las 3.654 pedanías existentes en el conjunto del país «incumplió» esta obligación y no rindieron cuentas. Entre los motivos que esgrimieron las pedanías para no presentar sus cuentas están: carecer de personal, de oficinas de registro, de equipos informáticos o porque no llevaban ningún tipo de contabilidad.
Durante un período mínimo de un año desde la entrada en vigor de la futura ley, que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y posteriormente tramitada en las Cortes, está previsto evaluar a las entidades locales, a todas, y si cumplen los estándares de calidad y transparencia económica «podrán seguir facilitando sus servicios», señala Beteta .
Además, Beteta apunta que en la evaluación de los estándares de calidad «es donde existe un margen para demostrar que las entidades locales menores funcionan con criterios de eficiencia y eficacia, dentro del necesario cumplimiento de los requisitos de estabilidad y sostenibilidad financiera».