En julio se les retiró la custodia de sus dos hijos mayores, de 10 años, y ahora, en concreto el pasado lunes, se les retiró la de los menores, de 4 años y 9 meses respectivamente. Lo cuentan Mari Carmen y Marcelino, una pareja residente en Miranda que, molesta por la intervención de los Servicios Sociales de la Junta, acuden a la desesperada para difundir su caso, suplicando a la Administración regional que les devuelva a sus hijos para que puedan vivir en familia.

Los menores están en centros especiales de la Junta ubicados en Aranda Duero (los dos mayores) y en Burgos (los dos más pequeños), y dicen sus padres que ahora, retiradas además todas las ayudas económicas que percibían, no tienen dinero «ni para los viajes para ir a verlos».

Creen que la actuación de los Servicios Sociales es exagerada, que no hay causa real para que les separen de sus hijos. «Llegar a quitarme a todos mis hijos... ¿cómo pueden llegara eso?», dice Mari Carmen, reconociendo no obstante que «no todo lo habremos hecho bien, pero en mi casa a mis hijos no les ha faltado comida, les he llevado al pediatra, al colegio, tengo un papel donde dice su tutor que iba aseado... y vinieron con ocho policías a llevarse a la niña pequeña y al mayor se lo llevaron cuando estaba en el colegio», narra la madre.

Una situación dramática, alentada además por los problemas económicos que la pareja atraviesa desde hace tiempo, ya que en ambos casos están en situación de desempleo, sin apenas tener ingresos, al margen del apoyo que tienen de algunos familiares, y hasta ahora los que recibían por tener a los menores. Quieren los padres que «al menos nos dejen a los pequeños», asumiendo que los dos hijos mayores, mellizos, tienen además un importante grado de discapacidad y requieren una atención más especializada que probablemente ellos no les pueden dar.

El proceder de la Consejería de Familia ha sido el de velar «en superior interés del menor, tal y como indica la propia Ley», se defiende desde la Junta al ser preguntados por el caso, asumiendo la tutela legal dadas las evidencias de los informes oficiales.

«De las situaciones que contempla la normativa que regula los indicadores de desamparo, han sido tres de ellas las que se han acreditado documentalmente, habiendo sido objeto de comunicación tanto al Juzgado de Menores como a la Fiscalía de Menores», se recoge en la documentación sobre los casos que posee la Administración regional.

Recuerdan además que «es obligado actuar» ante casos en los que se compruebe la situación de desamparo de los menores. «La decisión de intervenir obedece al conocimiento de los indicadores de desamparo acreditados dentro de un contexto que se considera como cronificado, con conflictos conocidos y documentados por las Fuerzas del Orden y por los órganos competentes de la Junta de Castilla y León y de los Servicios Sociales Básicos, ratifica la Junta.

falsedades. Para los padres buena parte de lo que argumenta la Junta es falso, «puede que en un 20 por ciento hayamos hecho algo mal, pero a mis hijos no les ha faltado la comida en casa, hemos quitado de lo nuestro para ellos», dicen.

La documentación es prolija, y los padres ya habían sido avisados de que la Administración iba a hacerse cargo de los menores al considerar que ellos no estaban en condiciones de hacerlo. Se une al problema la distancia con Burgos y Aranda, «no tenemos dinero para ir a verlos una vez por semana, que es lo que nos dejan», dice Marcelino. Un complejo y doloroso caso que la Administración defiende por amparo a los menores pero que los padres califican como «lleno de falsedades», por lo que no se resignar a asumirlo, advirtiendo que seguirán «luchando».