200 aniversario de la Diputación. La institución provincial vive este año su segundo centenario (fue creada el 25 de septiembre de 1813) inmersa, como todas, en una situación económica delicada que en su caso se suma al debate sobre su propio futuro y funciones

h. jiménez | burgos

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Sometida a un permanente cuestionamiento de su existencia y en un momento de crisis, la Diputación ha optado por un perfil bajo para las celebraciones de su efeméride. Su presidente (un veterano de la política burgalesa que ha sido concejal, senador, diputado y que además ejerce ahora como presidente provincial del Partido Popular) defiende más que nunca su existencia, sabiendo que pronto asumirá nuevas competencias derivadas de la nueva organización territorial.

¿Qué significa presidir una fecha tan especial?

Un motivo de enhorabuena, pero también de agradecimiento a los alcaldes y alcaldesas que han hecho posible el mantenimiento de las diputaciones, y también a todos los representantes de los grupos políticos que han estado tanto en el lado de gobierno como de la oposición. Porque la Diputación y el trabajo que en ella se hace se conocen mucho más desde dentro, y de hecho es algo que nos falta, ponernos más en valor ante el ciudadano. Y cómo no, agradecimiento igualmente a los empleados públicos porque ellos también han colaborado hasta el punto de que, en estos momentos, nadie duda de la existencia de las diputaciones aunque sí de su reforma, como seguro que luego hablaremos.

Seguro. Con esta edad, ¿Es la Diputación una institución vieja o solo veterana?

No, yo creo que veterana. Porque para empezar se renueva cada cuatro años. Pero su veteranía nos da la perspectiva de ver cómo se ha transformado la provincia de Burgos en los últimos 200 años, no solo por el trabajo de la Diputación pero desde luego ella ha sido una cooperadora necesaria para que se haya producido una muy importante mejora del ámbito rural.

A la vista de lo mucho que se ha cuestionado su existencia en los últimos tiempos, ¿Apostaría por la continuidad de la institución, no ya con la vista puesta en otros 200 años, sino en simplemente 20?

Sí, sí. Ni siquiera los más escépticos discuten ya la existencia de las diputaciones, sobre todo en provincias y comunidades como la nuestra, con amplia dispersión y muchos núcleos. Está fuera de toda duda que hemos sabido llegar hasta ellos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que existirán durante mucho tiempo, y de hecho vamos a ser protagonistas y partícipes del cambio en las diputaciones, ya no se verá una Diputación decimonónica, sino que con la nueva reforma de las competencias nuestro papel será mucho más dinámico, y para eso tenemos que estar preparados. Porque el objetivo al fin y al cabo es la mejor prestación de servicios a los municipios y por ende a los ciudadanos.

Habla de ser partícipes del proceso, pero siempre parece que a la Diputación le viene todo dado desde fuera. En el proceso de reordenación, por ejemplo, la Junta y el Gobierno tienen su voz pero no las instituciones provinciales.

Es que sería imposible escuchar 39 voces de diputaciones u 8.000 de los ayuntamientos. Nuestra voz se canaliza a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, donde precisamente colabora activamente el presidente de la Diputación de Zamora. Así que nuestra voz se escucha, y todas estamos dando los pasos necesarios para que no nos sobrevengan servicios nuevos. Muchas de las competencias que se van a atribuir a las diputaciones ya las estábamos aplicando. Habrá que mejorarlas, evidentemente, pero no nos van a pillar con el pie cambiado.

¿Qué hace la Diputación que no pueda hacer la Junta?

Ta y como están estructuradas todo es posible de modificación, pero está fuera de toda duda la mayor proximidad y cercanía de la Diputación con el ciudadano en el ámbito rural. ¿Una redistribución territorial de la Junta podría distribuirlo? Pues efectivamente, no es que seamos imprescindibles, pero sí necesarios, y tal y como está planteada la Diputación es necesaria su existencia.

¿Se podría plantear la desaparición solo de algunas diputaciones de España, dependiendo por ejemplo de la dispersión territorial o de su propia elección?

Eso es muy complicado. Sí que es cierto que alguna comunidad autónoma tiene tradición distinta a las diputaciones y podrían ir por ese camino. Me refiero a las comarcas en Cataluña. La Diputación está protegida por la Constitución pero en ella también se habla de “órganos equivalentes”, con lo que no cierra la puerta a otra distribución distinta. El problema sería que generaríamos más administraciones, en el caso de las comarcas, y ahora tenemos que ser austeros.

Seguramente los defensores de las comarcas enarbolen la mayor cercanía a la que usted aludía hace un momento.

Bueno, eso ya lo tienen las mancomunidades prestadoras de servicios en las que la Diputación se apoya firmemente, pero esa es una cuestión equivocada. El fraccionamiento territorial no lleva a una cohesión mayor, sino a más desequilibrios.

¿Cuándo se concretará por fin esa esperada reforma de la administración?

La Ley marco de Castilla y León entra en vigor el día 20, y la Ley del Estado está en estos momentos en la ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. La intención del Gobierno es que esté aprobada cuanto antes, quizás para entrar en vigor el 1 de enero, o no sé si en febrero. En cualquier caso, la ley estatal tendrá luego un desarrollo normativo autonómico, donde la ley regional tendrá que asimilarse a la nacional.

¿Damos por superado el ‘fantasma’ de la desaparición de municipios?

Totalmente. Entre todos hemos sabido transmitir al Gobierno, y éste ha sido sensible, la singularidad que supone la existencia de los municipios y de las entidades locales menores. En el primer borrador del decreto ley desaparecían por imperativo todas estas últimas, de un plumazo. Ahora lo condiciona a la presentación de cuentas en un plazo de tres meses, y estamos trabajando para ver si ese plazo puede ser más amplio. Estamos totalmente de acuerdo en que rindan cuentas, nadie puede ser opaco, y para eso también estamos trabajando. Acabamos de aprobar poner a disposición de las entidades las herramientas electrónicas para que puedan ellos rendir cuentas por sí solas al Tribunal de Cuentas. Así que el apocalipsis de los municipios que anunciaban algunos ha desaparecido, afortunadamente. Y es verdad que sembró de inquietud a muchos alcaldes y alcaldesas, pero ahora lo dan por superado y están más tranquilos.

¿Es lógico que la provincia de Burgos mantenga la misma estructura que hace 80 años, cuando la población rural multiplicaba las cifras actuales?

Todo requiere una reflexión serena. La dificultad de regular el régimen local es mucha, porque no es nada homogéneo. Así tenemos 371 municipios, y 368 tienen menos de 20.000 habitantes. Y tenemos 651 entidades menores. De ellas, algunas tienen un solo habitante. En concreto, 93 entidades tienen menos de 10 habitantes. Así que entre ellas no tienen nada que ver. Porque también hay entidades con 250 habitantes, y algunas tienen más recursos que el ayuntamiento del que dependen. No es normal que en un ayuntamiento pueda haber en la misma sede territorial una entidad menor. Y los hay. Claro, es complejo mantener una entidad que ni siquiera puede elegir a un alcalde pedáneo y dos vocales, chirría un poco, pero todo hay que hacerlo desde la reflexión y desde el sentido común.

Reconoce usted que hay varias cosas que no son normales, pero tampoco se van a tocar…

Bueno, pero es que nosotros hemos luchado para que estos cambios posibles no sean mediante la imposición. Que por ley no se supriman las entidades. Y luego tendremos que hacer una reflexión sobre su operatividad. Así que vamos a ver qué servicios prestan, si sirven al fin que buscamos… Las entidades pequeñas tienen derecho a los servicios, y el ahorro que se produciría con su desaparición no sería económico sino más bien burocrático.

¿Cuántos distritos tendrá finalmente la provincia de Burgos en la nueva ordenación del territorio?

Primero habrá que hacer un mapa de servicios públicos sobre la base de los centros de salud y en eso se está trabajando, pero sobre él luego tendremos que trabajar todos en la constitución voluntaria de las mancomunidades, que serán las que presten los servicios públicos al ciudadano transferidos por los propios municipios. Pero el mapa y el reparto final están por hacer, no sabemos cuántas zonificaciones habrá ni cuáles serán. Y siempre pensando en racionalizar el mapa conjugando población y ámbito territorial y que las mancomunidades asuman más competencias, no solo los residuos como llevan ahora sino también abastecimiento de agua o pavimentación de vías públicas.

¿Qué nuevas competencias asumirá la Diputación?

Se nos mantendrán las ya tradicionales como son el asesoramiento jurídico, técnico y económico y el mantenimiento de los planes provinciales, pero además se nos van a atribuir otras tres muy interesantes: Una, que ya hacemos y que por tanto no nos pillará con el pie cambiado, como es la recaudación municipal. Dos, la sede electrónica, una herramienta que permita a los ayuntamientos remitir cuentas, hacer contrataciones... Y la tercera será la central de contratación, que también tenemos. Así que solo habrá que desarrollarlas y pasarán a ser competencia propia.

¿Qué pasará con las residencias, cuya competencia y gasto están siempre en entredicho?

Aquí hay dos asuntos que coinciden. La Ley de Ordenación del Territorio habla de los centros residenciales y dice que la comunidad autónoma podrá asumir su gestión. Pero no se queda en ese mero «podrá», sino que luego dice que a tal efecto se constituirán comisiones mixtas para el traspaso. Y dice además que el personal tendrá el mismo régimen jurídico y estatutario que los del ámbito de la comunidad autónoma. En el caso del Estado, dice que los servicios sociales pasarán a la Comunidad Autónoma para lo cual establece un plazo de un año de tránsito. Habrá que trabajarlo, pero siempre desde el ámbito público. Surgieron voces que acusaban al PP de querer privatizar, pero la ley que hemos aprobado también con el PSOE no dice eso.

¿Y cómo se hará ese proceso?

Tenemos ese plazo de un año que figura en la ley del Estado, y si no lo conseguimos la propia norma dice que las corporaciones locales podrán pedir al Estado que pasen directamente a ellas los anticipos a cuenta que transfiere a las autonomías. También hay mecanismos voluntarios de delegación, pero deben ser aceptados y tener financiación suficiente. Y en eso estamos.

El mantenimiento de las carreteras, que durante años le sirvió a la Diputación para presumir, se resiente con la crisis.

Estamos haciendo un esfuerzo muy importante. En el presupuesto del año 2013 dedicamos más de 3 millones de euros, ¿Y eso es mucho o poco? Pues todo es relativo, pero tenemos 2.400 kilómetros de red viaria, con nuestra orografía y nuestra climatología, se entenderá que cuesta mucho. Al menos es importante que no haya puntos negros de accidentalidad. En ese sentido, tenemos más problemas con los accidentes provocados por animales de caza mayor.

La central de compras ha sido muy criticada por los empresarios, porque temen que dañen a las pymes agrupando contratos para las grandes empresa. ¿Hay posibilidad de marcha atrás?

Vamos a ver, yo creo que esto no lo hemos explicado bien o nos han entendido mal. Aunque la Federación de Comercio lo ha entendido bien. La central de contratación no quiere hacer daño a nadie, y mucho menos a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo. No queremos comprar los bolígrafos que el ayuntamiento compra en el pueblo, pero sí vamos a los grandes contratos, en los que las pequeñas no pueden competir salvo que se presenten en UTE, como la electricidad o los equipos informáticos. Se trata de lograr un precio mejor y hasta ahora hemos visto que el de electricidad podemos lograr entre un 4 y un 15% de ahorro global. Hay que producir sinergias económicas, porque eso además te da mayores garantías cuando los trámites son complejos.

¿Qué ocurre con el traspaso del vertedero de Abajas al Consorcio Provincial de Residuos, que lleva tantísimos años coleando?

No, tantísimos no. Desde principios de legislatura.

No, ese asunto coleaba en el último mandato de Orden Vigara.

Bueno, lo importante es que hay buen entendimiento entre las partes, y estamos trabajando con el Ayuntamiento para cumplir con la filosofía del vertedero, que es servir a la provincia. El Ayuntamiento prepara una contratación a 10 años vista y queremos asumir esa gestión, pero no es fácil articular jurídica y económicamente el tránsito al Consorcio. Y ojo, se trata de que todos salgamos beneficiados.

Las dos partes insisten siempre en que hay buen entendimiento pero nunca llega ese acuerdo.

No, pero ahora sí que se están dando pasos. Se está hablando claro a nivel técnico y a nivel político para llegar a un acuerdo al menos en esta legislatura.

¿Las diferencias son simplemente una cuestión de precios, de ponerse de acuerdo en el canon?

Bueno, eso y que no sabemos cuál puede ser la oferta de la adjudicataria, porque falta valorar cuánto costará la actuación sobre el nuevo vaso.

El año pasado no hubo planes provinciales aunque luego se recuperaron. ¿Debemos volver a temer por ellos?

No, la idea es seguir manteniéndolos en 2014 y 2015. Hemos cambiado la filosofía porque antes eran bianuales y creo que los ayuntamientos deben tener capacidad año a año, y además incorporamos la posibilidad de que los planes sean para gasto corriente. Porque estamos dando facilidad al ayuntamiento para pagar a sus proveedores y que esas partidas las dediquen a inversión, y además facilitando la gestión porque el gasto corriente se justifica mucho más fácil que una obra.

¿Qué previsiones tienen para los presupuestos de 2014? ¿Irán al alza?

Seguramente sí, un poco más, pero lo importante es que dentro de la estructura presupuestaria podamos destinar más dinero a inversiones que a otras cosas. Así podremos mantener o hacer crecer el empleo. Porque algunos como el PSOE que piden planes de empleo diciendo que hay que suprimir casi todo (esta semana se debatió una moción en el Pleno de la Diputación en este sentido) no se dan cuenta de que las inversiones que hacemos en un asfaltado o en un arreglo de canalizaciones de agua conllevan puestos de trabajo.

¿Si refuerza la inversión, de dónde recortarán?

Bueno, podemos tirar de conceptos que ya se han agotado o están a punto como los ARIs, tenemos algunas otras partidas liberadas, y también es verdad que podemos ir a crédito de nuevo, cosa que antes no podíamos por ley.

¿Cuánto personal ha recortado la Diputación en los últimos años?

No tengo la cifra exacta, pero salvo en los puestos imprescindibles no se reponen por ejemplo las jubilaciones. Rondamos los 1.040 trabajadores y en el verano ha habido en torno a 120 personas que han participado de las sustituciones durante dos o tres meses. Pero la ley te limita la reposición de efectivos.

¿Y es que antes sobraba gente o que ahora falta?

No, es que hay que incentivar  al personal para que, sobre todo en puestos administrativos, se pueda reequilibrar el trabajo. También veremos cómo nos tenemos que reestructurar, porque yo he dado indicaciones para que se haga un estudio de qué servicios necesitaremos redimensionar con las nuevas competencias. Necesitaremos movilidad dentro de la propia casa, una Diputación moderna y con capacidad de apoyo entre las distintas secciones.

La Diputación suele transmitir una vida política mucho más tranquila que en el Ayuntamiento de la capital. ¿Existe esa diferencia real?

Sí, aquí mostramos distintas opiniones pero con un respeto personal que siempre ha imperado en esta casa. El Ayuntamiento está más crispado, a veces se dispara. Allí hay más presión, y aquí la oposición no está contribuyendo a crear ese clima. En el Ayuntamiento ha habido legislaturas con más respeto entre las personas y entre los grupos que ésta. Y eso también dificulta la gestión.

También hay confrontaciones, en cualquier caso. Por poner un ejemplo, a usted le reprochan que cuando era senador reclamaba el peaje blando para la AP-1 y ahora que es presidente y en Madrid gobierna el PP no lo hace.

Vamos a puntualizar. Las obras de la N-I fueron impulsadas con los gobiernos de Aznar, y nosotros nunca hemos dicho que fuéramos a liberalizar la autopista. El PSOE sí que lo dijo, y luego hizo lo contrario y prorrogó la concesión. Es cierto que yo presenté una proposición en la Comisión de Fomento del Senado para que durante la ejecución de las obras de la N-I se liberalizara la autopista basándonos en la seguridad vial al igual que había ocurrido en un caso similar en Cataluña. Al portavoz de Fomento de ahora yo le he indicado que sería conveniente volver a insistir. Pero claro, el tiempo ha cambiado, la situación económica también y posiblemente ahora sería imposible abordar incluso la supresión temporal del peaje.

¿Cómo ve la polémica de Aranda, como presidente de la Diputación y como presidente provincial del partido?

Gobernar en un tripartito siempre crea tensiones y dificultades, eso no se nos puede escapar. Tuvimos la oportunidad de verlo en su día en el Ayuntamiento de Burgos y aquello fue un fracaso, esperemos que no pase lo mismo en Aranda por el bien de los arandinos. Es verdad que tenemos que afinar nuestra coordinación, estamos trabajando para que eso sea así y para que haya mayor relación entre nuestras concejalías y los socios de Gobierno.

¿De quién responsabiliza a la crisis de los últimos días?

Esto es como en un matrimonio, todos y ninguno tienen la culpa. Es una cuestión de voluntad, que nos coordinemos para trabajar como una sola parte y no como dos o tres.

¿Y qué piensa de la nueva polémica con Treviño, en la que ni siquiera el PP de Álava o el propio portavoz del PP en el Congreso se ponen de acuerdo con la opinión supuestamente del PPnacional y desde luego del PP burgalés?

Lo dejó muy claro Jesús Posada en su medio. El mecanismo que se está buscando es una puerta falsa, cuando todos tenemos los valores constitucionales encima de la mesa y el marco del Estatuto de Castilla yLeón. En su día los ayuntamientos del condado abrieron un proceso y tanto con los informes de Diputación como de la Junta de Castilla yLeón se quedó ahí. Es lo que marca el Estatuto.Ir por otras líneas no van a conseguir absolutamente nada, porque el grupo parlamentario del Congreso lo tiene muy claro y nuestros compañeros en Álava se han abstenido en la última votación. No sé si con el tiempo Treviño pasará al País Vasco, pero ahora lo que nos debe preocupar es la prestación de servicios a los ciudadanos.

¿Y qué se les dice a los ciudadanos treviñeses, que cada vez más escogen opciones políticas favorables a la anexión a Álava?

Bueno, está claro que se visualiza la «colonización» del enclave, eso hay que reconocerlo. Cada vez más gente de Álava se va allí porque probablemente las condiciones son mejores. Y eso en las elecciones poco a poco se nota, están creciendo las opciones abertzales. Pero en cualquier caso, el proceso constitucional es el que es, hoy no hay más.

¿Es partidario de ayudas fiscales a la empresa de Garoña si eso significa su continuidad?

Siempre hemos apoyado la central, partiendo de la base de la seguridad. Un país que tiene que importar energía no se puede permitir el lujo de perder ni siquiera el 1% que aporta Garoña, y desde luego tampoco sus puestos de trabajo. En un momento en que no sobra empleo desdeñar 1.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos es un absurdo garrafal.

Pero a cambio de su continuidad el Gobierno renuncia a 150 millones de euros...

Antes tampoco los cobraba, antes del cambio impositivo. El mix energético es muy complicado y en las próximas fechas habrá muchas alteraciones. El objetivo es controlar la factura que paga el ciudadano, y en ese contexto está el sistema impositivo de las empresas, no solo para Garoña sino también para los eólicos u otras fuentes de energía. Y si para mantener los puestos de trabajo hay que rebajar los impuestos pues es una de las formas de demostrar alicientes para el empresario.

Antes o después la central cerrará ¿Por qué siguen sin buscar soluciones para la reindustrialización de la comarca?

Lo hemos pedido, y no nos duelen prendas en decir que el Gobierno tiene que apostar con planes alternativos, se llamen como se llamen, o más bien complementarios. Desde la Diputación lo estamos haciendo en colaboración con la Cámara Comercio, y seguiremos trabajando con Sodebur para que esto sea así.

Alguno se pregunta qué hace la Diputación en el Consorcio de Villafría, cuando parece algo más propio de la capital...

Hombre, los ciudadanos de la provincia también pueden hacer uso de ese aeropuerto, y además Villafría no es solo una terminal de viajeros, hay que verla de forma más inteligente en un conjunto logístico con el Puerto Seco y como una oportunidad a través del sector de la aviación en general que puede crear puestos de trabajo no solo para la capital sino también para la provincia.