Como en otros lugares, los mirandeses se echan al monte en esta época del año para coger setas. Una práctica de esas de toda la vida, pero que en los últimos años, al haber alcanzado estos productos gran valor culinario para los profesionales del sector de la hostelería, ha supuesto una gran presión sobre los montes. Esto ha hecho que en algunos casos las administraciones hayan actuado para limitar un aprovechamiento excesivo, indebido y descontrolado de las setas y los hongos, pero no todas han actuado igual, y en función del territorio el buscador de setas debe adaptarse a estas normativas.

La variedad en la legislación y la regulación hace que en Miranda, de forma especial por ser ciudad limítrofe entre tres provincias, la afección sea mayor, ya que son muchos los mirandeses que indistintamente acuden a montes de Burgos, Álava o La Rioja a buscar estos sabrosos tesoros de la naturaleza.

En cuanto a los montes más cercanos a la ciudad, la regulación es prácticamente inexistente. No hay, de momento, ningún espacio regulado de forma específica sobre aprovechamientos micológicos, y rige una normativa regional en materia de montes, que únicamente establece que los propietarios de los montes (generalmente ayuntamientos y juntas administrativas) podrán regular el aprovechamiento.

Esto deja a los ayuntamientos la posibilidad de establecer normas concretas para sus montes, y algunos lo han hecho, y otros no. Por ejemplo, en Bozoó, zona recurrente para los buscadores de setas no la hay. «Lo hemos estudiado, pero no hemos avanzado porque hay un problema, ya que supone establecer un control y tal vez incluso contratar a alguien que lo vigile, y eso supone un gasto que hoy no podemos asumir como Ayuntamiento», dice el alcalde, Javier Abad. No obstante lo mantienen como proyecto, «no para que sea una fuente de ingresos, si no por conservación».

Dice que «en general» la gente que se acerca los montes de Bozoó los respetan, pero también recuerda episodios pasados en los que grupos organizados, generalmente con inmigrantes a modo de temporeros, iban a recoger «todo lo que podían a razón de 3 euros el kilo de níscalos», recuerda, denunciando que son prácticas que no se puede permitir porque supone esquilmar el monte y el recurso», dice.

pancorbo. Cerca, en Pancorbo, no hay ni se han planteado regulación alguna, como tampoco en San Juan del Monte. En estos espacios rige la norma regional, que en ningún caso limita la cantidad, y viene a marcar un código de buenas prácticas sobre la recogida de setas, pero no la forma y el control de este aprovechamiento.

«Es decisión de cada municipio; piden la licencia, se acota, se hace una tasación y se paga un 15% fondo de mejoras», explica Carlos García, del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Así, unos hacen aprovechamientos vecinales, otros a favor de una persona física, otros los subastan a una empresa que por ejemplo vende a restaurantes o industrias… la casuística es variada. En Burgos (al margen del proyecto Myasrc, que más adelante se explicará) de los 700 montes de utilidad pública existentes, 54 se han regulado, y se detecta una tendencia ascendente.

Casos hay, por ejemplo, en el Valle de Losa. «Cada pueblo, que es el propietario de su monte, lo ha regulado, unos en subasta pública, otros dando permisos solo para los vecinos, y algunos son libres», explican desde el Ayuntamiento. Otro ejemplo es Condado de Treviño, donde aunque a nivel global no hay regulación expresa, en San Martín de Galvarín sí se habilitó una zona controlada. «Lo hemos dejado en vía muerta, porque daba más problemas que otra cosa, ya que no hay nadie que pueda vigilar que el coto sea efectivo, era imposible de controlar sin los medios necesarios», dicen desde el pueblo.

Caso diferente es el Proyecto Myasrc, que lidera el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor). Una iniciativa que ha generado en toda la región 11 espacios regulados, agrupando cada uno de ellos a varios municipios para la gestión de sus montes en relación con el aprovechamiento micológico. Así, si se va a las zonas de la Merindades o Montes de Oca, hay que someterse a una completa normativa, que entre otras cosas, obliga a sacarse un premiso específico para coger setas en esos montes.

Por ejemplo, en Merindades, la obtención del permiso va de los 10 euros (diario) a los 60 euros (de temporada), con precios muy reducidos para los vecinos de los pueblos adscritos y otros de hasta 300 euros para recogida destinada a su comercialización. Igualmente se regula la cantidad, con un máximo 2 kilos al día de perrechicos y 4 kilos del resto de setas (valores que van hasta los 10 y los 20 kilos en el caso del permiso de comercialización). Tamaños mínimos, forma de cortar y transportar, fechas permitidas… todo está perfectamente establecido.

sostenimiento. Aunque la fórmula permite generar algunos recursos a los municipios por el aprovechamiento de sus montes, la clave del proyecto es también medioambiental. «Tenemos el criterio de garantizar la sostenibilidad, se ha detectado peligro cierto y real ante una explotación desde todo punto de vista incorrecta que pone en peligro la viabilidad del recursos en estas comarcas, se trata de orden y control, ajustar esa presión recolectora», explica Arturo Esteban, del proyecto Myasrc. Una iniciativa pionera en el mundo, que ya sostiene más de 300.000 hectáreas en la región. «Nuestro objetivo es culminar con una normativa que regule de forma íntegra en Castilla y León tanto la recolección como la primera transacción», explica.

A diferencia de en Burgos, a excepción de las regulaciones municipales o las vinculadas al Myasrc, en Álava, otra de la zonas de afluencia habitual de los ‘seteros’ mirandeses, hay una norma foral que regula este mundo, e incluso otras más restrictivas. En zonas como Añana, Valdegovía, Ribera Baja, Peñacerrada… por lo general no hay norma municipal, pero ya foral ya es suficientemente clara y restrictiva.

En ningún monte alavés se pueden recoger más de 2 kilos de setas/hongos al día, aunque se recoge que el aprovechamiento es libre, salvo en los montes acotados por decisión municipal, que son pocos en el entorno de Miranda. No obstante, y en base a criterios ambientales, cada año, si es preciso, se restringen días.

Pero los vecinos alaveses aplican normas más estrictas en zonas más sensibles y muy ‘castigadas’ por los buscadores de setas, caso del Parque Natural de Valderejo, espacio habitual también para los buscadores mirandeses. «Aquí solo se permite coger un kilo por persona y día, aunque la nueva regulación específica del Parque va a adaptarse a la norma foral que permite hasta dos kilos, pero por ahora solo es uno», confirman desde la Casa del Parque. Una regulación que, en otro cercano Parque Natural alavés, el de Izki, es menos restrictiva, y se adapta a la norma general de la provincia.

Otro punto de visita cesta en mano es La Rioja, donde se regula la posibilidad de regulación por parte de los ayuntamiento, pero no hay norma específica a nivel regional. «Se establece la posibilidad de acotar zonas para aprovechamiento micológico, y ahí sí hay una norma especial y generalmente un máximo de dos kilos de setas a recoger», explica Julio Verdú, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. Pero no son mucho los pueblos que han dado este paso, concentrándose en la Rioja Baja, en sitios como Cornago, Igea, Villarroya… en el resto es libre.

Sí explica Verdú que en La Rioja existe bastante restricción en el acceso a los montes, lo que impide también la entrada de vehículos no autorizados a zonas como el Parque Natural Sierra Cebollera (Cameros), «de alguna manera establece una limitación a la hora de que no se produzcan aprovechamientos descontrolados», valora.