El PSOE se ha atrevido a poner precio a la Ley de Régimen Local del Gobierno. Según la formación  socialista, la reforma le costará a la Comunidad 15.000 empleos públicos, 500 de los cuales afectarán al colectivo de los servicios sociales. Al menos, ésa es la interpretación normativa que hicieron ayer el secretario autonómico de Política Municipal, Juan José Zancada, y la responsable autonómica de los Servicios Sociales de la formación, Marta Olmedo.

 

 Zancada y Olmedo insistieron en señalar que esta reforma del Gobierno supone «un ataque» al municipalismo, al tiempo que, según señaló Zancada, estos 15.000 empleos corren peligro de desaparecer del total de 40.000 que se verán afectados por la reforma y la modificación del reparto de las competencias consecuencia, además, de la tendencia del PP de privatizar servicios públicos.

 

Aseguró que solo 15 municipios de los 2.248 con los que cuenta Castilla y León tienen más de 20.000 habitantes y con esta reforma lo que se va a provocar es una «intervención de facto» como paso previo a la «eliminación de ayuntamientos». Así, reiteró que, tras el establecimiento del coste efectivo del servicio, aquellos que sean deficitarios se transferirán a las diputaciones o a la comunidad autónoma, lo que provocará esta pérdida de empleos.

 

Parte de esos servicios son, según sostuvo Marta Olmedo, los sociales que la Comunidad va a transferir a la Administración autonómica «rompiendo los principios de equidad y de proximidad» y, por el contrario, los va a «estandarizar, burocratizar y significará una peor cobertura para la ciudadanía».

Servicios como los programas de atención a la familia, la ayuda a domicilio o los centros de mayores pasarán de las diputaciones a la Junta algo que, para Olmedo, es «difícil de creer» dada la situación de endeudamiento de estas administraciones.

 

Por eso, dedujo que el objetivo final del Partido Popular es el de «abrir de par en par la privatización de los servicios sociales», lo que provocará la pérdida de 500 puestos de trabajo sólo en esta parcela. «El objetivo es desmantelar los servicios públicos, el cierre de los mismo, la destrucción del empleo y la peor calidad en la asistencia», remachó.

 

La formación mantiene su cruzada contra la reforma que plantea el Gobierno. Esta denuncia se une a la que el lunes  hizo el responsable de la formación en la Comunidad, Julio Villarrubia, que preguntó al PP dónde estaba recogido en el anteproyecto que la dispersión y el envejecimiento vayan a figurar entre los elementos de cálculo del coste de los servicios públicos, negando, además, que exista compatibilidad con la norma que también prepara la Junta.