Joaquín Delgado tiene 50 años y está casado. Estudió Derecho en Burgos y está especializado en Civil. Empezó su andadura al frente del colegio en 2010, pero los 700 letrados burgaleses volvieron a respaldarlo el pasado julio con un segundo mandato.

En los últimos tres años, Joaquín Delgado ha estado al frente de casi todas los actos de protesta organizados en la capital tras determinados anuncios del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Su oposición a casi la totalidad de los planteamientos del dimisionario ministro era conocida por todos y, sin embargo, Delgado no sintió regocijo con su caída. No, porque considera que su empecinamiento abocó al ministerio a sostener agotadoras polémicas con todos los estamentos de la Justicia, sin que ninguna de ellas haya servido para avanzar en nada en un ámbito que necesita muchas mejoras. De ahí que esté expectante ante los primeros movimientos del nuevo ministro, Rafael Catalá.

¿Qué le han parecido sus primeras intervenciones?

Creo que Catalá ha mostrado disponer de una cualidad que me parece muy importante:la prudencia. No ha prometido absolutamente nada, pero sí ha dicho en varios foros que va a tener una actitud dialogante. Y va a reformar la Ley de Tasas, que a nosotros nos preocupa mucho.

¿Qué sintió con la dimisión del exministro Alberto Ruiz Gallardón?

Fue un sentimiento agridulce, porque siempre que alguien dimite significa que hay un fracaso y entiendo que eso, en un ámbito como el de la Justicia, nunca es bueno, es preocupante. Pero por otro lado, sentimos que las reivindicaciones que hacíamos desde la abogacía podían tener salida. La figura de Alberto Ruiz Gallardón había estancado en algunos momentos las posibilidades de  negociación de temas que atenían a todos los estamentos de la Justicia.

Hablaba de la anunciada reforma de la Ley de Tasas, ¿qué cree usted que habría que hacer?

Yo apuesto por la derogación o, en todo caso, dejarla en los términos de la anterior reforma: solamente para las grandes empresas y para determinados supuestos. Que a las clases medias se les aplique la Ley de Tasas me parece un error y una injusticia. Y no desde la perspectiva del abogado, sino desde la del ciudadano. Hay estadísticas que dicen que solamente van a acudir a los tribunales una vez en toda su vida y no es de recibo que esa vez se les cercene la posibilidad de acceso.

¿Cuál es el balance después de tres años de aplicación desde el punto de vista de la abogacía, de qué manera ha repercutido en la profesión?

El balance, primero, es que sentimos que nos falta algo. Muchas veces, cuando tenemos que indicar a un cliente que tiene que iniciar una determinada actividad judicial, vemos que el factor económico -las tasas- cercena el derecho al acceso a la justicia. Y por otro lado, se ha producido una merma notable de los ingresos en los pequeños y medianos despachos, que tomamos nuestros ingresos de la clase media, de la gente que tiene problemas comunes y que son la mayoría.

Otro proyecto que parece que se va a enterrar es el de la polémica Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incluía la tan traída y llevada supresión de partidos judiciales. Este colegio apostó desde el primer momento por el mantenimiento. ¿Está satisfecho?

Sí, pero vuelvo al principio. No estoy satisfecho porque no se reforme la ley; posiblemente, la planta y otras reformas judiciales deberían acometerse. Pero sí estoy contento porque parece que uno de los pilares de esa ley, que era la supresión de los partidos, no se vaya a llevar a cabo. También digo que, más que el nombre propio de los partidos, lo que realmente nos debería preocupar es que existan jueces, juicios y fiscales en todos los territorios judiciales.

¿A qué se refiere?

A que la presencia de los jueces y Tribunales tiene que ser efectiva allá donde está la gente. Es decir, el ciudadano no puede entender que tenga que hacer unos desplazamientos para que se le administre justicia, pero si la Justicia está donde se produce el problema es mucho más cercana, más creíble y, en definitiva, más justa.

¿Qué habría que acometer de manera prioritaria en la Ley Orgánica del Poder Judicial?

Hay que modificar las leyes procesales penales. Y en lo que es la administración de justicia, se debe avanzar en la modernización, en que exista una oficina judicial que realmente funcione, que sea efectiva y moderna.

Pero para eso hace falta dinero y, de momento, nadie ha hablado de incremento presupuestario. Ni Gallardón ni Catalá.

Siempre hemos dicho que no hay reforma de la Justicia sin reforma económica. Economía y justicia están absolutamente enlazadas;no solamente porque se necesiten medios para la reforma de la justicia, sino porque si la justicia funciona, funciona la economía. Si hay seguridad jurídica, la economía funciona mucho mejor. Por lo tanto, la Justicia es un valor que debe estar siempre dentro de los valores fundamentales a la hora de desarrollar un Estado de derecho.

Hablaba de la oficina judicial, de la que siempre ha dicho que se quedó a mitad de camino. ¿Cuál es el balance ahora?

Sigo pensando lo mismo: las reformas que se tenían que haber implementado para que fuese realmente efectiva se han quedado en el camino, sobre todo el expediente judicial electrónico y otras. Y, por lo tanto, estamos ajustando el modelo gracias a la colaboración de jueces, secretarios, fiscales, abogacía del Estado, nosotros mismos, procuradores... Estamos haciendo que ese modelo esté más o menos engrasado y funcione de acuerdo a las necesidades, pero hace falta concreción de modelo. Hay que definir hacia donde se quiere ir.

¿Cree que pueda haber novedades en este sentido, bien hacia delante o hacia atrás, hacia el modelo anterior?

La oficina judicial no ha llegado a todos los lugares de España.  El ministro Catalá nos comentaba el otro día a todos los decanos de España que es necesario hacer un diagnóstico antes de resolver un problema y estoy de acuerdo con él: en cuanto a la oficina judicial y a lo que se quiere, todavía no se ha realizado.

¿Cuál sería el diagnóstico de Burgos, en muy pocas palabras?

Que se está funcionando, pero que no sabemos si va a seguir.

¿No es un poco tomadura de pelo para el ciudadano y para ustedes, que han estado en la primera fila de las protestas, pasar tres años financiando borradores de anteproyectos y proyectos que luego acaban metidos en un cajón o en la basura?

Efectivamente. A nosotros nos queda la sensación de que ha habido demasiado esfuerzo en unas cuestiones que solo funcionan, y el tiempo nos ha dado la razón, con un verdadero consenso. Sí es cierto que los partidos que ganan las elecciones tienen la autoridad política y moral para hacer las reformas que creen convenientes, pero no es menos cierto que cuando esas reformas atañen a la Justicia debe haber un consenso mucho mayor que el que tendría que haber con otras actividades legislativas o del ejecutivo. Y vuelvo a decirlo, existe una conexión entre la economía, la política y la administración de justicia: si queremos una justicia descentralizada igual tenemos que establecer políticas de descentralización en otros ámbitos legislativos y ejecutivos. Todo va unido.

¿Cree que hay una judicialización excesiva del día a día?

Yo creo que no. Yo me resisto a pensar que hay gente que acude a los tribunales porque esa mañana se levantó y decidió que quería fastidiar al vecino. Si existe litigiosidad es porque hay problemas en la sociedad que deben resolverse. Ahora hay muchos concursos de acreedores, ¿quiero eso decir que hay que prohibirlos? No, hay que poner medios en el juzgado de lo Mercantil. Y así sucesivamente. Para mí, la manera de atajar la litigiosidad es muy clara: seguridad jurídica y medios. Además, estamos insultando al ciudadano, diciéndole que ‘usted, que muy probablemente solo va a acudir a la Justicia una vez en su vida, usted es el culpable de que esto funcione mal y de que haya una litigiosidad excesiva’, que tampoco estoy seguro de que exista. No se puede culpar al ciudadano. Creo que, como dijo el ministro, habrá que hacer un diagnóstico, ver qué funcional mal y por qué.

Pero después de tantos años, ¿no ha habido tiempo de diagnosticar cuál es el problema?

Sí, pero hay que poner enfásis en que también faltan medios de diagnóstico. Al tener una justicia muy atomizada, que funciona con muchísimos órganos unipersonales, no tenemos una estadística unificada. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para que podamos saber dónde estamos. Ahora puede llevarnos a engaño o a error.

Con respecto al incremento de jueces y fiscales, ¿qué cree que habría que reforzar en Burgos?

El esfuerzo de la oficina judicial va, precisamente, en la reorganización, en que no existan unidades como tales de manera que crear un juzgado suponga un movimiento de funcionarios muy grande. La oficina judicial tiene esa ventaja: permite crear jueces o puestos de funcionarios allá donde se necesiten y yo creo que esa combinación inteligente entre recursos y necesidades es lo que puede hacer que la administración de justicia consiga agilidad y eficiencia. Son conceptos utópicos, pero hacia los que debemos ir.

Asunto también polémico es el de la posibilidad de implantar la prisión permanente revisable. ¿Qué opina?

Aquí he de dar una opinión personal: a mí no me parece una buena medida. Creo que debe haber seguridad jurídica tanto para el tipo delictivo que se aplica antes -es decir, el conocimiento que se tiene antes de los tipos delictivos- como la posibilidad de tener una certeza de cuánto va a ser o cuál va a ser el cumplimiento de la condena.

Periódicamente hay quien solicita que se endurezcan las penas. ¿Qué cree?

Yo creo que en cuestiones de política criminal hay que tener mucho cuidado, porque no solo con el endurecimiento de las penas se consiguen los efectos deseados. Posiblemente, se consigan más con políticas de prevención que con las de represión. Porque puede dar la sensación de que las personas que cometen un delito, al final, no se sientan intimidadas si la pena es muy grande porque piensan que es tan grave que da igual realizar uno o tres actos delictivos. Hay que tratar de tener la mesura correspondiente para saber cuál es el fin que perseguimos. Y tener cuidado con la tendencia a realizar cambios legislativos penales después de que se haya producido algún hecho execrable.

Una reforma que, sin embargo, va a mantenerse es el traspaso de los registros civiles a los colegios de Registradores. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida?

Que nunca se debía haber privatizado. El cuerpo de Registradores es público, pero también es cierto que hay determinadas actividades que van a suponer un desembolso para el ciudadadano. Entiendo que era un modelo que tendría que haber seguido dentro de la actividad estrictamente pública del Estado.

Con respecto a la Ley de Justicia Gratuita, que también está en fase de modificación, ¿cree que el reducir el nivel de renta para que haya más beneficiarios es suficiente o habría que hacer algo más?

La abogacía está en contra de varios aspectos de la ley. No se entiende que el servicio público que se presta deba ser organizado por los colegios en exclusiva. Por otro lado, también tenemos discrepancias con la territorialidad, porque tal y como está establecido el borrador, un abogado de un colegio muy distante al de Burgos podría apuntarse al turno de oficio de aquí y podría darse un problema de prestación de servicio. Tampoco queda bien solucionado el compromiso de las autoridades para que los emolumentos que se reciben por el turno puedan ser garantizados por el Estado. En cuanto al umbral, abogamos porque existan unos controles más directos sobre los ingresos que se tienen y que se controle si en algunos casos se produce un abuso.

Pero eso es algo que con el expediente electrónico se controla de forma automática.

Sí y, de hecho, quisiera aprovechar para sacar pecho porque la semana pasada [por el jueves 16] nos dieron un premio en Bruselas a la mejor iniciativa de Justicia en este año, por la realización de nuestro expediente judicial electrónico y que la abogacía ha cedido a la administración para que se pueda agilizar la concesión de los expedientes de justicia gratuita.

¿Hay algún problema con el pago en Burgos?

En Castilla y León y el territorio común [es decir, los sitios donde no están transferidas las competencias] el pago es razonablemente puntual. Funciona, y eso hay que decirlo también. Eso sí, creemos que la cantidad que se asigna a cada expediente es escasa.

No tiene datos delante, pero, ¿tienen la percepción de que siggue incrementándose el número de peticiones y beneficiarios de justicia gratuita?

Sí. Los ingresos de las familias continúan descenciendo y, por lo tanto, el umbral de la justicia gratuita alcanza a mucha más gente. Y luego, está el hecho de que las tasas hacen que si muchas personas antes hacían el esfuerzo económico de elegir al abogado que les interesaba, ahora no tengan esa posibilidad.

Vamos ahora con otros asuntos que excenden al ámbito provincial, pero de los que es inevitable preguntar en este momento a quienes trabajan en el ámbito jurídico. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo en Cataluña?

Con preocupación. El lenguaje a veces nos juega malas pasadas, también el jurídico, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con la expresión «derecho a decidir», porque ¿de quién y para quién?. Yo creo que esa expresión probablemente tenga muy difícil encaje en cualquier derecho constitucional comparado. Y es muy complicado tratar el asunto de Cataluña sin ver el asunto de España. Y es imposible que dentro de una Constitución que votaron los catalanes mayoritariamente podamos tener este problema. Creo que, en definitiva, se trata de una utilización de un sentimiento nacional, que es legítimo, en beneficio de otras personas que tratan de evitar otros problemas que tienen los ciudadanos y que son los realmente importantes.

A su juicio, ¿cómo se debe encauzar el problema?

Creo que debemos tener una construcción más europea, más global. Si llegamos al convencimiento de que no somos nada sin los demás, puede que todos tengamos encaje en un sentimiento nacional, regional o como se quiera, pero que es el real. Ahora mismo, las instituciones comunitarias están controlando nuestra vida y lo que no parece muy inteligente es que uno se quiera separar de un Estado para meterse en otro supraestado u organización como es la Unión Europea. Igual debemos buscar un encaje de las regiones, de las comunidades... Hay muchos posibles. Además yo creo que la Constitución española es un marco jurídico que da de sobra para poder tener elementos de diferenciación entre comunidades o, incluso, para avanzar hacia un sistema federalista que, ojo, ahora mismo podría restar competencias a Cataluña.

Pero es que España, prácticamente, ya tiene un sistema federalista.

Tiene más, tiene un sistema un poco diferente. En el sistema federalista, normalmente hay determinadas competencias que son negociables y aquí las comunidades tienen algunas que en un sistema federalista chirriarían.

Este ha sido un año de sucesos en el que se ha hablado de posibles cambios de la Constitución, ese marco jurídico del que usted decía que puede dar mucho de sí y, sin embargo, más que una salvaguarda parece un freno. ¿Tan difícil es acometer reformas?

No, y cuando se ha querido se ha hecho rápidamente. Pero yo creo que la Constitución debe tener ese freno, no podemos estar cambiándola cada cinco minutos. Además, para adoptar cambios hay que tener una actitud serena, no es posible afrontar modificaciones en caliente en una Constitución. Ese sistema de mayorías que establece hace que sea un instrumento válido para un Estado de derecho; si no, se estaría cambiando cada poco. Y es más, si hay algún problema dentro del poder legislativo o ejecutivo que se aparte de la Constitución, esta permite reconducirlo a los cauces de la legalidad. En el Estado de derecho la ley es el imperio.

Sí, pero es cierto que son tiempos en los que están sucediendo cosas inéditas en democracia.

Sí, pero el derecho está en nuestra vida porque está en nuestras normas de conducta. Cuando bajas a la calle y cruzas un paso de cebra porque un coche ha parado, el hecho es que has cruzado porque alguien ha cumplido la ley. El derecho y convivencia se basan en que el cumplimiento de la ley es la norma. Con incumplimientos masivos, desaparece el Estado de derecho y la posibilidad de organizarse. De ahí vienen las revoluciones, de incumplimientos masivos de las leyes.