Todos los municipios de menos de 1.000 habitantes o que tengan un presupuesto anual inferior a un millón de euros que se incorporen a una futura mancomunidad de interés general, deberán sostener en común un puesto único de funcionario con habilitación de carácter estatal con otros municipios colindantes, que en su conjunto no superen los límites expuestos.

Así lo establece la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León en el capítulo V, artículo 54, ap. 3 al hablar de la planificación y gestión del personal para los nuevos entes supramunicipales que prevé crear la normativa autonómica

La voz de alarma sobre las nefastas consecuencias que esta decisión puede traer la ha dado el presidente de Partido Regionalista de Castilla y León (Prcal), José Ignacio Delgado, tras conocer este extremo en la reunión informativa celebrada el pasado martes en la  Federación Regional de Municipios y Provincias.

Delgado advierte de que esta limitación, extensible al personal de apoyo, afectará alrededor del 90% de los 2.248 municipios de Castilla y León, entre ellos los de la totalidad de la comarca exceptuando Aranda y Roa, «creando problemas donde antes no existían y complicándonos la vida al funcionamiento normal de los ayuntamientos».

Para el también alcalde de Caleruega, localidad que actualmente tiene creada una agrupación municipal para el sostenimiento en común de la plaza de Secretaría-Intervención que resultará a todas luces insuficiente y a la que deberán anexionar otras poblaciones, con este planteamiento existe peligro evidente de desaparición de muchos puestos de trabajo de funcionarios, interinos, auxiliares contratados... «cuando -indica- estos gastos los soportamos los ayuntamientos sin pedir nada a nadie y con un criterio de racionalidad, pues somos los primeros interesados en que funcionen nuestros ayuntamientos».

Delgado apunta que en la reunión de la FRMP en la que participaron el consejero de Presidencia,  José Antonio de Santiago Juárez, y la viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, hubo muchas preguntas en torno a este tema y protestas claras por lo que califica como  «injerencia» que supone esta ley en la autonomía municipal.

«Ya de por sí nuestros ayuntamientos tienen una carga de trabajo muy grande y estamos prácticamente asfixiados. Si además tienen que agrupar nuestros secretarios más pueblos para llegar a esa ratio, va a ser mucho más complicado, por no decir imposible, poder atender debidamente los servicios municipales».

Asimismo, sobre las mancomunidades de interés general, puesto que el propio consejero reiteró que no se va a forzar absolutamente a ninguna, y que pueden quedar las mancomunidad actuales tal y como están, si no se quieren agrupar, consideran que estas manifestaciones vienen a demostrar que será imposible llevar a cabo esta ley, forjando mancomunidades de entre 5.000 a 30.000 habitantes y con servicios y capacidad de gestión adecuadas.

HABLAR POR HABLAR

«Nos parece que es hablar por hablar, hacernos perder tiempo para no ir a ningún sitio, dejando solamente claro la voluntad manifiesta de dar mayor poder a las diputaciones, la inseguridad en la que quedan las pedanías y juntas vecinales y complicando la existencia aún más a los pequeños ayuntamientos que seguiremos soportando la mayor carga de las competencias. Como hacemos desde 1985, con la Ley reguladora de bases de la administración local en su artículo 25», manifiesta el presidente regionalista.

El Prcal opina que se podían haber hecho mancomunidades de interés general uniendo mancomunidades contiguas y con incentivos económicos y por decreto ley como se ha hecho en otras comunidades autónomas como Valencia o Baleares, con criterios de eficacia y eficiencia y acercamiento de los servicios al ciudadano