El presidente del PP de Burgos, César Rico, ha pedido este jueves  la "inmediata dimisión" del concejal de Nuevas Tecnologías (NN.TT)  del Ayuntamiento de la capital burgalesa, Eduardo Villanueva, por su  conducta "reprochable" y "desviada" después de que se recibiese una  factura de teléfono móvil por importe de 207.000 euros.  

"Dudamos de que su actuación se haya limitado para lo que fue  designado", ha aseverado Rico en declaraciones recogidas por Europa  Press, antes de añadir que su actuación ha sido "desmesurada" e  "inapropiada".   

En este sentido, ha señalado que la Dirección del PP de Burgos ha  esperado a conocer el devenir de los acontecimientos para  pronunciarse al respecto pero que, tras conocer los datos del informe  municipal acerca del consumo y facturación de la tarjeta de datos y  las explicaciones  "no convincentes" del edil, se ha acordado  solicitar su dimisión porque se entiende que "no es el ejemplo que  exige la sociedad" y su actitud ha supuesto el "descrédito" del PP.   

Al respecto, ha explicado que se ha instado al alcalde de Burgos,  Javier Lacalle, a que destituya al concejal de todas sus  responsabilidades municipales y se le separe del Grupo Municipal  Popular, en el caso de que no presente su dimisión, además de  suprimir su dedicación exclusiva.   

Ante la posibilidad de que el edil hubiese utilizado su tarjeta de  datos y duplicados de ésta para fines partidistas, ha asegurado que  "no tenía instrucciones" del PP para tal finalidad, a la vez que ha  insistido en que el elevado consumo de su terminal se ha prolongado  en el tiempo, más allá de periodos electoralistas.   

En cuanto a su posible expulsión del partido, ha señalado que no se  descarta en función de lo contemplado en los estatutos de la  organización, aunque "lo primero es la sociedad" y, con  posterioridad, se decidirá si expulsarlo.   

Cabe recordar que los hechos se remontan al periodo comprendido  entre abril y mayo de 2011, cuando el Ayuntamiento de Burgos recibió  una factura del terminal de datos del edil por valor de 207.000  euros, que finalmente se redujo a 128.000 euros.   

El informe municipal elaborado para esclarecer los hechos refleja  cómo la factura, sobre la que existía un decreto firmado por el  concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, para que no se firmase, se  incluyó dentro del paquete adherido al Plan Montoro.   

Aunque existe una contrafactura de la compañía telefónica al  respecto, el informe determina que el elevado consumo de datos  existió, mientras que Tesorería no tiene constancia del reintegro de  la cantidad abonada, achacada a un error en la aplicación de la  tarifa plana.