Un «ambiente de alta religiosidad», varios exorcismos e intentos de suicidio son algunos de los elementos en torno a los que gira una investigación recientemente abierta por el Juzgado de Instrucción número de 2 de Burgos. La víctima es una menor de edad de la capital, si bien acaba de cumplir 18 años. Parte de su familia denunció el 13 de agosto ante el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Comisaría unos hechos que podrían ser presuntamente constitutivos de delitos de lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual.

La magistrada María Dolores Fresco, una vez analizado el relato de la niña ante la Policía Nacional y leídas las declaraciones de los padres ante los agentes, decidió el 26 de agosto abrir diligencias previas. De los hechos que aparecen en el atestado la jueza señala que «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de violencia de género, lesiones y maltrato familiar». Por ello llamó a declarar como imputados a los padres de la chica, quienes se negaron a prestar testimonio en sede judicial. Pocos días después de denunciar la joven salía del domicilio familiar para recalar en un centro de menores de la Junta de Castilla y León.

Ante la Policía Nacional la menor declaró que en mayo de 2012 comenzó con «unos problemas de anorexia acompañados por problemas nerviosos de ansiedad» y que dejó de comer «por hacer penitencia», la misma razón que le llevó a realizarse «cortes en las muñecas». ¿Quién le animó a efectuar esos actos de flagelación? Confesó que su madre y el grupo religioso de la ‘Milicia de Santa María’.

Sus padres, según el relato de la joven en la Comisaría de Burgos, interpretaron los ataques de ansiedad «como una posesión demoniaca», algo que les había sugerido un seminarista estudiante de Teología, quien manifestó a sus progenitores que «tenía unos sueños en los que aparecía María (nombre ficticio) siendo ahogada por un demonio».

Entre septiembre y noviembre del año 2012 estuvo ingresada en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico de Valladolid «por una sintomatología compatible con anorexia». Allí confiesa a los doctores que desde hace unos meses «tiene un demonio dentro, que es quien le engaña y motiva a hacerse daño». La finalidad de no comer «no es adelgazar sino autocastigarse», advierte a los facultativos.

En marzo de 2013, según el atestado policial, sus padres la trasladan a un convento en la zona de Guadalix (Madrid), donde le fue practicado su primer exorcismo. Los ingresos en el Hospital Universitario de Valladolid y en el de Burgos son continuos hasta mayo de 2013 y pierde el curso escolar.

En septiembre asegura que es expulsada de la catequesis de la parroquia de la Virgen del Rosario (Fuentecillas) -su madre indica ante la Policía que no le prohibieron asistir, solo le aconsejaron que dejara de ir porque «decía cosas inusuales relacionadas con el suicidio». Algunos catequistas le espetaron que «estaba endemoniada», que tenía «algo que no se lo curaba un médico y que iba a ir al infierno». Su padre la insultó gravemente llamándola «hija de puta», pero que no se lo decía a ella, «sino al demonio que llevaba dentro». Todo ello mientras la zarandeaba y la sujetaba por los brazos.

Desde un tercer piso

Tras varios intentos frustrados el 24 de septiembre de 2013 decidió acabar con su vida tirándose desde un tercer piso. Pero sobrevivió, si bien sufrió lesiones muy graves en la columna vertebral, las muñecas y el tobillos derecho, lo cual le dejó inicialmente postrada en una silla de ruedas. Con anterioridad, en uno de sus primeros episodios autolíticos, su madre le dijo: «Anda y tírate por la ventana». Su progenitora reconoció haber pronunciado esta frase «en un momento de estrés», cuando su hija amenazaba «con cortarse las venas o ingerir pastillas».

Tras varias conversaciones y gestiones con un seminarista, una profesora de religión y un párroco de Burgos, llegaron a la conclusión de que estaba «poseída por el demonio». En abril de 2014 la llevaron al convento de San Joaquín y Santa Ana, de Valladolid, para que el único exorcista de Castilla y León en ese momento -Burgos cuenta ahora con uno- le liberara del diablo. La tumbaron en el suelo a los pies del altar, pero como intentó escaparse, tras ponerse muy nerviosa, la sujetaron por los brazos y se sentaron encima de las piernas. Mientras un señor le sujetaba la cabeza, una señora «le ponía un crucifijo y apretaba con fuerza». Le hicieron daño y le causaron una herida, además de colocarle imágenes de santos por todo el cuerpo.

Durante el rito, que duró entre una y dos horas, el exorcista estuvo rezando el rosario y otras oraciones de sanación. Le hizo beber agua con sal exorcizada y se dirigía a ella voceando expresiones como: «¿Quién eres, Satanás, Belcebú, el diablo en persona?» Y también: «Bestia inmunda, dixi mi como tu a dominaris». Como el diablo no contestó, concluyó que la posesión era total y le recomendó, según la joven, que dejara de tomar la medicación prescrita por su psiquiatra. Durante el exorcismo sintió dolor, miedo e impotencia por no poder escapar, pese a que pidió varias veces que cesaran.

Según la denuncia, esta ceremonia se repitió hasta en 13 ocasiones. En vista de que no tenían mucho éxito fue obligada a rezar todos los días y uno de ellos se desmayó por llevar mucho tiempo de pie. Su padre le dio varias patadas mientras le gritaba que se levantara. En otra ocasión, al no querer rezar el rosario, le ataron las piernas y las manos y la introdujeron una braga en la boca.

El Juzgado de Instrucción 2 aún no ha tomado declaración a la presunta víctima, pues la Junta se ha opuesto a ello por el momento. Sus padres fueron llamados el día 10 de octubre, si bien se acogieron a su derecho de no declarar en sede judicial. Sí lo habían hecho ante el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. A finales de noviembre fueron citados los parientes de la joven, pero no declararán hasta el mes de enero. Seis tíos maternos de la chica, que son los denunciantes, se han constituido en acusación popular.

El juzgado no les consideró la condición de perjudicados -solo a la víctima-, razón por la cual no pudieron personarse como acusación particular. Sin embargo, tras pagar una fianza de 3.000 euros sí lo hicieron como acusación popular. En todo caso, antes de cumplir este trámite la magistrada María Dolores Fresco ya había incoado diligencias previas de investigación.