Apenas ocho días ha durado la alegría en Santa María de Garoña y la defensa a ultranza de un discurso positivo y que cerraba filas en favor de la continuidad hasta 2019. El pasado 3 de julio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicaba en el Boletín Oficial del Estado el nuevo decreto que da a Nuclenor la oportunidad de solicitar una nueva autorización de funcionamiento entre 2013 y 2019, pero el pasado martes, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy el ministro Soria anunciaban una reforma del sector y nuevos impuestos a la generación eléctrica que no han sido bien recibidos por el sector y que ponen en peligro la viabilidad económica de la planta. Desde Iberdrola, coopropietaria de la central nuclear junto con Endesa, aseguran que «no hay una decisión tomada sobre si se presentará la solicitud de renovación antes del 6 de septiembre», porque el Consejo de Ministros aún no ha aprobado la reforma ni ha explicado los detalles del nuevo impuesto.
Pero fuentes del sector eléctrico aseguran que en estos momentos «Iberdrola y Endesa están analizando la rentabilidad de Garoña teniendo en cuenta los nuevos impuestos y tasas que plantea el gobierno sobre la energía nuclear». Previsiblemente serán aprobados en Consejo de Ministros este mes de julio, por lo que pronto se podría volver a esclarecer el futuro de la central.
Desde el sector aseguran que «la pretendida reforma energética, que se ha quedado en un mero ejercicio recaudatorio, va a tener consecuencias muy graves» y entre ellas citan que «hunde a las empresas, cuyos beneficios en la actividad convencional en España se verán reducidos literalmente a cero». Si eso sucede en plantas de generación eléctrica sin grandes gastos a la vista, el futuro de Garoña, donde la renovación de su actual permiso de explotación obliga a realizar millonarias inversiones en materia de seguridad (motivadas por el accidente de Fukushima en Japón ) y en modificaciones de diseño, parece que se tiñe de negro.
Ecotasa regional
A los propietarios de Santa María de Garoña también les preocupa que después del impuesto avanzado por Rajoy pueda venir la ecotasa que la Junta de Castilla y León anunció para las nucleares y que tampoco han aprobado todavía las Cortes regionales a la espera de que se concrete el futuro de la central nuclear. Desde el sector abogan por la unificación de las tasas e impuestos de los gobiernos central y autonómicos y advierten que la duplicidad de impuestos recaerá en gran medida en los consumidores. Una información publicada ayer por Cinco Días cifraba en 200 millones de euros lo que tendrán que pagar de más los ciudadanos por la electricidad en Extremadura, Castilla y León, Castilla La Mancha y Murcia, donde se pretenden repercutir las ecotasas.
El Gobierno central planea, según han avanzado esta semana distintas fuentes, un gravamen del 4% y además una tasa específica a la nuclear de 10 céntimos por megavatio hora producido. En conjunto, el sector calcula que el Gobierno recaudará 3.500 millones de euros, con los que podría compensar el gasto que le suponen las primas a las plantas fotovoltaicas y termosolares y que en 2011 recibieron 3.800 millones de euros, según los datos de la Comisión Nacional de Energía.