Un acuerdo tomado por el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que obedece a las exigencias que el propio CSN planteó en julio de 2014 a Garoña dentro del proceso de evaluación de su solicitud de renovación del permiso de funcionamiento hasta 2031 ha vuelto a romper el consenso y la paz que predominan entre los consejeros del organismo regulador. Un asunto técnico, como es la actualización de las curvas de presión y temperatura que la vasija del reactor podrá soportar, en caso de ponerse de nuevo en funcionamiento, volvió a llevar la pasada semana a la consejera socialista, Cristina Narbona, a emitir un voto particular en contra, y al presidente del CSN, Fernando Martí, y al consejero Castelló a emitir sendos votos en los que reprochan a Narbona su actitud y la acusan de «menoscabar la credibilidad del CSN» con la reiteración de su voto en contra en asuntos relativos a Garoña.
El CSN, que ayer dio a conocer el acta del pleno del pasado día 4, en que se produjo el conflicto, consideró como «aceptables» la hipótesis y metodología de calculo aplicadas por Nuclenor para calcular las curvas de presión y temperatura de la vasija del reactor, así como las curvas de presión y temperatura propuestas por la empresa y que son «equivalentes» a las calculadas por el CSN. La actualización del cálculo de los límites de presión y temperatura de la vasija, realizados en base las últimas investigaciones, «garantiza que en cualquier momento de la operación de la planta, la tenacidad de los materiales ferríticos de la vasija es suficiente para resistir los esfuerzos esperados».
En este aspecto técnico, el voto particular de Narbona no entra ni sale, pero vuelve sobre lo ya dicho en anteriores ocasiones. Reitera las circunstancias «inéditas» que se dan con el proceso de renovación del permiso de Garoña, al haberse solicitado autorización para un periodo superior a diez años que no coincide con las revisiones periódicas de seguridad, y como es la primera vez que se pide permiso para operar un reactor hasta los 60 años.
Ante ello, la exministra de Medio Ambiente solicita de nuevo al pleno que decida sobre la «buena práctica vigente que asocia las revisiones periódicas de seguridad que se hacen cada 10 años con el periodo de autorización de explotación y que, en caso de variar esta práctica, explique «las implicaciones técnicas derivadas de operar a 60 años». Sin que ese debate se produzca, Narbona ve «inadecuado proseguir con la evaluación» de Garoña, pero el presidente del CSN, Fernando Martí opina que «la reiteración de argumentos, opiniones o juicios de valor no introduce elemento novedoso alguno desde el punto de vista de la seguridad nuclear». Además, cree que la actitud de Narbona «menoscaba la credibilidad de este organismo regulador», una opinión en la que coincide el consejero Fernando Castelló, para quien además Narbona se basa en el error de «confundir los mecanismos de evaluación de una revisión periódica de seguridad sobre los diez años pasados con los de la evaluación para su continuidad para operar en el futuro».