La Consejería de la Presidencia trabaja en la elaboración de un informe con las alegaciones al anteproyecto de reforma de la administración local del Gobierno, para lo que cuenta con un plazo de quince días, y reclama la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Asuntos Locales para analizar «sus luces y sombras».
La Junta aseguró ayer, por boca de su portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, que no rehuye asumir, si así lo contempla la nueva ley, competencias en educación y sanidad gestionadas ahora por las entidades locales, pero subrayó que los ayuntamientos deberán traspasar a la Comunidad la financiación, además de los medios materiales y humanos, de dichas funciones que ahora tienen encomendadas por ley.
El consejero de la Presidencia y portavoz quiso destacar la «compatibilidad» absoluta del proyecto nacional y el de Castilla y León, lo que «cierra los debates estériles» sobre ambos modelos. Como ejemplo, mencionó que la ley recoge como entidades locales menores las mancomunidades de municipios.
impropias o incómodas. De Santiago-Juárez reconoció que el proyecto tiene «luces y sombras» e indicó que no comparte que la conservación, mantenimiento y vigilancia de centros de educación infantil y centros de atención primaria de salud se consideren competencias impropias de los municipios, cuando, como recordó, existen dos leyes orgánicas y la ley de Bases de Régimen Local que se la atribuyen a las entidades locales. «Pueden ser competencias incómodas, pero no impropias, tienen un marco legal claro», precisó. «Los municipios tendrán que transferir la competencia y el dinero, es de sentido común», añadió.
El consejero manifestó que cuando se produzcan esos traspasos tendrán que ver cuál es el «coste estándar» al que se refiere el anteproyecto para la asunción de esas materias por las comunidades, si bien apuntó al apartado del texto en el que se recoge que si un municipio no transfiere la competencia de acuerdo con el coste estándar se le retendrá la aportación del Estado. «Nadie rehuye asumir competencias, pero con dinero», insistió.
oportuna. La propuesta de ordenación territorial de la Junta es «compatible y oportuna» una vez conocido el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Para evitar que los municipios de menos de 5.000 habitantes pierdan sus competencias por no rendir las cuentas, De Santiago-Juárez subrayó que el modelo de la Junta pone a disposición de ellos una herramienta como la asociación voluntaria de municipios en mancomunidades de interés general. En Castilla y León hay 2.289 localidades de menos de 5.000 habitantes que, de acuerdo a la nueva ley, tendrán que contar y cumplir con un plan económico financiero para no perder sus funciones. “No sabemos ahora cuántas tienen ese plan o no”, añadió.
Una de las peticiones de la Junta es que los municipios tengan más tiempo, no los tres meses que figuran en el texto del Gobierno, para presentar las cuentas.