La desolación que siente una familia en el momento de ser desahuciada se refleja cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación, pero poco o nada se sabe de las cuatro o cinco personas que tienen que llamar al timbre para desalojar a la familia, cambiar la cerradura y cumplir con la decisión de la propiedad, sea un arrendador o sea la entidad bancaria. «Es de las peores diligencias. Hay casos en los que se llega y la familia está durmiendo, tiene sus enseres personales... En definitiva, siguen viviendo y hay que desalojarles», afirma la secretaria judicial responsable de la organización de las comisiones judiciales que acuden tanto a los desahucios por impago de alquileres como a las polémicas y cada vez más habituales ejecuciones hipotecarias, María Teresa de Benito. «Son situaciones muy dramáticas que, humanamente, pueden llegar a marcar», añade el secretario coordinador provincial, José Luis Gómez.

En la capital, en cada una de estas diligencias, denominadas de lanzamiento, participa un grupo fijo de personas: dos funcionarios judiciales (uno del cuerpo de gestión y otro del cuerpo de auxilio), un procurador en representación de la entidad financiera o de la parte ejecutante (el propietario de una vivienda en alquiler, por ejemplo), y un cerrajero, que también paga la propiedad. En ocasiones, si se trata de un caso especialmente complicado, también acude un secretario judicial pero, según Gómez, no es lo habitual.

En la oficina judicial hay cuatro equipos de personas encargadas de materializar los desahucios, que se corresponden con cuatro zonas geográficas de la ciudad. De esta manera, a los del centro acuden unos funcionarios y a los de Gamonal otros, por poner dos ejemplos de la división. Hace algunos años, estos cuatro equipos podían trabajar al mismo tiempo, pero el incremento de los desahucios en los últimos años imposibilita que ahora se pueda trabajar de esa manera. Son demasiados. Entre 2008 y 2011 ha habido un incremento del 56%, pasando de los 160 de hace cuatro años a los 283 del año pasado. Y en lo que va de 2012, hay un centenar de señalamientos, de los que ya se han ejecutado 31.

 A la cantidad hay que añadir que a todos los desahucios se acude con policía y ahora es inviable pensar que se puede desplegar a buena parte de los efectivos para proteger a los enviados del desahuciador, que aunque no tienen arte ni parte en el hecho, son los rostros visibles a la hora de la verdad y, muchas veces, las personas sobre las que descargar. «¿Cómo lo toman? Depende. El ejecutado conoce la práctica de la diligencia de lanzamiento con antelación y hay veces en las que lo hace voluntariamente y cuando llega la comisión ya no hay nadie. Estos casos no los contabilizamos, pero no son mayoría», cuenta de Benito. Lo más habitual es que cuando llega el equipo de turno, haya que tocar al timbre y esperar a que alguien abra la puerta, a veces hecho polvo y, las más, resignado. «Una ejecución hipotecaria es un proceso muy largo, desde que se plantea la demanda hasta que se produce el lanzamiento pueden pasar hasta nueve meses, así que da tiempo a asumir lo que va a ocurrir», apostilla.

Pero también es cierto que hay veces en las que lo que ocurre es que la vivienda está ocupada y el inquilino no está dispuesto a salir. «Hay que tener mucho tacto, mucha paciencia, volver a explicar lo que va a ocurrir y por qué». Cuando se da esta circunstancia, lo más habitual es que todas las partes -el ejecutante, el ejecutado, la comisión judicial y el cerrajero- lleguen al acuerdo de conceder una moratoria para que el desalojo sea menos traumático. Lo más habitual es dar un plazo de siete u ocho días más, aunque también hay excepciones en las que se acuerda más tiempo. Esta semana, por ejemplo, saltó a la primera plana la gestión de una monja directora de un colegio en Madrid que ha conseguido que Bankia retrase el desahucio de una familia hasta que los niños terminen el curso en el centro que ella dirige. Pero para esto es fundamental que la parte que ostenta la propiedad se avenga a conceder la moratoria.

Subasta sin subasteros

Hasta la fecha, en la capital no ha habido casos tan mediáticos como el citado, pero es de prever que acabarán produciéndose porque, al igual que en otras provincias, se está formando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que en otros sitios ha impedido varios desahucios bloqueando el paso en el momento del desalojo.

De Benito explica que «situaciones dramáticas, dramáticas al llegar a los domicilios se veían más en el pasado. La vivienda se subasta y, ahora, los subasteros ni siquiera acuden, por lo que, en los casos de ejecuciones hipotecarias, se le va a adjudicar a la entidad bancaria por un precio muy inferior al que se hipotecó. Pero la ejecución hipotecaria no va a acabar ahí, sino que va a continuar contra todos los bienes que pueda tener el ejecutado, tanto si son propiedades como la nómina, la parte que se pueda embargar. Ese es el verdadero drama, porque te das cuenta de que va a quedar toda la vida pendiente de esa deuda»

 Aunque la comisión judicial es quien se lleva la peor parte en el momento crucial, en los Juzgados consideran que la opinión pública tiene bastante claro de quién es la responsabilidad. «En los arrendamientos, hace años era el arrendado quien estaba más desprotegido, pero ahora, en cambio, creo que todo el mundo está de acuerdo en que se proteja a los arrendadores porque no ha cobrado y muchas veces hay un deterioro importante e intencionado en su vivienda. Pero en las ejecuciones hipotecarias, se responsabiliza a las entidades bancarias», concluye de Benito.