En estos tiempos de crisis económica el intrusismo laboral es un fenómeno especialmente preocupante, pero más si cabe para un sector como el de la seguridad privada, cuya facturación ha bajado un 24% en los últimos años, según señaló ayer Moisés Jesús Crespo, jefe de servicios de Prosegur y representante en Burgos de la patronal Aproser. Por ello confía en que nueva normativa que regula la actividad -el reglamento está en fase de redacción en estos momentos-  castigue y contribuya a «minimizar y erradicar» esta práctica «tan perjudicial».  

Crespo hizo estas declaraciones en el Día de la Seguridad Privada, cuya celebración tuvo lugar ayer en un acto en la Subdelegación del Gobierno. El intrusismo se revela de dos formas, según explicó el representante del sector. Por una parte «están las empresas denominadas piratas, que no están habilitadas para ejercer esta actividad», y por otro están los trabajadores que «carecen de titulación y en realidad son personal auxiliar de empresas de servicios». Estos empleados están al margen de cualquier convenio, «con la problemática añadida de que no son profesionales y, por tanto, su labor carece de la eficacia que sí ofrecen los trabajadores acreditados».

Sobre el actual momento que vive en sector, Crespo considera que ha tocado fondo y «ahora mismo la caída se ha parado y la actividad se ha estabilizado e, incluso, incrementado». Aunque advierte de que en un sector como el de los servicios la recuperación económica «tarda  más en notarse que en otros ámbitos».

La seguridad privada tiene habilitados en estos momentos en Burgos 1.419 vigilantes de seguridad, 31 jefes de seguridad, 273 escoltas privados, 62 directores de seguridad y 7 detectives privados, englobados en 38 empresas, según los datos de la Subdelegación. Pero de esos más de 1.400 profesionales con título solo trabajan en el sector unos 700, según señaló Crespo. «El resto o desempeña trabajos en otros ámbitos laborales o se encuentran en el paro», lamentaba.

Más competencias

La nueva legislación, al margen de perseguir el intrusismo, «también abre nuevos campos de negocio para la seguridad privada». El representante de la patronal expresó ayer su deseo de que las autoridades españolas permitan a la seguridad privada asumir otras competencias, como ingrediente básico para seguir creciendo en «una sociedad en continuo cambio, que requiere de la colaboración entre el sector público y el privado». Como ejemplo, se refirió a la posibilidad de que los vigilantes puedan desempeñar «labores de control en zonas peatonales, comerciales, pagados por los propios empresarios, sin interferir en el trabajo de las fuerzas policiales, solo para sumar esfuerzos». También aludió a la opción de copiar a países europeos en los que vigilantes privados «colaboran por ejemplo en la práctica de pruebas de alcoholemia o en la seguridad de vueltas ciclistas, etc», indicó.

José María Arribas, el subdelegado de Gobierno en Burgos, indicó que el camino está en «potenciar la colaboración, porque la ayuda de la seguridad privada es inestimable para la consecución de los bajos niveles de delincuencia que hay en Burgos». Recordó que el índice de delitos y faltas bajó en 2014 un 1,5% respecto al año anterior.

 El acto celebrado ayer unificó en una única celebración los reconocimientos que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil tenían por costumbre convocar anualmente para agradecer su apoyo a las empresas del sector.