El equipo de gobierno del Ayuntamiento arandino ha comenzado a dar pasos para intentar legalizar la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y evitar su desmantelamiento en base a la resolución del Tribunal Superior de Justicia  de Castilla y León que daba un plazo de un mes para regularizar la instalación o, en caso contrario, ejecutar la sentencia que en 2001 la declaró ilegal por situarse a menos de dos kilómetros de un núcleo de población y ordenaba devolver los terrenos a su estado original.

En la última Junta de Gobierno se aprobó el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de un estudio de impacto ambiental y la elaboración de la documentación técnica e informes necesarios para la legalización de la EDAR. Asimismo, se encargó solicitar a la empresa Saitex oferta para los trabajos de redacción.

El concejal de Servicios, Javier Rojas, explica que aunque en una reunión mantenida con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para analizar el pronunciamiento judicial y cómo encauzar las acciones, el organismo ministerial consideraba que para obtener la licencia de actividad y de obra, declaradas también ilegales por el fallo, no era necesario un estudio de impacto ambiental, puesto que no se requería cuando se construyó, de acuerdo con el criterio de los técnicos municipales se ha optado encargarlo para ajustarse a la normativa actual y evitar sorpresas negativas.

«No queríamos caer en ninguna interpretación que pueda decir que sí que hace falta o que no. Desde el Ayuntamiento creíamos que no podíamos dejar eso en el aire y exponernos a que luego dijeran que no se legalizaba porque carecía del estudio», justifica Rojas, máxime con la premura de plazos y la fuerte inversión en juego.

El edil popular se muestra convencido de que con este trámite, una vez que el TSJ ha tomado en consideración el cambio normativo aplicado en 2009 para tratar de legalizar precisamente esta instalación a través de la Ley de Medidas Financieras de Castilla y León que contempló la derogación, con carácter retroactivo, de la Ley de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas que establecía que una EDAR debía estar situada al menos a 2.000 metros de un núcleo de población, conseguirán evitar el desmantelamiento de la planta. «Estamos convencidos y ojalá que sea así por el bien de todos. Otra cosa serán luego las indemnizaciones. Primero vamos a solucionarlo y a legalizarlo con todas las bendiciones», apunta.