Recuerda que siempre supo que quería ser misionero. Era apenas un niño y se quedaba embelesado escuchando las historias que le contaban en el colegio de La Salle al que acudía. Así que en cuanto pudo, este sacerdote diocesano de 41 años de edad, que ejerció su ministerio en Aranda y en Sedano, se marchó para el Perú y allí, en una localidad llamada Pichanaqui, en la selva central (rica en café, piña y cítricos) y en el vicariato apostólico de San Ramón, no solo se ocupa de la salud espiritual de su grey -y más en concreto de la pastoral juvenil- y de hacer labores de carácter social repartiendo alimentos y ropa entre las familias más necesitadas sino que se ha revelado como uno de los líderes locales más potentes contra los abusos de las petroleras.
Esta apasionante historia la va a contar hoy a partir de las 20 horas en la sala Polisón del Teatro Principal en un acto organizado por Cáritas y en el transcurso del cual se proyectará el documental Pastaza, que lleva el nombre de uno de los ríos contaminados también en el Perú por efecto de las multinacionales y cuenta cómo se ha cambiado la forma de vida en toda la zona. La defensa de la naturaleza en la Amazonia peruana. El trabajo de las comunidades indígenas frente a la actividad agresiva de las compañías petroleras es el título de la conferencia que imparte el misionero.
El problema de Pichanaqui es con la transnacional argentina Plus Petrol, que en el año 2005 obtuvo una concesión para explotar hidrocarburos pero no la puso en marcha hasta el año pasado: «Lo ha hecho en una primera fase pero sin que nadie de la zona tuviera información y sin cumplir la normativa que dice que se tiene que consultar a las comunidades nativas para realizar alguna explotación o cualquier otra cosa que les afecte. Además, esta empresa tiene antecedentes de haber actuado así en otras zonas del país donde ha contaminado mucho los ríos».
Esta es la razón por la que Ricardo García se ha puesto al frente de la pelea: no quiere que Pichanaqui se contamine ni que se le cambie la forma de vida a sus habitantes aunque también le subleva que la empresa ande por allí sin el permiso de la gente: «En realidad, es el Estado el que ha vulnerado los derechos de las personas, pues es él quien tiene que consultar a las comunidades nativas según el convenio de la OIT que Perú firmó en 1994. Y no lo ha hecho».
Y es que las consecuencias que se prevén de la extracción de petróleo o gas no solo son medioambientales sino también de carácter cultural y social: «Ya ha demostrado en otras partes que no solo afecta a la agricultura, que es la actividad primordial de la zona, y al agua, que, a mi juicio, es el bien más importante del Perú, sino también a la cultura de los nativos y de los colonos que han ido después. Cuando hay una empresa de este tipo se instala mucha gente, se genera, a veces empleo, pero lo que realmente pasa con el dinero que llega es que aparece el alcohol, la prostitución, los embarazos no deseados en adolescentes y otro tipo de problemas y conflictos sociales».
Así que el burgalés Ricardo García fue nombrado, nada menos que ‘fiscal del comité de defensa ambiental’ a raíz de su labor de sensibilización realizada desde la parroquia. «En realidad es que no han tenido nada de información y en una de las charlas se decidió que el comité de defensa medioambiental necesitaba un fiscal, es decir, alguien encargado de que se cumplan los acuerdos que se toman y que supervise la labor que se está llevando a cabo y eso es lo que hago», afirma. Como tal, está recibiendo, si no amenazas directas de la empresa, sí mensajes que intentan desmontar el trabajo que está realizando y conseguir que tire la toalla. Pero dice que no tiene ningún miedo y que va a seguir.