«Es esencial que los ciudadanos elijan directamente a los diputados provinciales»

L.M.T./E.P. (Ical)
-

Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid. - Foto: Ical

Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid, considera que las instituciones provinciales tienen que seguir siendo un órgano de «apoyo, auxilio y asesoramiento a los pequeños y medianos municipios» porque esa es su «razón de ser». Además, califica como «muy positiva» la reorganización territorial impulsada por la Junta porque opina que, si no se va a modelos asociativos, determinados servicios «pueden peligrar».

¿Cuál debe ser el papel que tienen que ejercer para que sean útiles y no se las cuestione?

El papel que cumplen, que es su razón de ser, es ser un órgano de apoyo, auxilio y asesoramiento, desde el punto de visto económico y técnico, a los pequeños y medianos municipios. Además, es el órgano de gobierno y administración de la provincia, y el garante de que los derechos, las obligaciones y las oportunidades sean las mismas en el ámbito territorial urbano y en el rural.

¿Cree que los ciudadanos perciben ese apoyo que prestan a los municipios?

En España hay 15 millones de personas que viven en el mundo rural y esas personas tienen muy claro qué son las diputaciones y para qué sirven.

¿Dónde cree que está la clave para garantizar el futuro de los pueblos más pequeños?

Nos jugamos el futuro con dos cuestiones: las nuevas tecnologías y el transporte, en definitiva, la comunicación, que es lo que al final produce el progreso, más en un territorio de casi cien mil metros cuadrados como Castilla y León, con una baja densidad y gran dispersión de la población.

¿Cómo valora el proceso de ordenación del territorio que se está desarrollando?

Es muy importante para Castilla y León porque somos una Comunidad con 2.248 municipios, y la crisis pone en evidencia que es muy complicado en muchos casos prestar esos servicios que favorecen la igualdad de oportunidades y derechos en cualquier sitio del territorio, y ello ha obligado a que la Junta haya emprendido un camino que yo valoro muy positivamente. No puede entenderse como un punto de partida inicial como si antes no hubiera existido nada, la ordenación del territorio se viene produciendo en todas las decisiones políticas que van tomando los distintos gobiernos, como las zonas básicas de salud o el sistema educativo. Y ahora se da un paso más en ese proceso, que además creo que la Junta está enfocando de una forma muy positiva porque está dando la posibilidad de que todas las fuerzas políticas y sociales, las organizaciones agrarias, los municipios y las diputaciones participen.

¿Qué requisitos tiene que tener este proceso?

La clave es que hay determinados servicios públicos que si no vamos a modelos asociativos pueden peligrar, pero se deben mantener los municipios y la función del alcalde. A partir de ahí, lo que ese modelo pretende es que algunos se presten a través de la asociación voluntaria de municipios, lo que se viene denominando distritos, que no dejan de ser mancomunidades que prestarán un elenco de servicios.

¿Dónde nos va a llevar este proceso?

Estamos en una fase muy inicial y todavía se están estudiando cuáles deben ser las competencias que ejerzan los distintos entes políticos y administrativos. Yo sí creo que esto va a dar lugar a una nueva reorganización del mapa de mancomunidades, aunque el alcance que tenga lo desconozco.

¿Cuáles son las líneas rojas que considera que deben mantener las diputaciones como competencias?

No me gusta hablar todavía de competencias en concreto, lo que hay que hacer es racionalizarlas. En cualquier caso, las competencias que deben ejercer las diputaciones en esencia son todas las relacionadas con la cooperación técnica y económica, y el apoyo a los municipios.

Ha hablado de la necesidad de reformar las diputaciones, ¿en qué sentido?

La reforma tiene que tener tres pilares básicos: una racionalización competencial, una financiación suficiente y una reforma del sistema de elección de los diputados provinciales. Es esencial que los ciudadanos elijan directamente a los diputados provinciales a través de los partidos judiciales porque así el conocimiento de lo que hacen las diputaciones, no ya sólo en el mundo rural, sino en todas partes, será mejor porque nos tendremos que explicar. Luego habría que sumar una cuarta pata, que es ir avanzando en la modernización interna para ser mucho más eficientes y eficaces.

¿Cuál sería el esquema de financiación para evitar la dependencia de la administración superior?

Se responde fácilmente aunque es complicado hacerlo: que la competencia que se atribuya a un ente esté suficientemente dotada. En España se ha puesto toda la sal y las especies en la cazuela de las comunidades autónomas y seguimos siendo las administraciones locales las que seguimos teniendo una asignatura pendiente en relación con la financiación.

¿La ordenación del territorio acabará con las competencias impropias?

Aquí hay un doble proceso. Uno es el que está siguiendo el Gobierno de España para evitar duplicidades y luego está el proceso que sigue la Junta de ordenación del territorio, que en ningún caso son procesos contradictorios, sino que son complementarios y deben llevar al mismo punto: que dejen de existir competencias impropias.

¿Qué balance hace del Pacto Local?

Ha sido un primer paso, de dotación económica importante. Ese primer Pacto está finalizado y el proceso de ordenación del territorio forma parte de este gran nuevo pacto territorial que pide materializar la Junta. Es una fase más de este proceso que tiene que conducir a esa ordenación.

El acuerdo entre todos los grupos para fijar unos ejes generales para el Presupuesto provincial es algo poco frecuente en estos tiempos, ¿cuál ha sido el secreto?

Se trata de una línea de trabajo que impulsó el anterior presidente, Ramiro Ruiz Medrano y que yo quiero continuar. El acuerdo se consigue como se logran estas cosas, comunicándose, algo esencial en los momentos actuales de crisis . Aquí ya no están jugando las ideologías, lo que debe primar es la atención a las personas y a los ayuntamientos, que son nuestra obligación.

En algunas de sus comparencias el presidente Herrera ha hablado de cofinanciar más los proyectos, ¿es algo que también se plantea la Diputación?

Es necesario concertar acciones públicas con acciones privadas. Estoy totalmente de acuerdo con esas acciones en las cuales todos seamos copartícipes de ese posible desarrollo, entre otras cosas porque el dinero es escaso y no queda más remedio.