Incluso en estos tiempos difíciles, querer es poder. Siempre que las cantidades económicas sean razonables, las administraciones demuestran que disponen de remanentes económicos para llevarlas a cabo. Unos optan por convertir en parque el cerro de San Isidro (caso del Ayuntamiento de Burgos, que acaba de anunciar un millón de euros), otros continúan con las faraónicas obras del tren de alta velocidad (Ministerio de Fomento) y otros deciden subvencionar el peaje de la autopista a los ciudadanos que se ven obligados a recorrerlas a diario.

La Diputación de Guipúzcoa anunció el jueves que los vecinos empadronados en las comarcas que lindan con dos autopistas pagarán un máximo de 25,64 euros al mes. Se trata de la AP-8 (Bilbao-Behobia) y del tramo vasco de la AP-1 (Vitoria-Eibar). Y a las arcas de la institución foral le costará entre 1,3 y 1,8 millones según sus cálculos, que ya ha anunciado que detraerá del contrato de mantenimiento de estas mismas vías.

Algo así ha resultado imposible en la misma AP-1 que conecta Burgos y Armiñón. Una vía que tras la última subida de precios cuesta 11,55 euros a los vehículos ligeros para su trayecto completo y que solo ofrece descuentos a los conductores habituales a través de una iniciativa de la propia empresa, pero no en función de la residencia del usuario ni con la colaboración de las administraciones públicas.

A lo largo de los últimos años, y siempre que ha surgido el debate sobre la AP-1, su liberalización o la construcción de una autopista paralela se ha acompañado de la coletilla de que los más perjudicados eran los burgaleses de la mitad norte de la provincia, aquellos que la necesitan con más frecuencia para desplazarse. Cada vez que en los medios de la provincia saltaba a la actualidad la cuestión, alguien se preguntaba en voz alta por qué el peaje no era más barato para los habitantes de Burgos, Briviesca o Miranda. Y nadie lo respondía.

La apertura parcial del peaje entre Ameyugo y Armiñón, que en la práctica suponía abrir la circunvalación de Miranda, se vendió como el intento más parecido a un abaratamiento para los residentes. Pero aquello fue a cambio de una prórroga en la concesión. Y en paralelo el PSOE, bajo cuyo Gobierno se tomó aquella decisión, reclamaba a la Junta de Castilla y León que, como han hecho otras comunidades autónomas, tomara la iniciativa de subvencionar las tarifas. De momento, el único compromiso anunciado tanto por PP y PSOE en las últimas elecciones pasaba por no alargar la concesión de la AP-1 más allá de 2018 y por concluir los tramos en obras de la N-I.

Así que unos por otros, la casa sin barrer y la autopista sin abaratar. Lo mismo que la segunda vía más cara del país (la primera es la AP-6 entre Villalba y Adanero), que comunica León con Asturias. Una de las promesas que sus paisanos más reprochan al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es que no consiguiera eliminar el peaje de la autopista del Huerna. Solo logró una mínima rebaja para los vehículos pesados, pero nunca vinculada al empadronamiento, que supuestamente es lo que más beneficia a los afectados en mayor medida.

Ejemplos

Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Guipúzcoa donde ya tienen una bonificación que a partir de enero de 2013 se limitará a los mencionados 25 euros. Algo parecido pasa en Vizcaya, donde gracias a su correspondiente Diputación Foral los usuarios habituales de la AP-8 que estén empadronados en esa provincia también tienen menores tarifas que el resto. Eso sí, tienen que hacer más de 20 viajes de ida y vuelta al mes y utilizar el sistema del telepeaje, que en la mayoría de los casos es lo que permite controlar el flujo de vehículos y la aplicación de estos precios especiales.

Nuestros vecinos alaveses, que utilizan frecuentemente la AP-68 para ir y volver a Bilbao, también consiguen un 50% de rebaja si son residentes en el territorio histórico que rodea a Vitoria y hacen más de 25 viajes al mes.

Y ni siquiera necesitan hacer un número mínimo los catalanes que estén empadronados en los municipios de las comarcas del Berguedá, la Cerdanya o el Alto Urgell. Ellos cruzan todas las veces que quieran el túnel del Cadí sin tener que abonar los 12,57 euros que pagan los turismos.