Doce propietarios de Sarracín han dirigido un escrito al Ministerio de Hacienda solicitando que, al amparo de una sentencia del Tribunal Supremo, se revise de forma urgente el valor catastral de todos los terrenos contemplados como urbanizables en el Plan General de OrdenaciónUrbana (PGOU) de la localidad, ya que en los mismos no se ha realizado ningún tipo de actuación o urbanización, ni hay previsión de hacerlo en breve, y siguen teniendo un uso agrícola.
Además de al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Catastro, los propietarios también ha remitido el escrito a la Diputación, con el fin de solicitar su apoyo a esta reivindicación, tal y como hizo hace un mes la alcaldesa, Elena Rodrigo, en una reunión que mantuvo con el presidente de la institución provincial, César Rico. Al margen de esta petición por parte de los propietarios, según apunta la alcaldesa, también está previsto que el Ayuntamiento se dirija al Ministerio de Hacienda «para que se aplique la sentencia del Tribunal Supremo, se pague por el uso actual de suelo, con independencia de cómo esté calificado en el PGOU, y los propietarios paguen como suelo rústico, que es lo que es en estos momentos y lo seguirá siendo, previsiblemente, durante mucho años porque el plan urbanístico aprobado es inviable en la actualidad y no se va a desarrollar».
Aunque la revisión catastral de esos terrenos, aproximadamente unas 600 hectáreas de las 900 que tiene el municipio, implica que el Ayuntamiento dejará de percibir una importante suma de dinero, Rodrigo señala que la situación actual es «una injusticia» y que lo lógico, aunque obtengan menos ingresos, es que se pague por el uso que tienen los terrenos, «que son rústicos, agrícolas, y lo va seguir siendo durante años».
un convenio problemático. Al margen de la reclamación a Hacienda, el equipo de gobierno de Sarracín también está pendiente de mantener una reunión con responsables de CaixaBank, promotora del proyecto urbanístico (contemplaba la construcción de 10.000 viviendas) y principal propietaria de suelo, «para conocer su posición y ver a qué compromete el convenio urbanístico que se firmó en su día y que ahora tantos problemas no está acarreando porque no podemos hace nada en el pueblo. No podemos construir una nave o vender una finca», afirma la alcaldesa, quien espera que la entidad financiera «de la cara».
Rodrigo, al igual que los propietarios de los terrenos, están dispuestos, si la reclamación administrativa no prospera, a acudir a los tribunales para acabar con una situación que ha provocado muchos conflictos en la localidad. En el caso de que no prospere ninguna de las vías emprendidas por los afectados, no será hasta dentro de dos años cuando el Ayuntamiento de Sarracín pueda iniciar la revisión del PGOU y modificar la calificación de los terrenos.