Los vecinos de la calle Aranda de Duero que acudieron al Procurador del Común para denunciar el ruido que soportaban procedente de la estación de autobuses ya tienen en sus manos el informe sobre las mediciones que el área de Medio Ambiente y Sanidad llevó a cabo tras las reiteradas denuncias. 

El documento, firmado por el ingeniero industrial de este departamento y realizado a petición del Servicio de Movilidad y Transportes, no puede ser más claro: los niveles sonoros incumplen la Ley del Ruido de Castilla y León. De hecho, el funcionario concluye que el acceso a la estación «debe modificarse para que el ruido que se produce en la misma no salga al exterior al estar abierto día y noche» y plantea la realización de un estudio de acondicionamiento acústico para implantar medidas correctoras. 

La medición se llevó a cabo en el interior de una de las viviendas en agosto del año pasado y el técnico comprobó el ruido producido cuando están estacionados los autobuses con el motor en marcha o se encuentran realizando una maniobra de marcha atrás que emite un pitido. Por el contrario, no se midió el sonido de los vehículos cuando salen de la estación por considerarse ruido de tráfico. 

El sonómetro se colocó en el exterior del salón de la vivienda a medio metro de la fachada y se comprobó que cuando no hay actividad en la estación el ruido se sitúa en 55 decibelios, pero si la hay se llega a los 62 o 65. De este modo, como la calle Aranda de Duero está en una norma zona de uso residencial, los límites no deben superar los 55 decibelios por el día y los 45 por la noche (22 a 8 horas). Tras el informe, desde el área de Medio Ambiente concluyen que deben llevarse a cabo actuaciones en la estación de autobuses para reducir el ruido exterior. 

Los residentes en la calle Aranda de Duero se muestran satisfechos con el informe, que han tenido solicitar a través del registro municipal. «Pedimos una copia en el servicio de Medio Ambiente, pero allí nos dijeron que desde el año pasado estaba en el Servicio de Movilidad y Transporte, desde donde nos lo han entregado», indicó Fernando Juárez, uno de los vecinos más afectados. Ahora confían en que desde la Concejalía de Movilidad y Transportes, de la que depende la estación de autobuses, se pongan en marcha estas medidas para minimizar las molestias. 

Las quejas por el ruido se remitieron al Ayuntamiento desde comienzos de 2021 y, ante la falta de respuesta, los vecinos decidieron acudir al Procurador del Común, institución que requirió informes al Ayuntamiento hasta en tres ocasiones sin respuesta, lo que supuso su inclusión de la administración local en el registro de entidades no colaboradoras. La institución local atiende finalmente los requerimientos y en agosto de 2023 se llevan a cabo las mediciones. Ante la falta de respuesta, en febrero de 2024 comunican al Procurador que no se ha adoptado ninguna medida e inicia de nuevo actuaciones.