Con solo 16 de sus 20 vocales, sus competencias recortadas y un presidente interino, tras dimitir Carlos Lesmes y jubilarse su sucesor, el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha superado con creces los cinco años en funciones, duplicando su mandato constitucional ante la incapacidad de PP y PSOE de llegar a un acuerdo para su renovación.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha avanzado esta semana que el Gobierno asumirá su responsabilidad y el CGPJ será renovado, con o sin el PP, pero las vías para lograrlo no están exentas de problemas. Ya lo intentó en octubre de 2020, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron en el Congreso una reforma para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para elegir a los vocales y sortear así al PP de Pablo Casado, una iniciativa que censuró la Comisión Europea.
Proponían que los 12 vocales de extracción judicial, que ahora son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, pudieran ser designados en segunda votación por mayoría absoluta. Ante el toque de Bruselas, Sánchez decidió dejar la reforma en suspenso.
Para entonces ya se tramitaba en el Congreso el plan B del Gobierno para intentar presionar al PP y forzar la renovación del Consejo: recortar sus competencias para impedir que realice nombramientos de altos cargos judiciales mientras esté en funciones.
Esa reforma entró en vigor en marzo de 2021 y un año después la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP propició la apertura de nuevas negociaciones entre socialistas y populares, pero todas las conversaciones han resultado infructuosas.
Ante la imposibilidad de realizar nombramientos se acumulan las vacantes. Solo en Tribunal Supremo hay 25, lo que representa más del 31 por ciento de la plantilla.
recortar competencias. A pesar de las advertencias europeas, primero Unidas Podemos y después Sumar no han abandonado la idea de renovar el CGPJ con mayorías menos exigentes e incluso se han mostrado a favor de recortar aún más las competencias de ese órgano. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, apostó el pasado martes por buscar una mayoría de tres quintos durante un tiempo y que, superado ese plazo, se vaya a la mayoría absoluta. Podemos se les ha adelantado y ha presentado una proposición de ley para limitar el papel del Senado en la elección de los vocales y permitir su elección por mayoría absoluta en segunda vuelta.
Sánchez, por su parte, ha asegurado que estudiarán todas las propuestas que se planteen, también la que ha enviado a las Cortes, a título personal, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que incluye varias opciones para cambiar el modelo de elección de los vocales, pero en todo caso con medidas para diluir el perfil político de las designaciones, como, por ejemplo, vetar a quienes hayan tenido alguna responsabilidad política.
En su modelo, los vocales tendrían menos responsabilidad en los nombramientos judiciales, ya que las Presidencias de audiencias provinciales, tribunales superiores y salas gubernativas, además de las plazas del Tribunal Supremo, serían designadas por los miembros de esos mismos tribunales.
Y ante este panorama, la UE continúa urgiendo a PSOE y PP a llegar a un acuerdo para poner fin a este bloqueo, siempre con una máxima: primer renovar y después reformar para que la mayoría de los vocales sean jueces elegidos por los propios jueces, garantizando que la independencia judicial no se ve comprometida.