La despoblación del medio rural no sólo se mide con la pérdida de vecinos de los pueblos burgaleses. O con el descenso de nacimientos y el incremento de decesos. La escasez de servicios públicos es otro indicativo de la lenta muerte de las zonas más abandonadas de la provincia. Las administraciones no parecen tener un plan para frenar este fenómeno y se limitan a poner parches que ni siquiera son pan para hoy. Pasa con los consultorios médicos, con los colegios y también con la seguridad. La crisis hizo mucho daño a los dos principales cuerpos del Estado, pero la Policía Nacional, con competencia en municipios grandes, ha ido recuperando los efectivos perdidos. La Guardia Civil, por su parte, se fue desangrando año tras año y ni siquiera los traslados forzosos evitan una carestía que amenaza con ser permanente.  

La diferencia entre ambos cuerpos policiales es tan abismal como la del medio rural con los núcleos urbanos. Casi como una metáfora de la situación que vive la provincia. La Policía Nacional nunca tuvo un porcentaje de efectivos tan bajo como el de la Benemérita. En 2011, la plantilla era de 447 personas, descendió a 391 en 2018 y seis años más tarde está prácticamente como en la peor época de la crisis, con 442 funcionarios. 

En el Instituto Armado, los acontecimientos han sido bien diferentes. El máximo de efectivos que se recuerdan son precisamente de ese año 2011. La plantilla estaba al 90% con un total de 898 guardias civiles. Los recortes de los ejercicios posteriores dejaron al cuerpo en cuadro con apenas 776 personas. Nunca se ha estado ni siquiera cerca de recuperar el nivel de entonces, ni siquiera con los sucesivos concursos en los que se destina a personal de prácticas y traslados forzosos para cubrir vacantes. A día de hoy, y tras dos procesos de movilidad desastrosos, sólo se han recuperado a 13 agentes. 

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