550 alegaciones contra una granja en Santibáñez de Esgueva

L.N. / Aranda
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Los vecinos advierten de que la instalación de 2.000 cerdos «puede poner en riesgo el consumo de agua potable». La alcaldesa indica que la empresa presentó un plan en 2o22 y no han vuelto a saber nada más

Una de las pintadas que han aparecido en la zona donde está previsto que se construya la granja porcina. - Foto: DB

Cunde la preocupación entre los vecinos de Santibáñez de Esgueva. Se muestran en contra de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) autorice un aprovechamiento de aguas subterráneas a una empresa que prevé implantar una granja con 2.000 cerdos. El revuelo es tal que por ahora ya se han registrado más de 550 alegaciones en un municipio que ronda los 85 empadronados. En la Asociación Sociocultural Alcotanes del Esgueva, volcada en este asunto, avisan de que el proyecto acarrearía al menos dos peligros: que se agrave el problema de la contaminación por nitratos y el riesgo de desabastecimiento en los hogares.

Tal como apuntan en sus escritos, la masa de agua de la que se pretende abastecer la explotación porcina, y de la que se surte el propio municipio de Santibáñez de Esgueva, «está catalogada como estado químico malo, según la CHD». De ahí su oposición al proyecto. «Si encima vamos a tener una granja, está claro que se va a explotar más el recurso del agua y la granja puede poner en riesgo el consumo de agua potable», advierten molestos, al tiempo que denuncian la falta de información. De hecho, la Universidad de Burgos ya ha detectado un nivel elevado de nitratos en Santibáñez, «de 94,83 mg/l», cuando el límite máximo permitido se sitúa en 50 mg/l. De primeras, el Ayuntamiento ha aconsejado no beber agua del grifo «hasta nueva orden». Por su parte, desde la asociación se muestran dispuestos a llegar «hasta donde haya que llegar» y subrayan que «poner en riesgo el consumo de agua sería algo muy grave». En esta línea, zanjan: «Deben prevalecer los intereses colectivos». 

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, María Jesús González, indica que la empresa entregó el proyecto en 2022 y desde entonces no han tenido noticias. «No sabemos nada», insiste, mientras apunta que ese planteamiento se diseñó hace un par de años y desde entonces ha habido cambios normativos. Así, González sostiene que hay «incertidumbre» en el propio Consistorio y que se hallan «a la espera». Al igual que los vecinos, admite que «la preocupación está en el agua».  

Pintadas. Además de las alegaciones, han 'aparecido' pintadas en una zona próxima a donde está previsto que se instale la granja. En ellas se puede leer «acuífero en peligro», «no a las macrogranjas» o «todos decidimos». A ello se suman los carteles que algunos vecinos han puesto en sus casas con este mensaje: «Se vende, stop macrogranjas. No me voy, me echan».