Los estudios médicos ponen de manifiesto que el ruido es un elemento perjudicial para la salud y todas las ciudades están tomando medidas obligadas por las directivas europeas con el objetivo de reducir los niveles de exposición de sus residentes. Burgos no es una excepción y cuenta desde 2018 con un Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica que ahora se ha actualizado y que estará vigente hasta 2023.

En el documento se establecen una serie de actuaciones a llevar a cabo para ‘pacificar’ la ciudad y que están dirigidas especialmente al tráfico rodado, dado que es el principal agente acústico contaminante. La idea no es solo reducir los niveles más severos y que causan daños sino aquellos que pueden parecer ‘aceptables’ pero que influyen en la calidad de vida de los burgaleses. Por ello, se plantea el control del nivel sonoro de los vehículos para comprobar su incidencia en los ciudadanos, así como hacer campañas periódicas para comprobar también el que emiten las bicicletas y los ciclomotores. Puede que provoquen un problema puntual para un viandante pero también resultar molestos en el caso de una zona de tránsito próxima a viviendas o en las que existan residencias de ancianos si su paso es constante. Ahora el Ayuntamiento deberá definir la forma de implementar este control y determinar el coste económico que supondrá.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)