En octubre del pasado año, una mujer tuvo que ser auxiliada a la entrada de una cavidad situada en Peña Angulo, tras resbalar y romperse la tibia y el peroné. Después de llamar a Emergencias 112 de Castilla y León, los únicos disponibles para realizar el rescate eran los bomberos voluntarios de la Diputación con base en Medina de Pomar, lo que conllevó que en noviembre el Ayuntamiento medinés le girara un recibo cobrando una tasa por el servicio prestado. Su queja ante el Procurador del Común por lo que considera «una actuación recaudatoria injusta y abusiva»  abre un debate y ha llevado al Procurador a recomendar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León que «valore dar una solución» a «los agravios comparativos que se producen en el tratamiento de hechos idénticos», puesto que ni los servicios de rescate de la Junta de Castilla y León ni las Fuerzas de Seguridad del Estado hubieran facturado por esa misma tarea.

El Procurador del Común deja claro que el Ayuntamiento de Medina, de acuerdo a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tiene derecho al cobro, al contar con una ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicio de extinción de incendios aprobada en el año 2005 y que pone precio a todas las salidas de los bomberos, sean para la finalidad que sean. En concreto, cobran 39 euros por salida más 9,77 céntimos por hora de servicio y 0,59 por kilómetro.

Como explica el alcalde, Isaac Angulo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, estas salidas las sufragan las compañías aseguradoras, bien de los propietarios de viviendas o bienes que se incendian o bien de los vehículos de los que precisan ser rescatados en caso de accidente de tráfico. En este caso, Angulo Gutiérrez apunta a que si la senderista hubiera estado federada en la Federación de Deportes de Montaña, el seguro que este hecho lleva implícito, hubiera corrido con este gasto que rondaría entre los 150 y los 200 euros.

En cualquier caso, el asunto por el que el Procurador del Común llama la atención es la diferencia de trato o agravio comparativo que el mismo ciudadano ante el mismo hecho sufre en caso de ser rescatado por unos o por otros «sin causa o motivo que lo justifique, en cuyo caso se puede producir una vulneración del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución». 

El día de los hechos, el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León no pudo acudir a Peña Angulo, porque estaba realizando otra misión en León. Tampoco la Guardia Civil, con la que también contactó el Centro Coordinador de Emergencias 112 pudo acercarse, porque sus recursos no iban a estar disponibles hasta media hora después. De ahí que se tomara la decisión de contactar con los bomberos del Ayuntamiento de Burgos que activaron a los bomberos voluntarios de Medina de Pomar. Asimismo, Sacyl envió una ambulancia de soporte vital básico a la zona.

La Junta de Castilla y León establece que ante una solicitud de ayuda al Servicio 112, se cobrará el servicio de rescate solo en el caso de que el afectado no haya atendido los boletines o partes de avisos de alerta o de predicción de meteorología adversa, también en el caso de que la búsqueda se realice en zonas señaladas como peligrosas o cuando los rescatados no lleven el equipamiento adecuado para la actividad que realizan.

Respetaron las normas. La autora de la queja asegura que su ruta «no entrañaba riesgo o peligro para las personas y la meteorología era benigna». Añade que portaban «el equipamiento adecuado para la actividad» y que «no hubo imprudencia ni negligencia», de modo que de haber sido rescatada por la Agencia de Protección Civil de la Junta le hubiera salido gratis, al cumplir sus normas. Tampoco hubieran pagado a la Guardia Civil, porque como explica el Procurador del Común, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «tienen la obligación de la protección y el auxilio de las personas, sin que ello devengue coste adicional para el ciudadano afectado». Así pues, abre el debate sobre este «agravio comparativo» y pide soluciones.