La ampliación del Archivo Municipal en una parcela anexa al Palacio de Castilfalé ya está en marcha. Un total de 17 equipos redactores se han presentado al concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y a lo largo de este mes se conocerá la idea ganadora.
Según explicó el concejal de Fomento, Daniel Garabito, el jurado se reunirá el día 9 para abrir las diferentes propuestas y el 14 habrá otra convocatoria para elegir la ganadora. En el fallido concurso de 2017 se presentaron 14 estudios, lo que pone de manifiesto que sigue habiendo interés en participar en este proyecto.
El coste de la actuación se fijará en 3 millones al haberse constatado que los 2 establecidos en el primer concurso era insuficientes dada la envergadura de esta intervención. En su propuesta los equipos de arquitectura deberán ceñirse a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para esta zona y no podrán redactar un estudio de detalle para el nuevo edificio. También deberá ser un inmueble de consumo prácticamente nulo. No se especifica que sea passivhaus pero deberá poder certificarse para obtener el máximo ahorro.
El jurado encargado de elegir la idea ganadora cuenta con un miembro de Icomos debido a que el nuevo edificio que se construya junto al actual está enclavado entre dos bienes Patrimonio de la Humanidad, el Camino de Santiago y la Catedral y se quieren evitar problemas como los sucedidos con otras actuaciones (centro cidiano o reforma de Las Llanas).
Las obras para ampliar Castilfalé no llegarán al menos hasta finales de 2022, dado que una vez elegida la idea ganadora es necesario redactar el proyecto de ejecución. El nuevo edificio deberá estar conectado al actual para favorecer el tránsito de uno a otro.
Las instalaciones del archivo municipal se quedaron pequeñas hace años para acoger todos los documentos que debe custodiar y el Ayuntamiento adquirió la parcela de al lado para ejecutar la ampliación. Convocó un concurso de ideas en 2017 al que se presentaron 14 propuestas, de las que 7 quedaron finalistas. El jurado eligió la de los arquitectos valencianos María Dolores Contell y Juan Miguel Martínez.
Se firmó el contrato y los adjudicatarios comenzaron a trabajar en el proyecto pero se presentó un recurso por parte de Daniel Fernández-Carracedo, otro de los arquitectos que había optado al concurso. En el mismo argumentaba que la idea ganadora obligaba a elaborar un estudio de detalle de la parcela y eso estaba en contra de la bases del concurso y el Ayuntamiento decidió anular la convocatoria. Los arquitectos ganadores pidieron la revisión de oficio de todo el procedimiento por el que el Ayuntamiento anuló el concurso pero el Consejo Consultivo dio la razón a la institución local y se empezó el proceso de cero.