Varias decenas de funcionarios de justicia en Burgos se han concentrado esta mañana frente al edificio de los Juzgados de Reyes Católicos para denunciar que el Ministerio de Justicia está vulnerando el derecho a la negociación colectiva sobre la nueva ley de eficiencia organizativa y que afectará de lleno a sus condiciones de trabajo. 

El nuevo texto que contempla el Ejecutivo central, y que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, contempla entre otras cosas la creación de Tribunales de Instancia en las provincias, lo que transformaría por completo un juzgado como el de Burgos. De tal manera que desaparecerían las secretarías de los órganos ubicados en Aranda o Miranda. 

Además, desparecerían todas las Unidades Procesal de Apoyo Directo (UPAD), que hay una por cada magistrado, y también el Servicio Común del Procedimiento (SCOP). "Todas las personas que están trabajando en estas unidades se integrarían en una nueva, llamada de Tramitación. Lo que reclamamos es que se negocie la Relación de Puestos de Trabajo de estas áreas porque podría conllevar el desplazamiento de muchos trabajadores", advierte Alberto Arroyo, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). 

"Es fundamental que los funcionarios sepamos dónde vamos a estar destinados y qué trabajo vamos a realizar, como ocurre ahora. Si nos imponen una RPT sin diferencias estaríamos a merced de un letrado de la administración para determinar cuál es su trabajo y en qué lugar", ha añadido. 

Esto podría suponer, por ejemplo, un traslado forzoso a la provincia. "La propia norma dice que habrá puestos que podrán ocuparse en dos sitios. Puede ser, entre otras cosas, en una oficina municipal (lo que ahora son los juzgados de paz). Pero es que tampoco lo tenemos muy claro porque no nos han pasado el texto", ha añadido Marian Codón, del sindicato CSIF. 

Situación de sobrecarga. Por otro lado, los sindicatos concentrados esta mañana también han denunciado una situación de colapso que se viven en algunas jurisdicciones de Burgos, principalmente en penal, donde se han duplicado los jueces en los tres órganos. Un refuerzo que, sin embargo, no ha ido acompañado de más funcionarios que puedan sacar adelante los asuntos, lo que ha provocado una mayor carga de trabajo.