Casi catorce mil millones de euros. En números la cifra es todavía más escandalosa: 13.364.000.000 euros. Esta es la cuantía que la economía sumergida resta al Producto Interior Bruto de Castilla y León cada año con operaciones que escapan del control legal del dinero y esquivan la atenta mirada del Ministerio de Hacienda. De hecho, la Comunidad es la sexta de España en la que los movimientos de dinero negro tienen un mayor peso sobre el PIB autonómico, cuyo porcentaje escala hasta el 24,7 por ciento, superando en más de un punto a la media nacional (23,1 por ciento) y en casi diez puntos a la Comunidad de Madrid, que presenta la ratio más baja con el 16,2 por ciento. Un problema que, más allá del evidente menoscabo que produce en las arcas públicas, se traduce en menores recursos para hacer frente a los servicios públicos. Así lo pone de manifiesto el informe 'La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico' presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que alerta que la economía sumergida es un problema que «incide negativamente sobre la recaudación tributaria tanto en el corto como en el medio y largo plazo». «Genera competencia desleal entre empresas y distorsiona la medición de determinadas variables que se pueden ver afectadas por dicha economía sumergida», señalan los autores del informe.
Entre las causas que sitúan a Castilla y León en lo alto del dudoso ranking de comunidades con mayor porcentaje de economía sumergida, desde el IEE reconocen que estas operaciones que escapan del control público suelen estar relacionadas con zonas cuya estructura productiva esta vinculada a sectores como la agricultura, la ganadería o el sector textil. Precisamente, el campo ha sido tradicionalmente uno de los impulsores de la economía castellano y leonesa, por lo que no es de extrañar la elevada posición que ocupa la Comunidad en la estadística de economía sumergida a nivel nacional. «Hay sectores en donde dicha economía sumergida tiende a ser más frecuente», reconocen.
Sin embargo, el informe también revela que hay que destacar otro tipo de factores que influyen «muy relevantemente» sobre la mayor o menor existencia de economía sumergida en un territorio, como es la fiscalidad que presenta cada región. «Una fiscalidad más favorable desincentiva la presencia de economía sumergida», añaden desde el IEE, que explican que, un diseño adecuado de la política fiscal y tributaria, «favorece el pago de impuestos al ser estos más claros y sencillos, desincentiva la economía sumergida, al tiempo que impulsa la actividad económica».
Así, concluyen que existe una relación entre la presión fiscal normativa y el peso de la economía sumergida, es decir, que aquellos territorios con mayor presión fiscal normativa y, por tanto, una «fiscalidad menos favorable», son, en general, «los que presentan mayores ratios de economía sumergida».
La cuantía de dinero negro que circula anualmente por la economía castellano y leonesa roza los 14.000 millones de euros anuales, un volumen que sitúa a la Comunidad como la sexta de España en cifras totales. Un ranking que encabeza Cataluña, con cerca de 50.000 millones fuera del control del fisco moviéndose cada año; Andalucía, con 41.100 millones; y la Comunidad de Madrid, que a pesar de presentar el porcentaje más bajo (16,2%), todavía tiene 35.000 millones anuales sin control público. A nivel nacional, y siempre según el informe del IEE, cada ejercicio hay 260.000 millones de euros en dinero negro.
Contexto actual
Por último, los expertos del Instituto de Estudios Económicos inciden en la necesidad de que, ante la situación económica actual, donde la deuda y el déficit públicos han aumentado muy sensiblemente, influidos por las medidas adoptadas para contener la pandemia sanitaria derivada de la covid-19, «reducir el peso de la economía sumergida debiera ser algo prioritario».