Dos años después de que el Ayuntamiento anunciara un concurso público para la contratación del nuevo transporte turístico de la ciudad, que incluía dos trenes y otros tantos autobuses, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCyT) ha desistido de seguir este procedimiento después de que la ciudad lleve desde noviembre sin contar con este servicio. «En estos momentos estamos ultimando una concesión de vía pública en exclusiva porque hay empresas interesadas en ponerlo en funcionamiento a partir del mes de marzo o en abril», avanza el concejal de esta última área, Leví Moreno. 

El edil precisa que las dos compañías registrarán su propuesta en el Consistorio en los próximos días, abriéndose después un plazo para que puedan concurrir otras. La gestión no incluye canon alguno, sino el pago de la tasa de ocupación pública, mientras que el número de vehículos disponibles dependerá de cada oferta, si bien como mínimo tendrá que haber un tren y un autobús que tengan la catalogación ambiental de Eco.

La decisión de no continuar con el concurso responde, según Moreno, a que el pliego estaba condicionado a los 90.000 euros que incluía el servicio a escolares incluido dentro del programa educativo municipal La ciudad también enseña, «que lleva dos años sin ofertarse». En este sentido, agrega que este requisito «requería de un informe económico complejo de confeccionar», lo que a su juicio es lo que ha llevado ha dilatar tanto el proceso, mientras que descarta redactar unas nuevas bases porque eso supondría prolongarlo aún más. Además, puntualiza que la empresa que se quede con la gestión podrá negociar con los colegios o las asociaciones de padres y madres.

 El concurso del transporte turístico llevaba parado desde abril del año pasado, cuando se optó por  autorizar a Duerotren la prestación del servicio mediante una autorización de ocupación de vía pública que terminó el 3 de noviembre. El equipo de Gobierno socialista decidió no renovar dicho permiso al considerar que se había prestado el servicio en «precario y no como debería ser», por lo que optó por continuar con la tramitación del concurso público, atascado en ese informe de viabilidad financiera, además de que tuvo que ser adaptado a la nueva Ley de Transporte.

En la licitación de 2018 la empresa adjudicataria renunció al contrato al no poder cumplir con el plazo de puesta en servicio de uno de los vehículos, quedando desierta porque las otras dos compañías que optaron fueron descartadas por falta de solvencia. Después se pensó en un procedimiento negociado y al final se decidió la autorización de vía pública.