La proposición no de ley que el grupo de Vox en las Cortes regionales registró el pasado martes ha devuelto Garoña a la actualidad. La formación plantea a la Junta de Castilla y León que exija al Gobierno de España «la realización de un estudio técnico con carácter de urgencia, valorando la viabilidad de la reapertura y puesta en funcionamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña». Asimismo, consideran que la «forma más idónea» sería la de instalar un nuevo reactor. Sin embargo, la firma propietaria de la planta, Nuclenor, contestó ayer ante el debate suscitado que, «transcurridos más de 5 años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes durante estos años para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, Nuclenor considera que no sería viable la reapertura de la central».

La firma participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola tiene clara la falta de viabilidad económica de una operación de este calibre después de que fuera también la inviabilidad económica la que desencadenara la parada del reactor en diciembre de 2012. Entonces se trataba de evitar el pago de 153 millones de euros por la nueva fiscalidad al combustible nuclear gastado que entraba en vigor el 1 de enero de 2013 y que, según señaló entonces Nuclenor, hubiera llevado a la firma a una situación de «patrimonio neto negativo».

Desde Nuclenor explican que actualmente la central está en una situación de «transición al desmantelamiento», a la espera de que la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) reciba del Ministerio de Transición Ecológica la correspondiente autorización de transferencia de titularidad, así como la autorización de la primera fase del desmantelamiento (3 años), que ya llevaría a cabo Enresa. Estas autorizaciones también han de recibir el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear que se espera para 2023.