Las comunidades de vecinos con calefacción central están obligadas por ley a individualizar los costes de energía con dispositivos colocados en sus radiadores. El plazo para modificar la instalación expiró en septiembre de 2021, sin embargo, hay varios edificios que aún no han cumplido con la normativa. La Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León tiene contabilizados más de 6.000 inmuebles de este tipo en la provincia de Burgos. El registro no discrimina entre viviendas, colegios y otros edificios públicos y mucho menos sabe cuántos han llevado a cabo las modificaciones en tiempo y forma y cuáles no. Por eso, ha comenzado una labor inspectora que será al azar más allá de las campañas habituales de control. 

Algunos administradores de fincas consultados por este periódico reconocen que con carácter general los propietarios de estas comunidades fueron reacios a instalar estos contadores en los radiadores para individualizar el consumo de las calefacciones. Se encargaron numerosos informes de viabilidad para buscar la exención de la norma (si se demostraba que la modificación no era rentable en cuatro años), pero la mayoría fueron descartados. El caso es que esas dudas han terminado por agotar, en algunas ocasiones, el plazo estipulado. 

En mayo de 2021 tenían que tener el asunto solventado las de más de 20 viviendas y en septiembre las de menos de 20, pero son varias en la capital las que aún no han cumplido la norma. Desde la Junta de Castilla y León aclaran, además, que cualquier solicitud de excepción que se haya planteado posteriormente a dichas fechas dejó de ser válida. Carlos Camarero, de Megafincas, explica que la administración ha dado muy poco tiempo a las comunidades para poder llevar a cabo las obras. «Estamos hablando de Burgos, donde solo se pueden ejecutar en verano. Hay que colocar válvulas termoestáticas más allá de los reguladores. Es necesario vaciar la sala de calderas. Las grandes empresas de instalación no han tenido personal suficiente para gestionarlo. No es que los vecinos no hayan querido, es que no han podido», remarca. 

Sea como fuere, la Junta de Castilla y León ha comenzado una serie de inspecciones de manera aleatoria. Desde Energía reconocen que la falta de personal y la gran cantidad de edificios hacen imposible llegar a todos. Pero la ley contempla sanciones de hasta 10.000 euros por no tener la instalación.