Entre mayo y junio de este mismo año varias familias burgalesas con una persona con discapacidad a su cargo comenzaron recibir de la Agencia Tributaria requerimientos solicitando una posible devolución de las deducciones que siempre se habían hecho por tener un miembro en esas circunstancias. Las peticiones de Hacienda -que son ya más de cien y siguen llegando- se retrotraen hasta cinco años atrás, es decir, a 2016, un hecho que alarmó profundamente a las asociaciones que les representan ya que entienden que se trata de un enorme retroceso en los derechos que el Estado del Bienestar ha proporcionado siempre a los colectivos con más dificultades. La Administración les exige que acrediten la situación de convivencia y dependencia económica entre quien tiene la discapacidad y el núcleo familiar ,y para ello está ofreciendo diez días para presentar una documentación "casi imposible de conseguir en ese tiempo", a juicio de estas familias, y que les mete en un laberinto burocrático de resultados inciertos.

"Las familias se preocuparon muchísimo porque las exigencias en cuanto a datos eran muy difíciles de conseguir y porque -también hay que decirlo- muchas de ellas presentan dificultades para entender lo que estaba ocurriendo", comentan las representantes de las asociaciones. Como ejemplo, Pilar Lara Temiño, presidenta de Apacid, lee parte del rosario de documentos exigidos: certificado histórico de empadronamiento, certificado del centro de salud, del centro asistencial que refleje el tipo de servicio que recibe y lo que ha pagado, rendición anual de cuentas ante el juez si la persona está tutelada y cualquier otra documentación que justifique la dependencia económica y la convivencia de la persona con su familia.

"Hacienda está poniendo en duda que tengamos derecho a estas deducciones que siempre nos habíamos hecho porque la ley cambió algunos conceptos en 2015. Y el problema es que solo lo dice la delegación de Burgos, no ha ocurrido en ninguna provincia más", explican, bien conocedoras de la situación al pertenecer todas sus asociaciones a entidades de ámbito nacional. Por eso entienden que lo que le mueve es un afán recaudatorio a costa de las familias con personas con discapacidad. "Es muy difícil reunir toda esa información que nos piden porque es más que probable que haya gastos del 2016 cuyas justificaciones ya no se guarden. Esto es como si a cualquier padre que le ha comprado unas botas a su hijo de cinco años se le dice que no sirve con solo decir que ha hecho esa adquisición sino que tiene que presentar una factura", añade Simona Palacios, presidenta de Autismo Burgos, que insiste en que esta interpretación es exclusiva de la Agencia Tributaria en Burgos "ya que hay funcionarios que consideran que no hay por qué hacer esta solicitud".

Una de las claves de este conflicto está en la convivencia. No todas las personas con discapacidad viven con sus familias todo el tiempo, muchas pasan al cabo del año temporadas en residencias que van desde 182 días a 272 y 365, en función de la subvención pública que reciban las instituciones que las acogen. Y Hacienda considera que como pasan más días fuera de casa que dentro, no existe convivencia familiar, obviando, según se quejan las asociaciones, todos los gastos que, a mayores de un centro, tienen estas personas, por no hablar de que no consideran a la Agencia Tributaria capaz de definir lo que es la convivencia de una persona con discapacidad: "Que nos digan de dónde se sacan que una persona que está cien días con su familia no convive con ella, parece que nos estuvieran equiparando a esos deportistas que pasan un tiempo fuera del país para no pagar impuestos. Está en la filosofía de todas nuestras entidades que aunque la persona viva en un centro no debe sufrir un desarraigo familiar y el contacto es estrecho fines de semana, vacaciones y cuando se considera necesario. El hecho de que estén en centros no implica ruptura familiar, por no hablar de la adquisición de todo aquello que no cubre la atención básica de las residencias, que corre por cuenta de las familias", precisa Mariluz González Alegre, presidenta de la Asociación Las Calzadas.

El segundo aspecto es, precisamente, el de la dependencia económica. Las personas con discapacidad reciben una pensión y de esta capacidad económica la Gerencia de Servicios Sociales estipula cuál es el precio que tiene que pagar por la plaza residencial y el resto se lo deja como 'dinero de bolsillo' tal y como se denomina, que no es mucho más de cien euros mensuales: "Esta cantidad no da para nada y es la familia la que apuntala todas sus necesidades para que tengan una vida digna como, por ejemplo, las de la salud bucodental, que no está recogida en las prestaciones del sistema nacional de salud, o el mero traslado de la persona al médico, que o lo hace la familia o lo encarga a un profesional y eso se tiene que pagar. O algo que puede parecer una anécdota y es que las personas con discapacidad gastan mucha más ropa y calzado que la población general y que además tiene que estar adaptado y es más caro, por no hablar de medicación o pañales o gafas o complementos para realizar actividades deportivas...". En este sentido, el movimiento asociativo Plena Inclusión realizó en 2014 un exhaustivo estudio acerca del sobrecoste económico que tenían que afrontar estas familias y lo cifró entonces en una media de 25.148 euros anuales.

Así las cosas, ya hay familias, algunas con muchas dificultades económicas, que se están viendo obligadas a pagar cantidades importantes "y alrededor de 2.000 que están con el alma en vilo porque no saben qué les va a tocar". Tan injusta creen esta medida que ya hay quien ha decidido llevar el asunto a los tribunales. Autismo Burgos y Autismo España, por ejemplo, van a prestar todo su apoyo a sus familias afectadas por esta decisión que consideran arbitraria: "Vamos a ir hasta el final porque esto es una cuestión de derechos y lo que está ocurriendo es absolutamente discriminatorio", afirma Simona Palacios. Otras familias pertenecientes a diferentes asociaciones también lo están valorando.

"Esta decisión está completamente en contradicción con el espíritu de las leyes que estipulan que hay que proteger a las personas con discapacidad porque provocan gastos absolutamente extraordinarios. No sabemos si esto va a continuar en otras provincias y Burgos ha sido la punta de lanza o si el responsable provincial de Hacienda lo plantea como un simple mecanismo recaudatorio", se duelen.