El plan presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Burgos, documento de obligado cumplimiento por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vuelve a poner de manifiesto que la gran espada de Damocles que sigue amenazando la salud de las arcas municipales continúa siendo la millonaria deuda de los consorcios del Desvío Ferroviario y de Villalonquéjar. El reto que tienen los dos entes, siempre sujetos a la imprevisible evolución de la economía y de los mercados, no es sencillo ya que para cumplirse los objetivos marcados deben de ingresar 65,7 millones de euros entre este 2021 y 2024.
La consecución de estos objetivos, remitidos por los consorcios y recogidos en el plan presupuestario elaborado por la Intervención General, pueden ser claves para que el Ayuntamiento pueda mantener su autonomía y no se vea obligado a reducir a prestación de servicios o a frenar su capacidad de inversión. Porque de no lograrse los ingresos previstos, el Consistorio capitalino tendrá que ser quien asuma los pagos de los créditos que no se satisfagan o deberá lograr una nueva refinanciación con los bancos. Si es que las entidades financieras están por la labor.
Aunque ese escenario es el más preocupante, no es menos cierto que en los últimos años se ha producido una reducción drástica de la deuda propia del Ayuntamiento hasta dejarla a casi cero. Si antes el Consistorio se veía obligado a apartar del Presupuesto de cada ejercicio incluso decenas de millones para pagar este tipo de créditos ahora esas obligaciones se han reducido a la mínima expresión. Es decir, lo que antes iba a parar a pagar la deuda propia, a partir de ahora podría destinarse a cubrir los posibles impagos de los consorcios. No es el escenario deseado, pero la situación, al menos en este momento y en el contexto actual, no es tan crítica como hace unos pocos años.
Lo cierto es que hace ya un tiempo, desde la última renegociación con los bancos, que el Ayuntamiento asume como propia una parte de la deuda de los consorcios. La que se denominó como no sostenible. Es decir, aquella que asumió que no se podría pagar con la venta de las parcelas.
Al término de 2020, la deuda no sostenible se situaba en los 60 millones de euros (35 de la del Desvío y 25 de la de Villalonquéjar) y la llamada sostenible (la que se confía en abonar con la venta de suelo) estaba en los 171 millones (104 y 67 respectivamente). La total de los dos entes ascendía a 231 millones de euros.
En el caso del Consorcio de Villalonquéjar se han vivido algunos momentos complicados en el último año y medio ya que pese a que se seguían produciendo reservas de suelo, las operaciones no terminaban de cerrrarse.Hasta el punto de que tanto en 2020 como en este 2021 fue necesario acordar con las entidades financieras un aplazamiento de los pagos.
Afortunadamente la situación parece haber dado un giro ya que a finales del pasado mes de julio, el vicealcalde, Vicente Marañón, anunció que se habían concretado algunas ventas que iban a permitir ingresar 9,3 millones de euros. Es decir, 1,5 millones más que el objetivo marcado. Incluso contando que se podría realizar una aportación de 2,7 millones a un fondo de reserva pensado precisamente para poder afrontar el pago de los créditos en momentos de vacas flacas.
Las buenas noticias vienen por parte del sector logístico, que es el que más se ha animado en el último año a invertir en el polígono de Villalonquéjar.
Las expectativas aquí son buenas y prueba de ello es que en el Ayuntamiento se está pensando ya que en un plazo de 5 o 6 años podría agotarse el suelo. De hecho, la idea del equipo de Gobierno es contratar este mismo año a una empresa para que trabaje en una modificación del Plan General de Ordenación (PGOU) y crear una nueva gran bolsa de suelo industrial en el entorno de lo que debía de haber sido el Centro de Actividades Económicas (CAE). En un espacio de alrededor de 4 millones de metros cuadrados ubicado junto al aeropuerto y el futuro Parque Tecnológico.
En el Consorcio del Desvío no se han producido demasiadas alegrías en los últimos tiempos y prueba de ello es que algunas de las operaciones más importantes que estaban previstas (como la construcción de algunas torres) no han terminado de cuajar.
Las previsionse, pase lo que pase, son las que son y el plan presupuestario hasta 2024 contempla que en 4 años se haya podido reducir alrededor de un 30% de la deuda de los consorcios. Es decir, 67 de los 231 millones de euros.
Lo que está por ver es si los créditos se sufragan con los ingresos de la venta de suelo y si es el Ayuntamiento el que sale al rescate.