El 52 por ciento de los jueces españoles ha denunciado en la Comisión Europea, no en el Parlamento de la Unión, el peligro que sufre la Justicia en España por la persistente intromisión del Poder Ejecutivo en su funcionamiento. Un total de 6.400 profesionales, pertenecientes a las tres asociaciones mayoritarias, creen que las leyes que ha aprobado el Gobierno social comunista de Pedro Sánchez atentan directamente contra su independencia; es más, denuncian que toda esta nueva legislación aborta directamente la división de poderes en España. Nos colocamos así al nivel de las prácticas autocracias de Hungría y Polonia, con solo una diferencia: que éstas son de un signo contrario a la que ahora mismo dirige los destinos de España.

Por otra parte, la Asociación de la Prensa de Madrid, la más importante en números absolutos de todo el país, ha hecho pública su protesta porque uno de los socios de Sánchez, el Podemos de Pablo Iglesias, no solo perturba la imprescindible libertad de información y expresión, sino que se permite la licencia de insultar a los periodistas y hasta de amenazarlos, incluso, físicamente. Sin exagerar; esto es así. Y es que, los morados ya tienen presentada una amplia bibliografía en este asunto, sin que su comilitón, Sánchez, haya intervenido para afear la conducta. Está más está callado que un difunto porque lo que se sabe es que, por lo bajo y sin aparecer en público, está perfectamente de acuerdo con la agresión que Iglesias perpetra continuamente contra medios específicos y periodistas muy concretos. Esto no se ha visto desde ETA. En toda la historia, corta aún, de nuestra democracia, nunca como ahora (salvo bajo el yugo del terrorismo) los profesionales de la información se han sentido tan aherrojados en su independencia como en estos escasos años de la coyunda entre socialistas y los leninistas,

Caminamos hacia un Estado totalitario donde la decencia, la imprescindible veracidad, están definitivamente de vacaciones. Otro episodio de esta pasada semana revela hasta qué punto el jefe del Ejecutivo no solo desprecia la realidad, sino que la subvierte y la transforma en una arma logística contra sus rivales políticios. En Angola, país al que ha viajado recientemente sin explicar los motivos, se atrevió a imputar falsedad en los datos de contagios y fallecidos por la Comunidad de Madrid. En pocos días, el propio vocero de su Gobierno, el discutido Fernando Simón, negó tajantemente que tales cifras estuvieran manipuladas por el Gabinete de Díaz Ayuso. Lo refutó con toda energía, y ese desmentido fue tomado a chacota desde la Moncloa». Aquí -dijeron a sus partidarios en los medios- no nos hemos sentido afectados por las palabras de Simón».

Y es que en La Moncloa, la verdad no solo ya no existe, sino que es perseguida a conveniencia de parte. En cualquier país occidental, un episodio de este calibre terminaría con el mentiroso o acabaría con el portavoz. En España, nada de eso ocurre, porque los grandes valores de la democracia, la libertad y la verdad, han sido transgredidos habitualmente por el Gobierno de la Nación. Están descontados por el público en general. Ya no importan esos fundamentos; ya sobran, son básicamente fastidiosos para nuestros gobernantes.

Voz de alarma

Hace unos días, un antiguo vicepresidente del Tribunal Constitucional llamaba la atención sobre el continuo recorte de libertades que se está produciendo en nuestro país sin que, al parecer y salvo casos contados, la sociedad civil se llame a rebato. No es imposible -ya lo advertimos en una crónica anterior- que el próximo día 9 y a rebufo de lo que ocurra en las elecciones madrileñas, Sánchez vuelva a alargar un tiempo más, ¿dos meses?, ¿tres meses?, el estado de alarma al que estamos sometidos de hecho desde hace 14 meses. Esta situación consiste, ni más ni menos, en una constancia de libertad vigilada, de derechos en almoneda, que el Ejecutivo maneja a su antojo sin que ni siquiera el Parlamento pueda someterlo a juicio. La denuncia de este magistrado es toda una espoleta que debería conducirnos a la declaración de escándalo democrático en España.

Pero eso no va a suceder. Estamos hibernados, ahormados en una nueva anormalidad en la que hemos superado cualquier pronóstico anterior. Los jueces se rebelan y los periodistas acusan, pero: ¿qué pasa a continuación? Entre los magistrados, los que han formalizado por escrito su protesta guardan sin embargo pocas esperanzas de que la Comisión Europea atienda sus demandas y sancione, como debería hacerlo, al Gobierno de Sánchez. Bien dice un eurodiputado español, el más activo de todos ellos, Esteban González Pons, que «Europa ha dejado de existir», que solo está compuesta por una pléyade de estados que «solo se miran al ombligo, que no tienen para nada en cuenta lo que sucede en los vecinos». Nunca se dibujó mejor la actualidad de una Unión a la que los sucesivos gobiernos débiles de cada país han convertido en solo un lobby que de vez en cuando reparte dinero. Eso sí, con mucha tardanza y con selectvidad muy discutible.

Podría parecer hasta normal que, en la situación de emergencia sanitaria a la que nos ha llevado el maldito virus, la ocupación principal consista en -cómo, para decirlo con vulgaridad- «salir de esta». Pero cuando lo que estamos manejando con extrema indelicadeza son enfermos y muertos, no se puede aceptar que no haya una contestación general a episodios de mentira como el protagonizado por el jefe del Ejecutivo de la Nación. Cuando en una sociedad los jueces, uno de los poderes institucionales del Estado, salen de sus tribunales para señalar que no solo no se les deja trabajar, sino que se les quieren convertir en dóciles funcionarios del Gobierno, es que esa sociedad está definitivamente enferma. Cuando en esta misma comunidad, los periodistas, únicamente notarios de la actualidad, se rebelan e indican que desde el Gabinete se les tritura, se les coarta y se les amenaza, es que esa sociedad ha perdido el respeto por la libertades. Eso es lo que está ocurriendo en esta España, metida en sus casas cuando no está trabajando, y asediada en sus derechos por quien solo debe administrarla. 

Esto se denomina en román paladino haber caído muy bajo. Los medios desde los que se puede hablar y escribir con libertad son cada día más escasos, aunque tengan un valor ya cercano a la osadía. La nueva normalidad que enfática y de forma soberbia anunció ya hace un año Sánchez es ahora mismo la anormalidad consagrada. Podemos acudir a referencias históricas para añadir que, encima todo puede ser peor. Sin embargo, tengo por asegurar que ni Orwell se imaginó una España así. ¡Qué pena!