Los delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías han experimentado un espectacular crecimiento en la última década. Antes de la pandemia en la provincia de Burgos se habían triplicado, pero es que el confinamiento se convirtió en el mejor caldo de cultivo para los ciberdelincuentes. Pasamos más tiempo en casa y, sobre todo, delante del ordenador y del smartphone. El teletrabajo ha dejado muy claro que la ciberseguridad no es nuestro punto fuerte y eso lo saben muy bien en la Fiscalía, donde cada vez hay más trabajo. Concepción Miranda asumió hace cuatro meses la unidad de delitos informáticos y por delante tiene el reto de luchar contra una estadística disparada. Se muestra preocupada por el auge de las estafas, pero mucho más por el aumento del ciberacoso sexual entre menores y la difusión de vídeos íntimos. 

El pasado año se denunciaron más de 1.000 delitos informáticos pero solo una cuarta parte llegó a la Fiscalía. ¿Tan difícil es cazar a los malos en la red?

Solo podemos encargarnos de los casos en los que la Policía o la Guardia Civil tienen un autor conocido del delito para que nosotros continuemos con las diligencias. En estafas el volumen es inmenso y es muy difícil abarcarlo. Son muy complejas y son necesarios muchos medios para llegar a dar con los infractores. Para esclarecerlas son necesarias unas herramientas informáticas con gran potencial que nos obliga a ser muy cautelosos porque se realizan intervenciones telefónicas y de dispositivos de almacenamiento, lo que puede interferir en derechos fundamentales. Para eso debemos obtener resoluciones judiciales debidamente motivadas. 

¿Qué necesita la Fiscalía para que la lucha sea más eficaz?

Ha sido fundamental dar el primer paso creando las unidades especializadas. Se ha configurado una red que se coordina por la fiscal de sala y todos estamos trabajando juntos. Esto ayuda a que tengamos una interpretación uniforme de las normas y da seguridad jurídica. Por otro lado, cada vez tenemos más medios y la Policía también. Siempre sería mejor tener aún más recursos, pero creo que se está trabajando en ese aspecto.

Supongo que investigar es complicado cuando, por ejemplo, un timo denunciado en Burgos tiene su origen en Tailandia. 

Sí, pero de un tiempo a esta parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con equipos especializados en cibercriminalidad y cada vez es más fácil estrechar el cerco. La experiencia nos dice que en este tipo de estafas hay personas que actúan de intermediarias en el entramado y que sí que están en España. Las redes se valen de ellos para adquirir su beneficio, aunque a veces estas terceras personas ni siquiera saben muy bien que están cometiendo esa infracción. 

¿Y cómo consiguen estas conexiones? 

Por ejemplo, a una persona le llega un correo electrónico en el que le ofrecen un empleo. Pero solo tiene que abrirse una cuenta bancaria para que le ingresen dinero y él recibirá un tanto por ciento. En Fiscalía lo estamos calificando como blanqueo por imprudencia. Poco a poco estamos descubriendo estos entramados, aunque su origen esté en otros países. 

¿Cómo es la colaboración con otros países para investigar a estas redes?

Cada vez mejor. Se van ampliando las fronteras y se firman convenios permanentemente porque hay un frente común contra este tipo de infracciones. Se está avanzando mucho. 

¿Y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son la mano derecha de la Fiscalía. Mantenemos un contacto estrecho diario. Hay que recordar que en la persecución de asuntos de este tipo la prueba fundamental es el informe pericial que hacen los cuerpos policiales. Se están, además, organizando cursos conjuntos para fortalecernos en esta lucha. 

¿Hace falta modificar alguna ley para favorecer la persecución de la ciberdelincuencia?

Creo que se ha avanzado bastante en los últimos años. En el Código Penal tenemos un gran abanico de delitos que tienen que ver con el cibercrimen, como por ejemplo los sabotajes informáticos o la revelación de secretos. Por el otro lado están todas las infracciones en las que se han utilizado las nuevas tecnologías. Están todas tipificadas y castigadas con penas importantes. Ahora sí tenemos una legislación adecuada para perseguir estas conductas. 

¿Se ha abierto un nuevo nicho para los delincuentes con el auge de las criptomonedas? 

Es otra forma de delincuencia que ha aumentado en los últimos tiempos y que preocupa especialmente porque se utiliza para blanquear dinero. Las cantidades monetarias que se mueven son mucho más importantes. Antes era incluso un término que desconocíamos y hemos tenido que hacer un esfuerzo para adaptarnos e investigar esta nueva tipología delictiva. 

En Burgos la mayor parte de la cibercriminalidad tiene que ver con los fraudes pero, ¿qué otro tipo de delitos que llegan frecuentemente preocupan en el Ministerio Fiscal? 

Hemos visto un aumento considerable de lo que se denomina ‘grooming’. El delincuente embauca a un menor de edad para que aporte, por ejemplo, fotografías íntimas y material pornográfico para luego chantajearle. El infractor suele ser, casi siempre, una persona de su entorno disfrazada u oculta en el anonimato que le proporciona internet. Me preocupa esto especialmente porque los adolescentes son muy vulnerables y cada vez utilizan más las nuevas tecnologías. Tienen que hacerlo con medidas de seguridad. 

¿Crece también la difusión de contenido pedófilo?

Lamentablemente sí y también es muy preocupante. 

Otro de los peligros a los que se ven expuestos los adolescentes es el acoso en redes, no ya sexual, sino por ejemplo agresiones físicas que se graban y se difunden en internet.  

Obviamente, al problema del ‘bullying’, que lo persigue la jurisdicción de menores, se ha sumado que ahora se graba y se cuelga en la red. Hemos extremado la alerta porque el perjuicio es mayor, aparte del que tienen aunque no lo difundan.  

¿Se debería controlar más el acceso de menores a internet o es poner puertas al campo? 

La seguridad depende de cada uno. Creo que los padres cada vez están más pendientes de lo que hacen sus hijos en internet. Todo adolescente tiene que saber que en el momento en el que se publica una foto o un comentario ya empieza a comprometer su intimidad. Se están haciendo campañas y cada vez son más cautelosos, pero hay todavía muchos delitos. 

A nivel nacional se han conocido muchos casos de difusión de vídeos sexuales.En Burgos la Policía aseguraba que, por suerte, no se han dado muchos casos. 

También es cierto que no se denuncian porque las víctimas se ven afectadas en su intimidad y, por vergüenza, se lo callan. Pero sí que estamos llegando a juicios por la difusión de imágenes de contenido erótico que se tomaron en un ambiente privado. 

Estos vídeos se hacen virales porque se difunden entre los grupos de WhatsApp. ¿Cree que la gente es consciente de que eso es un delito? 

No solo difundirlo, también poseerlo en el caso de menores. Es evidente que hay que insistir en que tiene consecuencias para que la sociedad se conciencie. 

¿La pandemia ha destapado la vulnerabilidad de los ciudadanos a la hora de utilizar las nuevas tecnologías?

Creo que ha provocado una transición casi forzosa al teletrabajo. Ahora hay muchas más conexiones con una menor seguridad que la que tienen las empresas, lo que ha abierto las puertas a los ciberdelincuentes. Por otro lado, han aprovechado la coyuntura para enviar correos fraudulentos en los que se hacían pasar por entidades públicas para conseguir datos personales. También para estafar con la venta de mascarillas y geles. 

¿También ha dejado al aire las vergüenzas de las empresas?

Todos los expertos en la materia reconocen que el virus ha destapado la fragilidad del sector y han recomendado que se invierta en ciberseguridad. Pero creo que debemos aplicarnos todos en este sentido porque cualquiera puede ser víctima de un ataque. 

También han proliferado las llamadas ‘fake news’ o bulos. 

En este caso hay que matizar que no estamos hablando de un delito específico. Hay que analizar caso por caso para ver qué bien jurídico se lesiona. Una noticia falsa puede faltar al honor de una persona y se llevará por el cauce adecuado. 

Hace unos años plataformas como Facebook o Twitter ponían inconvenientes a la hora de facilitar datos de cuentas anónimas que se dedicaban a insultar.  ¿Ha cambiado esta tendencia?

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 establece que los operadores están obligados a facilitar información siempre que haya una resolución judicial. Pero insisto en que hay que ser muy cuidadoso porque entran en juego otros derechos como la libertad de expresión.

¿Se ha conseguido debilitar a la piratería en los últimos años?

Sigue existiendo. No me atrevería a decir si han subido o bajado, pero todavía hay muchos delitos de este tipo que llegan a la Fiscalía. Se vio especialmente durante el estado de alarma, donde tuvimos denuncias por difusión ilegal de revistas, películas, libros o periódicos.