La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha desvinculado del conflicto laboral que atraviesa la Fundación Aspanias tras la petición de ayuda que le han realizado los trabajadores, a través de los delegados de UGT y USO, por el impago de los salarios de dos meses. En un comunicado, el Gobierno regional indica que la única responsabilidad que tiene sobre los centros que gestiona Aspanias es la de velar por la prestación de servicios asistenciales de calidad a personas con discapacidad.

En este sentido, se señala que la Junta de Castilla y León es ajena a las relaciones laborales que mantiene la Fundación Aspanias Burgos con sus propios trabajadores o con sus representantes sindicales. Por lo tanto, cualquier conflicto laboral que pueda existir entre la entidad y su plantilla debe dirimirse entre la empresa y sus empleados.

En cualquier caso, la Consejería de Familia ha formulado un llamamiento al diálogo y entendimiento entre las partes.

La Junta reconoce que mantiene en la actualidad el concierto de plazas con esta entidad fundacional, con el fin de garantizar la mejor atención posible a las personas más vulnerables, aunque recuerda que está abonando a la Fundación Aspanias Burgos, como todos los años y con la misma periodicidad, una cuantía anual de 7 millones de euros «cumpliendo rigurosamente los compromisos adquiridos».

Además, recuerda que la Consejería realiza inspecciones periódicas sobre todos los centros residenciales de Castilla y León, incluidos los gestionados por la Fundación Aspanias Burgos, e interviene e investiga las denuncias o quejas que pueda recibir por parte de usuarios o familiares, siempre con la finalidad de velar por la correcta atención a las personas más vulnerables. De hecho, admite que, cumpliendo este procedimiento, esta Consejería ha abierto ocho expedientes a la Fundación.

Los delegados de UGT y USO habían pedido amparo a las consejerías de Familia y de Presidencia de la Junta ante su grave situación laboral. Una parte muy importante de los más de 500 trabajadores tienen alguna discapacidad y cobran el salario mínimo, mientras que el resto tienen los mismos salarios que en 2011, recuerdan desde los dos sindicatos.

«A todos se les adeudan los salarios de dos meses (extra de Navidad y enero), lo que ha llevado a la pobreza a muchos de sus trabajadores, la mayoría personas con discapacidad, y están a menos de quince días de que sean tres meses de impago, si la Junta no interviene de manera urgente», apuntan. Llaman también la atención sobre la entidad del grupo Aspanias que gestiona las residencias de mayores de Villadiego y Salas de los Infantes, y que cuenta con sesenta trabajadores, ya que se cobra a los residentes con un mes de antelación, pero «también adeuda a los trabajadores la nómina de enero y los retrasos en el pago de salarios son habituales en el último año».