El hecho de que la Audiencia Nacional haya archivado la causa por el asesinato del guardia civil Manuel Fuentes en 1979 a manos de ETA -que fue reabierta por una denuncia de la Fiscalía en 2018- supone un jarro de agua fría para las víctimas de terrorismo cuyos asesinatos permanecen sin resolver (bien porque no se ha podido determinar la autoría de los mismos por desconocerse quiénes fueron o porque no fueron localizados y detenidos por las Fuerzas de Seguridad). Que no son pocas: según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hasta 307 crímenes perpetrados por ETA siguen sin ser esclarecidos. En este grupo hay cuatro burgaleses; en el caso de tres de ellos (el cuarto es el de Carlos Sáenz de Tejada, que no ha prescrito), tras esta reciente decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, será casi imposible que se pueda hacer justicia, toda vez que se trata de asesinatos acaecidos durante la Transición, por lo que ya han prescrito y de nada sirve que pueda reabrirse su causa, según ha estimado el tribunal.

La primera víctima burgalesa es María Ángeles Rey. Estudiante de 20 años de edad, acababa de empezar a trabajar como administrativa en un taller de electricidad de Burgos pero se encontraba en Madrid porque debía presentarse a un examente de recuperación que tenía pendiente de su carrera de Empresariales. El 13 de septiembre de 1974 se había citado con unas amigas también burgalesas para comer en el centro de la capital, junto a la Puerta del Sol. El lugar elegido fue el restaurante Tobogán, contiguo a la cafetería Rolando, locales ambos ubicados muy cerca del Kilómetro O, en el número 4 de la calle Correo, a escasos metros de la Dirección General de Seguridad. Posiblemente ni María Ángeles ni sus amigas supieran que, amén de ser dos de los lugares más transitados del centro de la capital, la cafetería Rolando era una de las favoritas de los policías nacionales que trabajaban al lado, especialmente a la hora del vermú y de la comida.

Este, y no otro, fue el motivo por el que la banda terrorista ETA, que se encontraba en plena escalada sangrienta, eligió atentar contra Rolando con 30 kilos de dinaminta. En el momento de la explosión, María Ángeles se hallaba separada de sus cuatro amigas (Sara Renedo, María Yolanda Busto, Rosario San Miguel y María Jesús Arandilla). Y la onda expansiva le pilló de lleno. La burgalesa murió en el acto; otras doce personas perdieron la vida y hubo 60 heridos. Entre ellos, tres burgaleses: una de las amigas de María Ángeles, Sara Renedo; Lorenzo García Pozo (natural de Solarana, jubilado como funcionario de Hacienda); y Federico Lázaro Carrancho (natural de Santa Cruz de Juarros y trabajador de la empresa ‘Gas de Madrid’). Días después del salvaje atentado, la burgalesa Sara Renedo contó a este periódico lo que recordaba de la explosión: "Fue horrible, indescriptible. Me encontré cubierta de escombros. Gracias a Dios no perdí el conocimiento y luchando como pude traté de apartar los escombros y logré salir por la puerta de la cafetería contigua. Gritaba horrorizada pidiendo auxilio...".

María Ángeles Rey. 20 años.

A otros dos burgaleses, a la sazón agentes de la Benemérita, tampoco se les podrá hacer justicia. Rufino Muñoz Alcalde, de 40 años y natural de Fresno de Riotirón, estaba destinado en el Gobierno Militar de San Sebastián. Poco antes de las tres de la tarde del 28 de abril de 1980 Alcalde cogió un autobús interurbano en la parada de Gainchuizqueta con dirección a su puesto de trabajo.

A la altura de la localidad de Pasajes, el etarra Francisco Javier Aranzeta, que se hallaba en el mismo autobús en compañía de otros tres terroristas, descerrajó varios tiros al agente burgalés con una parabellum. También iba a bordo en ese momento un policía nacional de paisano y desarmado, Hipólito Rodríguez Ramos, quien no dudó un segundo en abalanzarse sobre el criminal, con el que forcejeó hasta que un disparo acabó con la vida del terrorista. Sus compañeros reaccionaron como los pistoleros antes de huir: acribillando al policía, quien acabaría salvando milargrosamente la vida. Rufino Muñoz Alcalde murió prácticamente en el acto. Estaba casado y tenía tres hijos. Fue enterrado en su pueblo natal, donde se le tributó un homenaje al que no faltaron todas las autoridades civiles y militares de la provincia.

La tercera víctima burgalesa cuyo asesinato permanece sin resolver y a la que ya no se hará nunca justicia es Antonio Torrón Santamaría, agente del Instituto Armado de 55 años, casado y con dos hijos.

Rufino Muñoz

Trabajaba en la unidad del Servicio Fiscal que la Guardia Civil tenía en el puerto de Santurce. El 19 de julio de 1984 se dirigía vestido de paisano a su cercano domicilio de Portugalete tomando las precauciones habituales (esto es, siempre cambiaba de ruta para cubrir el itinerario) cuando dos hombres, que le habían estado esperando, se acercaron por la espalda y, de un solo disparo en la nuca, le quitaron la vida. Acababa de alcanzar el portal de su casa. A pesar del intento de unas vecinas por evitar la hemorragia con unas toallas, el burgalés quedó muerto sobre la acera. Torrón tenía pensado jubilarse tras treinta años de servicio en el Cuerpo, y su intención era regresar a Burgos para disfrutar de su retiro.