Un hombre de origen asiático fue detenido en las Merindades por formar parte de una organización criminal que emitía permisos de conducir españoles de forma fraudulenta. Agentes de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra, y con la colaboración de la Dirección General de Tráfico han llevado a cabo una operación conjunta que se ha saldado con un total de 616 detenidos, que operaban desde Cataluña y que consiguió un beneficio superior a los 7.000.000 de euros gracias a la expedición de 1.800 carnés.
Las investigaciones arrancaron en verano de 2020, cuando fue detectada una persona en un control que exhibió un carné de conducir auténtico a pesar de que presentaba un hecho discordante, puesto que el titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso en la Jefatura Provincial de Girona de la DGT. Las gestiones y comprobaciones posteriores acreditaron que se trataba de un permiso fraudulento, a pesar de su aparente autenticidad.
Finalmente se descubrió que el cerebro del grupo era un informático que trabajaba como subcontratado en la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona desde septiembre del año 2019. Este trabajador, aprovechando su puesto de trabajo, usurpó las claves de acceso de funcionarios de la DGT para poder llevar a cabo esta práctica delictiva, en un principio, con familiares y amigos. En el momento que se empezó a instaurar el teletrabajo a mediados de marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia, y ya con un conocimiento superior de cómo funcionaban todas las aplicaciones informáticas de la DGT, y desde la tranquilidad de su domicilio, vio la oportunidad de sacar un rédito económico de sus conocimientos.
Este contactó con un hombre que le facilitó la red de intermediarios que le hacía falta. Concretamente, una persona que ya contaba con un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización captando a los clientes, haciendo los cobros de los permisos y dando protección, ejerciendo el rol de colíder. Tejió una red de intermediarios que hacían de conseguidores de los clientes, personas que en algunos casos regentaban locutorios a los que acudían personas que no disponían de carné de conducir con intención de conseguirlos. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar entre los 3.000 a los 15.000 euros
Con el dinero obtenido a partir de esta práctica delictiva, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomoneda.
Los catorce integrantes de la cúpula de la organización pasaron el jueves a disposición judicial y la jueza decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos. En total, fueron detenidas 105 personas fuera de Cataluña. Además de en Burgos, también se actuó en otras 28 provincias.