Las medidas sanitarias de control de la pandemia generada por la covid-19 no solo han provocado un cambio obligado en los hábitos sociales durante el último año y medio. También han supuesto un reto de proporciones enormes para la administración, porque la imposición de normas no acaba ni mucho menos con su promulgación. Se supone que, para su cumplimiento, hay que vigilar y sancionar llegado el caso.

Durante el primer estado de alarma, que se alargó entre marzo y mayo del año 2020, fue el Estado quien asumió las competencias y el control pero a partir de ahí, con la entrada en vigor de la llamada «cogobernanza», la responsabilidad se derivó a las comunidades autónomas. Por eso a partir de entonces es la Junta de Castilla y León la que tramita el grueso de las sanciones.

En concreto, según los datos que se actualizan periódicamente en el portal de datos abiertos de la Junta, en la provincia de Burgos se han llevado a cabo hasta el 10 de junio más de 12.500 inspecciones, que a su vez han dado lugar a 7.100 denuncias por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, traducidas en casi 5.500 expedientes sancionadores iniciados y en más de 3.200 que ya están resueltos.

La reducción paulatina de estas cifras, que aun así suponen una verdadera montaña de papeles y que ha tenido ocupados a decenas de empleados públicos durante los últimos meses, se debe a que algunas de las denuncias «carecen de los requisitos válidos para transformarse en un inicio de expediente» o incluso a que algunas de ellas «han sido trasladadas a otras administraciones por no ser competencia autonómica», según explican en la Delegación Territorial de la Junta en Burgos.

Hay sanciones en distintos grados. Las más altas son las consideradas como graves, cuyas sanciones parten de los 3.001 euros. Y de este tipo se han tramitado más de 150 solo en la provincia de Burgos, lo que da una idea de las importantes consecuencias de vulnerar la normativa covid.

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