Tras regular en febrero del año pasado el vertido de purines, el Ayuntamiento de Peñaranda de Duero está volcado en alcanzar "soluciones pactadas" con las granjas porcinas en aras de una "mejor convivencia" entre ciudadanía, turismo y ganadería intensiva.
Así lo explica uno de sus concejales, José Palacio, quien recalca que el municipio ribereño decidió aprobar una ordenanza ante "la proliferación descomunal e injustificada" de este tipo de instalaciones porcinas. En Peñaranda ya hay cuatro y una quinta que se encuentra en proyecto. "Con la ordenanza hemos llegado a acuerdos, de forma que las granjas tenían que ser parte de la solución".
Dentro de esa línea de "buscar la complicidad y que todo camine en la dirección del consenso", el Ayuntamiento firmó un acuerdo para que una de esas granjas plantara un perímetro de arbolado con el que evitar la contaminación visual del paisaje. Pero no sólo eso. Como dicha instalación se ubica a sólo un kilómetro del acuífero de la Fuente de Valdepisón, y aunque su actividad habitual no tendría porqué afectar a la calidad del agua, la empresa se ha comprometido a facilitar trimestralmente un informe al Consistorio detallando su estado. Un ejemplo que para Palacio supone "una forma distinta de trabajar en el mundo político".
Otro paso más lo simboliza la creación de una comisión interna, en la que están representados el Ayuntamiento, las granjas porcinas, los ganaderos que aportan los purines y los agricultores que aplican los mismos a sus tierras. "Es pionera en toda la Ribera del Duero y con ella tratamos de solucionar cualquier problema que pueda surgir. Esto no es un ordeno y mando, sino una apuesta por las soluciones pactadas", insiste Palacio.
Hay más ejemplos. A raíz de la ordenanza han conseguido que "todas las granjas en funcionamiento ya tengan un contrato de tratamiento de purines" de forma que el 50% de esos residuos vaya a plantas de cogeneración. Algo que, según el concejal de la oposición, las propias instalaciones "han aceptado sin ninguna pega", a pesar de que suponía "uno de los puntos más conflictivos".
Asimismo, cabe destacar que desde que entró en vigor la normativa, el Ayuntamiento ya interpuso una sanción, que después sustituyó "por otras medidas medioambientales más efectivas para evitar este tipo de situaciones", sostiene Palacio, advirtiendo que en caso de reiteración, sí se multará.
En estos momentos, el Consistorio se encuentra en plenas negociaciones para que una de las granjas, que ha solicitado otra licencia, cierre la antigua y, a cambio, amplíe el número de cabezas en la nueva. "Se eliminaría una instalación alegal. Volvemos a las mismas: no es hacer daño a nadie, sino buscar un consenso".
Más municipios. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Santa María del Mercadillo aprobó la ordenanza reguladora de la gestión de residuos ganaderos para "proteger el medio ambiente y la salubridad pública", tal como recoge el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.
El texto, que establece sanciones desde 150 hasta 3.000 euros, prohíbe el vertido de purines los viernes, sábados y domingos, así como los días festivos y los meses de julio y agosto, a menos de 1.000 metros del casco urbano. Todo ello, tal como explica su alcalde, José Andrés Cuesta, para lograr "unos mínimos de respeto" ya que, según dice, "ha habido algún ganadero que ha pasado por mitad del pueblo perdiendo residuos". El regidor detalla que entregarán un borrador a los ganaderos con el objetivo de lograr "un uso decente de la gestión de residuos".
Donde también han regulado esta cuestión es en La Vid y Barrios, cuyo ayuntamiento prohibió el vertido de purines, estiércoles y otros residuos a la red de saneamiento municipal, así como a los cauces de ríos y arroyos o montes, bajo sanciones de hasta 3.000 euros.